Atención integral a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras personas en situación de gran dependencia

Contexto

La iniciativa surge tras la paralización y caducidad de una propuesta legislativa previa sobre la ELA en la anterior legislatura. Según su grupo promotor, busca corregir la sobrecarga económica y de cuidados que sufren las familias, agilizar los trámites y reducir las diferencias asistenciales entre comunidades autónomas.

Te afecta si...

• Tienes diagnosticada ELA u otra enfermedad que conlleve una situación de gran dependencia.
• Cuidas a un familiar o persona cercana en situación de gran dependencia en el entorno del hogar.
• Estás pendiente de la valoración oficial de dependencia o discapacidad y cuentas con un informe médico de gran dependencia.
• Necesitas desplazarte con un paciente con gran dependencia fuera de tu provincia para recibir asistencia en la sanidad pública.

Aspectos importantes de la propuesta

• Consideración automática de consumidor vulnerable para personas con gran dependencia, otorgándoles el bono social eléctrico sin requerir baremo de renta.
• Incorporación obligatoria de servicios de enfermería y fisioterapia a domicilio dentro de la cartera del servicio de ayuda a domicilio para personas con gran dependencia.
• Reconocimiento presunto de un grado de discapacidad igual o superior al 33 % para quienes tengan gran dependencia acreditada médicamente, sin esperar a la resolución formal, y tramitación preferente de su expediente.
• Financiación del transporte y del alojamiento en el Sistema Nacional de Salud para la persona con gran dependencia y sus acompañantes o cuidadores cuando deban tratarse en otra provincia.
• Flexibilización del acceso a la prestación económica por cuidados en el entorno familiar y exigencia de que las cuantías de las ayudas se ajusten a los costes reales de los cuidados.
• Fijación de criterios comunes en todo el territorio para los órganos de valoración y mandato estatal para evitar disparidades territoriales en la atención.

Detalles a tener en cuenta

• Es una proposición de ley en fase de tramitación parlamentaria; no está aprobada ni despliega efectos jurídicos en la actualidad.
• Fija un plazo reglamentario de tres meses desde su hipotética entrada en vigor para que el Gobierno actualice los catálogos de servicios sanitarios y de dependencia.
• No incluye una dotación presupuestaria concreta; establece que la financiación del sistema deberá determinarse anualmente en los Presupuestos Generales del Estado según los usuarios reales y potenciales.