Enmienda núm. 1

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia (procedente del Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo). I La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, ya señalaba en su parte expositiva que conocer la trayectoria de nuestra democracia, desde sus orígenes hasta la actualidad, sus vicisitudes, los sacrificios de los hombres y las mujeres de Estado español en la lucha por las libertades y la de la democracia sociedad en las virtudes cívicas y los valores constitucionales. En ese marco, la sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes e incluso su propia vida en defensa de la democracia y la libertad. De este modo, dentro del objeto de esta Ley está el reconocimiento de quienes sufrieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, así como la promoción de su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Y, por otra parte, sitúa entre los fines de las políticas de memoria democrática el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia. Asimismo, a efectos de esta Ley se considerará víctima a cualquier persona que haya sufrido, individual o colectivamente, un daño físico, moral o psicológico, a consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante este período. Y entre estas, se citan a las personas fallecidas a consecuencia de la guerra y la dictadura, así como a las que sufrieron daños a consecuencia de la lucha sindical y las actividades de oposición a la Dictadura. Por otra parte, la derogada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y se amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, ya previó el derecho a una indemnización en favor de todas las personas que perdieron la vida en defensa de la democracia y que no habían recibido hasta entonces la debida compensación. Sin embargo, en el artículo 10 se previó este reconocimiento únicamente en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977. Así, el resultado de este proceso apenas alcanzó la cuarta parte de las solicitudes presentadas, y ha planteado dudas a lo largo de este tiempo sobre si ese alcance cubrió todos los supuestos, que a la vista de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, se pueden considerar adecuados para el reconocimiento de las personas que lucharon por la libertad y la democracia en nuestro país, e incluso perdieron la vida. En este contexto, es obvio que el marco temporal que se preveía entonces es inferior al período establecido en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, que se extiende hasta la entrada en vigor de la Constitución española, el 29 de diciembre de 1978. Por otra parte, desde varios sectores también se ha puesto de manifiesto el trato diferenciado en el esfuerzo reparador de la medida respecto a otras víctimas de la misma naturaleza. Por eso, es necesario abordar la regulación en esta materia para actualizarla y complementar las medidas que se ejecutaron con la normativa anterior. En este sentido, es necesario ampliar el plazo, que se extiende hasta el 29 de diciembre de 1978, que es lo que establece la Ley 20/2022, de 19 de octubre. Asimismo, es necesario actualizar las cuantías, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de forma que, homologándolo con otros regímenes reparadores, la indemnización en caso de muerte se incremente hasta los 250.000 euros. Por otra parte, se han actualizado con el mismo criterio, las cantidades reguladas en el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones que reconoce la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia, para los casos en que se haya producido una incapacidad permanente absoluta o una gran incapacidad. Se adapta también el punto 1 del artículo 2 del mismo Real Decreto 1803/2008 eliminando el 2.º párrafo. Igualmente, se ha recogido que las cantidades percibidas a consecuencia de las indemnizaciones a las que se refiere este Real Decreto-ley, están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. II Este Real Decreto-ley consta de una parte expositiva y una parte dispositiva estructurada en un artículo único, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. El artículo único modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, con el fin de añadir una disposición adicional vigésima sobre el reconocimiento en favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. La disposición derogatoria única establece la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al contenido del Real Decreto-ley. Por su parte, la disposición final primera recoge el título competencial que ampara la aprobación de este Real Decreto-ley. La disposición final segunda modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y la modificación parcial de las leyes del Impuesto de Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes y del Impuesto sobre el Patrimonio, para incluir, tanto en el artículo 7, relativo a las rentas exentas, como en la disposición adicional decimonovena, la exención de la tributación en el impuesto sobre la renta de las subvenciones previstas en la disposición adicional vigésima de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, que se introduce mediante el presente Real Decreto-Ley. La disposición final tercera modifica el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones que reconoce la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia. En concreto, se modifica