Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para restringir la regularización de inmigrantes ilegales a través del arraigo.

Contexto

La iniciativa argumenta que la legislación y el reglamento de extranjería actuales resultan permisivos con la inmigración irregular y dificultan la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión. Según sus autores, se requiere un endurecimiento legal para evitar las regularizaciones por arraigo, frenar la delincuencia y sancionar con mayor firmeza el incumplimiento de las normas de estancia.

Te afecta si...

• Eres una persona extranjera en situación irregular o con expediente de expulsión abierto en España.
• Solicitas o tramitas la renovación de un permiso de residencia o trabajo.
• Eres un ciudadano extranjero condenado por la comisión de delitos dentro o fuera del territorio español.

Aspectos importantes de la propuesta

• Pasa a considerar la estancia o entrada irregular en el país como una infracción muy grave que conlleva la tramitación preferente de la expulsión y elimina el periodo de salida voluntaria.
• Establece la expulsión obligatoria para extranjeros condenados por delitos graves, menos graves o tres delitos leves, sustituyendo la pena de prisión prevista en el Código Penal.
• Deniega de forma automática la autorización o renovación de residencia si el solicitante cuenta con antecedentes penales en España o en sus países de residencia anteriores durante los últimos cinco años.
• Amplía el plazo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 60 a 180 días.
• Limita a un máximo de 15 días la suspensión de las órdenes de expulsión por la sola presentación de solicitudes de asilo o protección subsidiaria si no hay respuesta explícita.
• Permite imponer la prohibición permanente de entrada a España cuando el extranjero constituya una amenaza grave para la seguridad, el orden público o la salud pública.

Detalles a tener en cuenta

• Se trata de una proposición de ley orgánica en trámite parlamentario inicial, por lo que no está aprobada ni en vigor.
• Las solicitudes de residencia o regularización se inadmitirán a trámite directamente si la persona tiene abierto un expediente administrativo sancionador de expulsión o una orden dictada.
• La medida mantiene la prohibición de ejecutar la expulsión si vulnera el principio internacional de no devolución o en el caso de mujeres embarazadas cuando suponga un riesgo para la gestación o su salud.
• El texto prevé su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.