Enmienda núm. 2

I. El presente Proyecto de ley pretende principalmente la disminución de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo recogida en el artículo 34.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, además de otras medidas accesorias asociadas a la consecución de tal fin. Como ya es habitual, nos encontramos con una medida que pretende introducir un debate artificial sobre las necesidades de los trabajadores nacionales, poniendo el foco en el tiempo de trabajo. Con un análisis sesgado de la situación que atraviesa el mercado laboral en España, el Gobierno pretende reducir la jornada máxima ordinaria de trabajo semanal de las 40 horas actuales a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo. Bajo el pretexto de una mejora de las condiciones laborales, la productividad por hora trabajada e incluso la competitividad de las empresas españolas, se pretende desviar la atención de los auténticos problemas de que aqueja el mercado laboral español y que el Gobierno oculta. El planteamiento de la cuestión olvida la realidad de millones de trabajadores españoles, caracterizada por la precariedad y la inestabilidad laboral, unos salarios insuficientes y la pérdida continuada de su poder adquisitivo. Todo ello, unido a problemas estructurales como el paro, la crisis de la vivienda o el contexto inflacionario impiden a los españoles el mantenimiento de un nivel de vida digno. De acuerdo con los últimos datos de la EPA (primer trimestre de 2024), el número total de ocupados que trabajan más de 37,5 horas semanales asciende a 14.210.792 personas, que representan cerca del 67 % del total de ocupados. La medida, pues, afectaría a un mínimo de dos de cada tres trabajadores: más de 14 millones de personas. De hecho, más de 2,6 millones de trabajadores (12 % del total), a pesar de tener un empleo, están en riesgo de pobreza. Casi 900.000 (4 % del total) están en riesgo de extrema pobreza. Esto se debe fundamentalmente a la baja intensidad laboral: periodos de desempleo y jornadas parciales. Y es que a los españoles cada vez les dejan trabajar menos. Las horas trabajadas son una muestra de ello: mientras que en el año 2008 se trabajaron una media de 679.779 horas a la semana, repartidas entre 20.470.000 ocupados medios (33,2 horas por ocupado), con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en el año 2018 encontramos una media de 619.468 horas semanales trabajadas realizadas por 19.328.000 ocupados (32,1 horas por ocupado), pudiendo apreciar la continuidad de esta tendencia negativa en 2023, donde la media de horas trabajadas a la semana era de 647.631 horas efectuadas por 21.000.000 ocupados (30,8 horas por ocupado). En definitiva, el resultado de las políticas puestas en práctica por el Ejecutivo socialista ha sido menos trabajo para más personas. El Gobierno ha sustraído la cuestión de su foro de debate natural para finalmente llegar a un acuerdo con algunos sindicatos especialmente ligados a partidos de ultraizquierda para registrar en la Cámara Baja el proyecto de ley que pretende reducir la jornada laboral. Sindicatos que, dicho sea de paso, dependen económicamente de las subvenciones que les concede el Gobierno y que cada año son más cuantiosas. Esto convierte la medida en una cuestión de fondo político. No se defiende el interés de los trabajadores sino la supervivencia de unos partidos de ultraizquierda a través de sus sindicatos. II. La situación que padecen los trabajadores españoles mencionada en el apartado anterior es el efecto de la aplicación de las políticas socialistas que durante los años precedentes han hecho mella en el mercado productivo nacional. Políticas que se han alejado del interés común, de la búsqueda de prosperidad de los trabajadores, y del crecimiento económico de España. El Gobierno se ha centrado en aumentar la recaudación del Estado incrementando sobremanera la presión fiscal sobre trabajadores y empresarios, reduciendo su poder adquisitivo y su libertad económica, para sufragar el ingente gasto público que supone la aplicación de políticas disolventes que generan desigualdades y que pretenden dividir a la sociedad. La reducción forzosa de la jornada laboral tiene la fuerza suficiente para producir los efectos contrarios a los que supuestamente pretende. Que se realicen 2,5 horas menos de trabajo a la semana solo puede acrecentar los problemas de los que adolece nuestro mercado de trabajo y generar un resultado lógico; más precariedad laboral. Los datos a este respecto reflejan con claridad esta afirmación. El nivel de productividad de las empresas españolas se encuentra por debajo de la media europea, lo que supone una menor producción por hora trabajada. Signo claro de esta situación es el reconocimiento que el propio Gobierno hace en la exposición de motivos del proyecto, y a la vista de los resultados, hace muy difícil pensar que reducir las horas de trabajo efectivo vaya a tener un reflejo positivo en los niveles de productividad. A la pérdida de productividad hay que añadir las cifras que arroja el desempleo, donde España encabeza de manera negativa la lista de países europeos. España es el único país de la Unión Europea que padece un paro estructural superior al 10 % y representa el 25 % del desempleo de la eurozona. La situación se torna más precaria si cabe para los jóvenes, que ven como uno de cada cuatro de los menores de 25 años que forman parte de la población activa se encuentran desempleados. La precariedad que ofrece el