el artículo 3 referido a la Comisión de Evaluación encargada de valorar las solicitudes para adaptarlo a la actual estructura departamental ya la normativa vigente. Asimismo, se modifica el apartado 1 del artículo 4 referido al pago de las indemnizaciones con el fin de determinar que el pago de estas indemnizaciones debe efectuarlo la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En conexión con lo previsto en la disposición final tercera, la disposición final cuarta contiene una cláusula de salvaguarda de rango de disposiciones reglamentarias. La disposición final quinta habilita al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en este Real Decreto-ley. La disposición final sexta determina la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» III El artículo 86.1 de la Constitución española permite al Gobierno dictar decretos leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados por el título I de la Constitución española, el régimen de las comunidades autónomas, ni el derecho electoral general. No existe afectación al derecho electoral general, ya que la materia objeto del Real Decreto-ley es ajena, ni al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, de acuerdo con la interpretación que hace el Tribunal Constitucional al respecto (cfr. STC 134/2021, de 24 de junio de 2021, y STC 17 de 2). Tampoco se ve afectado el régimen de las comunidades autónomas, puesto que el Real Decreto-ley no se excede de su ámbito normativo propio, dado que no afecta a la posición institucional de las comunidades autónomas ni delimita de forma directa y positiva las competencias que aquéllas tienen atribuidas. En cuanto a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos que regula el título I de la Constitución española, existe una doctrina consolidada de los siguientes términos, que resume la STC 139/2016, de 31 de julio (FJ 6): «1r) El artículo 86.1 de la Constitución española impide que el decreto-ley afecte a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados por el Título I de la CE, Sin embargo, este Tribunal ha rechazado una interpretación extensiva de este límite que equivaldría a vaciar de contenido la figura del decreto-ley y lo haría «inútil para regular con mayor o menor alcance cualquier aspecto relativo a las materias incluidas en el Título I de la Constitución». 2n) La cláusula restrictiva debe entenderse de manera que la figura del decreto-ley no quede reducida a la nada, de forma que lo que se prohíbe constitucionalmente es que se regule un régimen general de estos derechos, deberes y libertades o que vaya en contra del contenido o de los elementos esenciales de algunos de estos derechos (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8, confirmada por otras posteriores). 3r) El Tribunal no debe fijarse únicamente en la manera en que se manifiesta el principio de reserva de ley en una determinada materia, sino más bien debe examinar si existe «afectación» por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad que regula el Título I de la CE, lo cual exige tener en cuenta la configuración constitucional del derecho, deber o libertad afectado en cada caso e incluso su ubicación sistemática en el texto constitucional y la naturaleza y el alcance de la regulación concreta de que se trate (…)». En particular, en relación con la utilización de este instrumento normativo en el ámbito tributario, la STC 73/2017, de 8 de junio, sintetiza la doctrina del Tribunal Constitucional, en los siguientes términos (FJ 2): «Desde el punto de vista constitucional no hay ningún obstáculo, en principio, para que, a través de un decreto-ley, se puedan establecer, modificar o derogar prestaciones patrimoniales de carácter público, siempre que concurra una situación de extraordinaria urgencia que justifique el uso de este instrumento normativo y que, a través de él, no se vea afectado el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el artículo 31.1 CE (entre otras, STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 8; 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de octubre, FJ 6; 189/2005, de 7 de julio, FJ 7, y 139/2016, FJ 6). De este modo, cuando el artículo 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley los deberes consagrados en el título I de la Constitución, únicamente está impidiendo las intervenciones o las innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de manera relevante o sustancial, el deber constitucional de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31.1 CE). En efecto, del hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales “de carácter público” esté sujeto al principio de reserva de ley (artículo 31.3 CE) “no se deriva necesariamente que esta materia esté excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que puede penetrar en ella siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto habilitador y no 'afecte' en el sentido constitucional del término a las materias excluidas” (SSTC 245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 83/2014, FJ 5; y en sentido similar, SSTC 182/1997, FJ 8; 137/2003, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9).» En cuanto al sentido en que, como límite material que establece el artículo 86.1 de la Constitución española, debe interpretarse esta afectación al deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que prevé el artículo 31.1 de la