Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para el reconocimiento del carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios públicos de prisiones en el desempeño de su labor profesional.

Contexto

Un grupo parlamentario propone modificar la Ley Orgánica General Penitenciaria para reforzar la protección jurídica y la seguridad del personal de prisiones. Según los autores de la iniciativa, este colectivo afronta altas cotas de peligrosidad, agresiones y falta de personal sin contar con el estatuto de protección adecuado.

Te afecta si...

• Trabajas como funcionario o personal laboral en centros e instituciones penitenciarias.
• Incurres en un proceso penal o detención siendo trabajador penitenciario, o te ves involucrado en actuaciones de inspección y control dentro del ámbito penitenciario.

Aspectos importantes de la propuesta

• Condición de agentes de la autoridad: Otorga a los funcionarios penitenciarios el carácter de agentes de la autoridad a todos los efectos legales y penales en el ejercicio de sus funciones.
• Presunción de veracidad: Sus denuncias e informes tendrán valor de prueba previa ratificación si son negados, salvo que se demuestre lo contrario.
• Indemnización por daños: La Administración estará obligada a resarcir económicamente al personal penitenciario que sufra daños materiales o personales en el trabajo, salvo que exista dolo, negligencia o imprudencia.
• Custodia y traslado separado: Se garantiza la separación respecto a otros detenidos o presos en caso de detención o ingreso en prisión de personal penitenciario, así como traslados bajo custodia independientes.
• Medios y formación: Establece la obligación de proporcionar medios adecuados y formación continua impartida por la Academia Nacional de Estudios Penitenciarios.

Detalles a tener en cuenta

• El procedimiento exacto de compensación económica por daños y los planes formativos quedan sujetos a un posterior desarrollo reglamentario.
• La iniciativa no especifica una cuantía presupuestaria concreta para la dotación de medios ni para los resarcimientos económicos.
• La entrada en vigor se fija para el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.