mercado de trabajo se constata a su vez en un aumento de la contratación temporal, donde se puede apreciar cómo mes tras mes la formalización de contratos de trabajo de duración determinada supera a los contratos indefinidos. La entrada en vigor y la posterior convalidación del Real Decreto- ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo tuvo como objetivo la reducción de la temporalidad laboral mediante la traslación contractual del contrato de trabajo temporal hacia el contrato de trabajo fijo discontinuo, cuya duración, si bien es indefinida, está caracterizada por el hecho de que la prestación de los servicios por parte del trabajador se realiza en periodos alternos en los que se intercala actividad con periodos de inactividad. Los últimos datos disponibles de esta modalidad de contrato de trabajo mostraban que había más trabajadores que se encontraban en periodo de inactividad que trabajando. En suma, todo lo anterior ha condenado a los españoles a trabajar no solo de manera precaria, sino también instalados en una inestabilidad profesional que les impide prosperar. Como consecuencia de ello, los niveles de pluriempleo en España se encuentran en máximos históricos. Casi 1 millón de trabajadores tienen que compaginar varios empleos para poder obtener una remuneración con la que llegar a fin de mes y dentro de ellos, resulta llamativo que casi 100.000 se encuentren dados de alta en 3 o más empleos. III. La coyuntura del mercado de trabajo es fruto de las políticas partidistas aplicadas por todos los gobiernos de las últimas décadas, pero no solo resultan adversas para los trabajadores, sino también para los propios empleadores. Los costes productivos asociados al personal se han visto incrementados de manera exponencial como consecuencia del afán recaudatorio del Ejecutivo. La iniciativa contempla de manera expresa el aumento proporcional de los salarios de los trabajadores a tiempo parcial, incluso de aquellos que se encuentren percibiendo retribuciones por encima de las establecidas convencionalmente, al fijar como no compensables o absorbibles las mejoras que se deriven de la entrada en vigor de la iniciativa. Aunque a simple vista parece una medida positiva, el objetivo del Gobierno no es el aumento del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que esta subida de los salarios trae consigo nuevamente un incremento de la recaudación estatal en concepto de seguros sociales y de rendimientos del trabajo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La potencial ganancia de los trabajadores queda de nuevo opacada por la presión fiscal a la que se ven sometidos. Una reducción forzosa de la jornada laboral manteniendo los salarios constantes supondrá una subida aún mayor de los costes laborales. Y de nuevo, los grandes perjudicados por las políticas del Ejecutivo en la materia son los pequeños creadores de empleo, es decir, las pymes. También en determinados sectores en los que la relación presencial de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar, como el comercio minorista, el sector inmobiliario o la restauración, que cuentan con convenios de 40 horas, suman casi 1.350.000 empresas —en su inmensa mayoría pymes— que emplean a más de 4.850.000 trabajadores, es decir, cada empresa tiene de media apenas 3,6 trabajadores. Estas empresas, precisamente por su naturaleza —indivisibilidades, productividad coincidente con el tiempo de trabajo— y tamaño —pymes, márgenes reducidos—, enfrentarían unos sobrecostes en el mantenimiento de estas actividades que en muchos casos sería imposible asumir. En definitiva, el aumento de los costes asociados a la reducción de la jornada y el descenso objetivo de la productividad por hora trabajada ponen en riesgo la viabilidad económica de muchas de estas empresas y pone en serio peligro la continuidad de su actividad. La tendencia en este sentido no es nada halagüeña, pues en el primer trimestre de 2025 los concursos de acreedores tramitados por los Juzgados de lo Mercantil se han incrementado en términos interanuales un 37 %. IV. El panorama que se presenta para los integrantes del tejido productivo español es desolador. Ante los problemas reales que afectan a los trabajadores y sus empleadores, el Gobierno pretende introducir una medida que puede acabar con la actividad de muchas pymes, las cuales no pueden soportar mayores incrementos en los costes asociados a la producción, condenando a sus trabajadores a engrosar las elevadas cifras de paro de España. Las pymes han visto reducidos en gran medida sus márgenes de beneficio, han tenido que soportar el encarecimiento de las materias primas, y además están continuamente sufriendo la voracidad recaudatoria del Gobierno, lo que las ha colocado en una posición de indefensión y les ha dejado prácticamente sin margen de maniobra para actuar ante la medida pretendida. En definitiva, la presente iniciativa, lejos de buscar su prosperidad y bienestar de los trabajadores, pretende hacerles dependientes de las decisiones políticas, coartando su libertad y su capacidad de trabajo, dejando de lado el principio fundamental que debe regir la vida pública, como es el interés común de las familias españolas, que pasa por más estabilidad, más trabajo y no más precariedad y más despidos. V. En consecuencia, se postula la devolución al Gobierno del Proyecto de ley, con la finalidad de que elabore una propuesta normativa que no sea dañina para el bien común, y en especial para el tejido productivo español.