Constitución española, la propia STC 73/2017, de 8 de junio, precisa (FJ 2): «Lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del artículo 86.1 CE es 'el examen de si ha habido 'afectación' por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad regulado en el Título I de la Constitución'; lo que debe exigir “tener en cuenta la configuración constitucional del derecho o del deber afectado en cada caso y la naturaleza y el alcance de la regulación concreta de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, y 35/2017, FJ 5, entre otras). En este sentido, en el título I de la Constitución se inserta el artículo 31.1, del que se deriva el deber de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que implica que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto ley es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley “no puede alterar ni el régimen general ni los elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga tributaria, y así afecta el deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo”; vulnera el artículo 86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto del sistema tributario” (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, y 35/2017, FJ 5, por todas). De conformidad con lo indicado, debe tenerse en cuenta, en cada caso, “sobre qué tributo concreto incide el decreto-ley —constatando su naturaleza, la estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o la medida en que interviene el principio de capacidad económica—, qué elementos —esenciales o no— se ven alterados por este modo excepcional de producción normativa y, finalmente, cuál es la naturaleza y el alcance de la regulación concreta de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, y 83/2014, FJ 5).» En este caso, la medida adoptada sobre la exención de tributación de la indemnización en el impuesto sobre la renta de las personas físicas no afecta los límites materiales del Real Decreto-ley, ya que no supone un incumplimiento del deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Todas las posibles personas beneficiarias han estado y continuarán estando comprometidas con sus obligaciones tributarias específicas, derivadas de las rentas de sus trabajos o de las que les afecten. La medida no regula un régimen general, sino uno muy específico y extraordinario, que de ninguna manera afecta de forma relevante o sustancial el deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y que ya se prevé para otras víctimas como las del terrorismo. En lo relativo al supuesto habilitador de extraordinaria y urgente necesidad que establece el artículo 86.1 de la Constitución española, la jurisprudencia constitucional ha ido configurando el Real Decreto-ley como un instrumento con unos contornos bien definidos en los que el juicio político de oportunidad y necesidad goza de un amplio margen. Así, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de enero de 2021, es clara al afirmar que la doctrina constitucional ha establecido que «la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, del hecho de que tenga su origen en la inactividad previa del propio Gobierno, siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación» (STC 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), dado que «lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia como el hecho de que dichas circunstancias concurran efectivamente» (SSTC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6, y 68/2007, de 28 de marzo, FJ 8). En el caso que nos ocupa, hay que tener en cuenta que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, reconoce en su artículo 30 el derecho al reconocimiento y a la reparación integral por parte del Estado, para lo cual prevé el despliegue de un conjunto de medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción, orientadas al restablecimiento de los derechos de las víctimas en sus dimensiones individual y colectiva. Sin embargo, se constata que hay un grupo de personas que, debido al marco temporal que se estableció entonces, no recibieron las medidas implementadas. Y, con carácter general y complementario, que, aunque se trate de hechos execrables de una gravedad extrema que tuvieron como consecuencia la muerte de estas personas o que les produjeron lesiones incapacitantes que los inhabilitaron para desempeñar cualquier trabajo o profesión, dichos supuestos no han tenido encaje en el ámbito de aplicación de otras normas que han atendido supuestos de consecuencias equivalentes, como la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo. La Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2005, sobre «Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones», reconoce que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional honra su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma los principios jurídicos internacionales de responsabilidad, justicia y estado de derecho, y entre los principios y directrices básicos que aprueba está la obligación de los Estados de adoptar procedimientos legislativos y administrativos apropiados y eficaces y otras medidas adecuadas que otorguen un acceso equitativo, efectivo y rápido a la justicia; que las víctimas dispongan de recursos suficientes, eficaces, rápidos y adecuados, incluidas las reparaciones; y el derecho de las víctimas a disponer de recursos frente a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario, de