Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Contexto

El Grupo Parlamentario Vasco propone reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para revertir las modificaciones aprobadas en 2015. La iniciativa sostiene que es necesario eliminar el control previo sobre los Estatutos de Autonomía y retirar al tribunal las facultades sancionadoras y de ejecución directa sobre autoridades públicas.

Te afecta si...

• Eres autoridad o empleado público, ya que la propuesta eliminaría la posibilidad de que el Tribunal Constitucional acuerde tu suspensión directa en el cargo por incumplir sus resoluciones.
• Te interesa el desarrollo de las competencias autonómicas, pues cambiaría la forma y los tiempos en que se aprueban y revisan judicialmente las reformas de los Estatutos de Autonomía.

Aspectos importantes de la propuesta

• Supresión del recurso previo de inconstitucionalidad contra los proyectos de Estatuto de Autonomía o sus modificaciones antes de ser sancionados o sometidos a referéndum.
• Eliminación de la facultad del Tribunal Constitucional para suspender en sus funciones a autoridades o empleados públicos que no acaten sus fallos.
• Derogación de la opción de encomendar al Gobierno de la Nación la ejecución sustitutoria de las resoluciones del tribunal.
• Establecimiento de multas coercitivas de 600 a 3.000 euros para cualquier persona o autoridad que incumpla los requerimientos del tribunal, cuantías que podrán revisarse mediante ley ordinaria.
• Mantenimiento de la capacidad del tribunal para declarar la nulidad de actos que contravengan sus resoluciones y solicitar auxilio jurisdiccional a juzgados y tribunales.

Detalles a tener en cuenta

• La iniciativa se encuentra en fase de propuesta parlamentaria y no constituye una ley aprobada ni vigente.
• De llegar a aprobarse definitivamente, la norma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
• El documento no especifica previsiones sobre gasto presupuestario o desarrollo reglamentario posterior.