conformidad con lo previsto por el derecho internacional, y a una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido. Dado que el ámbito subjetivo se corresponde, por definición, con personas que generaron su derecho hace aproximadamente medio siglo, la edad estimada de las personas afectadas, o de sus familiares, en el caso de las personas fallecidas, corresponde a un momento vital en el que sus necesidades económicas aumentan a la vez que sus ingresos se reducen debido a su jubilación. A esta situación, cada vez más crítica, se suma el hecho de que el resarcimiento debido puede verse frustrado si la situación mencionada no se resuelve con la prontitud necesaria, ya que, tal como se ha dicho, queda vedada la aplicación de otras medidas reparadoras. Es decir, satisfacer este derecho a la indemnización, en un plazo razonable, no es posible con el procedimiento normativo ordinario, lo que justifica la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar esta medida a través de este Real Decreto-ley. IV Este Real Decreto-ley responde a los principios de buena regulación que establece el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. A tal efecto, se da cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia, con la

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

y la concurrencia del presupuesto habilitador que exige el artículo 86.1 de la Constitución española para que el Gobierno apruebe reales decretos-leyes, y atendida la necesidad de dar respuesta a las reivindicaciones de los afectados y de sus familias en el marco del derecho al reconocimiento y a la reparación integral por parte del Estado en favor de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa y reivindicación de la democracia, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978. Asimismo, la norma se ajusta al principio de proporcionalidad, ya que la norma no contiene medidas restrictivas de derechos ni impone obligaciones a los ciudadanos o a las empresas. De la misma manera, se ajusta al principio de seguridad jurídica puesto que la norma es coherente y se inserta en el sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico, y especialmente con la Ley 20/2022, de 19 de octubre, y la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. Al mismo tiempo, el régimen propuesto supone una continuidad de las políticas iniciadas con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre y es coherente con otros regímenes de resarcimiento de víctimas, en situaciones equiparables, como el que prevé la Ley 29/2011, de 22 de septiembre. En cuanto al principio de transparencia, se justifica porque los objetivos de este Real Decreto-ley quedan claramente definidos, tanto en la parte expositiva como en la memoria adjunta. Finalmente, con respecto al principio de eficiencia, en este Real Decreto-ley no se establecen cargas administrativas para la ciudadanía o las empresas. Este Real Decreto-ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para dictar la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.a de la Constitución española, así como al artículo 149.1.14. que dispone la competencia exclusiva del Estado en materia de hacienda general. En virtud de ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución española, a propuesta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y de la ministra de Hacienda, y con la deliberación previa del Consejo de Ministros en la reunión del día 3 de marzo de 2026, DISPONGO: Artículo único. Modificación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática. Se introduce una disposición adicional vigésima en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, con la siguiente redacción: «Disposición adicional vigésima. Reconocimiento del derecho a percibir indemnizaciones a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia. 1. En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes murieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, en defensa y reivindicación de las libertades, los derechos democráticos y en contra de la violencia de la represión. 2. Pueden ser personas beneficiarias de la indemnización a que se refiere el apartado 1 los hijos y el cónyuge de la persona fallecida, si no está legalmente separada ni en proceso de separación o nulidad matrimonial. Asimismo, podrá ser persona beneficiaria quien haya convivido con la persona fallecida de manera permanente y manteniendo una relación de afectividad análoga a la del cónyuge durante, al menos, los dos años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hayan tenido descendencia en común, caso en el que basta la mera convivencia. Subsidiariamente, si no hay ninguno de los anteriores, pueden ser personas beneficiarias, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona conviviente. Cuando se produzca la concurrencia de varias personas que pertenezcan a un grupo de las que tienen derecho a la indemnización, la cuantía total máxima deberá repartirse por partes iguales entre todos los que tengan derecho por la misma condición, salvo cuando concurran el cónyuge o la persona con análoga relación afectiva y los hijos de la persona fallecida, caso en el que la ayuda deberá repartirse por partes iguales entre el cónyuge o la persona con análoga relación afectiva, que deberá percibir el 50 por ciento, y el conjunto de los hijos, entre los cuales se distribuye el 50 por ciento restante. 3. Deberá abonarse la indemnización siempre que, por los mismos hechos no se haya recibido ninguna indemnización o compensación económica o, si se hubiera recibido, la cuantía esta fuera inferior a la que regula esta disposición, en cuyo caso se podrá solicitar una compensación por la diferencia entre la cantidad abonada, actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero, y la regulada en el apartado 1. Las personas que hayan sido beneficiarias de las indemnizaciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones que reconoce la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia, podrán solicitar una compensación por la diferencia entre la cantidad abonada, actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero, y la regulada en el apartado 1. 4. El procedimiento para la concesión de la indemnización que prevé esta disposición es el que recoge el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, adaptado a las previsiones de esta disposición y modificado para no excluir a ninguna de las víctimas incluidas en el artículo 3.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y para ajustarlo a la actual distribución de competencias. Así se eliminará del artículo 2 sobre los requisitos para la percepción de las indemnizaciones del referido Real Decreto 1803/2008, el segundo párrafo del punto 1 No pueden ser causa de estas indemnizaciones, ni ser beneficiarios de las mismas, quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados. Y se añadirá que no podrá ser excluida de estas indemnizaciones ninguna de las víctimas incluidas en el artículo 3.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. 5. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, se pueden conceder indemnizaciones extraordinarias a favor de quienes hayan sufrido lesiones incapacitantes por los hechos y en las circunstancias y con las condiciones a que se refiere esta disposición, siempre que, por los mismos hechos, no se haya recibido ninguna indemnización o compensación económica a cargo de alguno de los sistemas públicos de protección social. Las cifras que recoge el artículo 15 del Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, se actualizan a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en el caso de gran invalidez. Las personas que hayan sido beneficiarias de las indemnizaciones conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, podrán solicitar una compensación por la diferencia entre la cantidad abonada, actualizada de acuerdo con el interés legal del dinero, y la regulada en este apartado. Estas indemnizaciones deben abonarse directamente a las mismas personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez y son intransferibles. 6. Las personas beneficiarias de las indemnizaciones y compensaciones que establece esta disposición disponen del plazo de cinco años, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, por el que se modifica la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática, sobre reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia, para presentar su solicitud. Una vez entre en vigor esta ley, el Gobierno publicará este derecho a través de los medios de comunicación públicos estatales y autonómicos. Antes de que finalice este plazo, el Consejo de Ministros puede acordar su prórroga por un año». Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango o inferior que se opongan a lo dispuesto en este Real Decreto-ley, lo contradigan o sean incompatibles con él. Disposición final primera. Título competencial. 1. Este Real Decreto-ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para dictar la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, atribuida por el artículo 149.1.1.a de la Constitución española. 2. Se exceptúa de todo lo anterior la disposición final segunda, que se dicta en amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.14.a de la Constitución española, en materia de hacienda general. Disposición final segunda. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, queda modificada de la manera siguiente: Uno. Se modifica la letra u), del artículo 7, que queda redactada de la siguiente manera: «u) Las indemnizaciones que prevén la legislación del Estado y de las comunidades autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos penitenciarios a consecuencia de los supuestos que prevé la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, y las que establece la disposición adicional vigésima de la Ley 20/2022, de 19 de diciembre, de memoria democrática.» Dos. Se modifica el título y se añade el apartado 4 en la disposición adicional decimonovena, con la siguiente redacción: «Disposición adicional decimonovena. Exención de las ayudas e indemnizaciones por privación de libertad como consecuencia de los supuestos que prevé la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía, y de las que regula la disposición adicional vigésima de la Ley 20/2022, de 19 de diciembre, de memoria democrática, por muerte o lesiones incapacitantes.» «4. Están exentas de este impuesto, las indemnizaciones que prevé la disposición adicional vigésima de la Ley 20/2022, de 19 de diciembre, de memoria democrática.» Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones que reconoce la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a favor de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia. El Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones que reconoce la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia, queda modificado de la siguiente manera: Uno. El punto 1 del artículo 2 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 2. Requisitos para la percepción de las indemnizaciones. 1. Tienen derecho a las indemnizaciones cuya concesión regula el presente Real Decreto los beneficiarios de quienes murieron en defensa y reivindicación de las libertades y los derechos democráticos durante el periodo a que se refiere el artículo 10 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que cumplan las condiciones y los requisitos exigidos en la Ley, así como quienes, en los términos que establece el artículo 14 de este Real Decreto, hayan sufrido lesiones incapacitantes por idénticos hechos y circunstancias durante el periodo mencionado. Ninguna de las víctimas incluidas en el artículo 3.1 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, podrá ser excluida de estas indemnizaciones.» Dos. El artículo 3 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 3. Comisión de Evaluación. 1. Se crea la Comisión de Evaluación con carácter de órgano colegiado adscrito al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a quien corresponde la tramitación de las solicitudes que se formulen, así como su estudio, valoración y resolución. 2. La composición de la Comisión de Evaluación es la siguiente: a. Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona que ejerce la Presidencia deberá ser sustituida por la Vicepresidencia, y si no la hubiera, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. b. Vicepresidencia: un representante del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, designado por la persona titular del Departamento, entre el personal funcionario de nivel 29 o superior de la Dirección General de Atención a las Víctimas. Simultáneamente a la designación de la Vicepresidencia, y siguiendo los mismos criterios, debe hacerse la de la persona que actúa como su suplente. c. Vocalías: un representante por cada uno de los ministerios de Hacienda, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Interior, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y Trabajo y Economía Social, entre el personal funcionario con nivel 29 o superior, designados por las personas titulares de los departamentos respectivos. Simultáneamente a la designación de los vocales titulares, y siguiendo los mismos criterios, se debe hacer la de quienes actúan como sus suplentes. d. Secretaría: la Presidencia debe designar a una persona para el ejercicio de la Secretaría entre el personal funcionario con nivel 29 o superior de la Dirección General de Atención a las Víctimas, que debe actuar con voz y sin voto. Simultáneamente a la designación de la Secretaría, se debe efectuar la de la persona que la sustituya entre el personal funcionario con nivel 28 o superior de la Dirección General de Atención a las Víctimas. 3. La Comisión de Evaluación, cuyo régimen de funcionamiento debe ajustarse a lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, debe establecer su propio régimen de convocatorias y el carácter y la periodicidad de sus reuniones. 4. El funcionamiento de la Comisión de Evaluación debe llevarse a cabo con el apoyo y los medios personales y materiales de la Dirección General de Atención a las Víctimas». Tres. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado de la siguiente manera: «1. El pago de las indemnizaciones que establece este Real Decreto lo debe efectuar la Dirección General de Atención a las Víctimas, del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, mediante una transferencia a la cuenta corriente consignada en la solicitud y de la que sea titular la persona beneficiaria de la indemnización.» Disposición final cuarta. Salvaguarda del rango de las disposiciones reglamentarias. Las modificaciones que efectúe este Real Decreto-ley en normas de rango reglamentario deben conservar dicho rango. Disposición final quinta. Habilitación normativa. Se habilita al Gobierno para dictar todas las disposiciones que sean necesarias para el despliegue y la aplicación de lo establecido en este Real Decreto-ley. Disposición final sexta. Entrada en vigor. Este Real Decreto-ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Projecte de llei per la qual es modifica la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica, sobre reconeixement a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa i reivindicació de la democràcia (procedent del Reial decret llei 6/2026, de 3 de març). I La Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica, ja assenyalava a la seva part expositiva que conèixer la trajectòria de la nostra democràcia, des dels seus orígens fins a l'actualitat, les seves vicissituds, els sacrificis dels homes i les dones d'Estat espanyol en la lluita per les llibertats i la democràcia és un deure ineludible que contribueix a enfortir la nostra societat en les virtuts cíviques i els valors constitucionals. En aquest marc, la societat espanyola té un deure de memòria amb les persones que van ser perseguides, empresonades, torturades i fins i tot van perdre els seus béns i fins i tot la seva pròpia vida en defensa de la democràcia i la llibertat. D'aquesta manera, dins l'objecte d'aquesta Llei hi ha el reconeixement dels qui van patir persecució o violència, per raons polítiques, ideològiques, de pensament o opinió, de consciència o creença religiosa, d'orientació i identitat sexual, durant el període comprès entre el cop d'estat de 18 de juliol de 1936, la Guerra d'Espanya i la dictadura franquista fins a l'entrada en vigor de la Constitució espanyola de 1978, així com la promoció de la seva reparació moral i la recuperació de la seva memòria personal, familiar i col·lectiva. I, d'altra banda, situa entre els fins de les polítiques de memòria democràtica el reconeixement de les persones que van lluitar per la llibertat i la democràcia. Així mateix, a l'efecte d'aquesta Llei es considera víctima qualsevol persona que hagi patit, individualment o col·lectivament, un dany físic, moral o psicològic, a conseqüència d'accions o d'omissions que constitueixin violacions de les normes internacionals de drets humans i del dret internacional humanitari durant aquest període. I entre aquestes, se citen les persones mortes a conseqüència de la guerra i la dictadura, així com les que van patir danys a conseqüència de la lluita sindical i les activitats d'oposició a la Dictadura. D'altra banda, la derogada Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura, ja va preveure el dret a una indemnització en favor de totes les persones que van perdre la vida en defensa de la democràcia i que no havien rebut fins aleshores la compensació deguda. Tanmateix, en l'article 10 es va preveure aquest reconeixement únicament en favor de persones mortes en defensa de la democràcia durant el període comprès entre l'1 de gener de 1968 i el 31 de desembre de 1977. Així, el resultat d'aquest procés amb prou feines va arribar a la quarta part de les sol·licituds presentades, i ha plantejat dubtes al llarg d'aquest temps sobre si aquest abast va cobrir tots els supòsits, que en vista de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, es poden considerar adequats per al reconeixement de les persones que van lluitar per la llibertat i la democràcia al nostre país, i que fins i tot hi van perdre la vida. En aquest context, és obvi que el marc temporal que es preveia aleshores és inferior al període que estableix la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, que s'estén fins a l'entrada en vigor de la Constitució espanyola, el 29 de desembre de 1978. D'altra banda, des de diversos sectors també s'ha posat de manifest el tracte diferenciat en l'esforç reparador de la mesura respecte d'altres víctimes de la mateixa naturalesa. Per això, és necessari abordar la regulació en aquesta matèria per actualitzar-la i complementar les mesures que es van executar amb la normativa anterior. En aquest sentit, cal ampliar el termini, que s'estén fins al 29 de desembre de 1978, que és el que estableix la Llei 20/2022, de 19 d'octubre. Així mateix, cal actualitzar les quanties, tenint en compte el temps transcorregut des de l'aprovació de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, de manera que, homologant-lo amb altres règims reparadors, la indemnització en cas de mort s'incrementi fins als 250.000 euros. D'altra banda, s'han actualitzat amb el mateix criteri, les quantitats que regula el Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l'abonament de les indemnitzacions que reconeix la Llei 52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa de la democràcia, per als casos en què s'hagi produït una incapacitat permanent absoluta o una gran incapacitat. S'adapta també el punt 1 de l'article 2 del mateix Reial Decret 1803/2008 eliminant el 2n paràgraf. Igualment, s'ha recollit que les quantitats percebudes a conseqüència de les indemnitzacions a què es refereix aquest Reial decret llei, estan exemptes de l'impost sobre la renda de les persones físiques. II Aquest Reial decret llei consta d'una part expositiva i una part dispositiva estructurada en un article únic, una disposició derogatòria i sis disposicions finals. L'article únic modifica la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, amb la finalitat d'afegir una disposició addicional vintena sobre el reconeixement en favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa i reivindicació de la democràcia. La disposició derogatòria única estableix la derogació de totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al contingut del Reial decret llei. Per la seva banda, la disposició final primera recull el títol competencial que empara l'aprovació d'aquest Reial decret llei. La disposició final segona modifica la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, per incloure tant en l'article 7, referit a rendes exemptes, com en la disposició addicional dinovena l'exempció de tributació en l'impost sobre la renda de les persones físiques, de les ajudes que recull la disposició addicional vintena de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica, que s'introdueix mitjançant aquest Reial decret llei. La disposició final tercera modifica el Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l'abonament de les indemnitzacions que reconeix la Llei 52/2007, de 26 de desembre, en favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa de la democràcia. En concret, es modifica l'article 3 referit a la Comissió d'Avaluació encarregada de valorar les sol·licituds per adaptar-lo a l'estructura departamental actual i a la normativa vigent. Així mateix, es modifica l'apartat 1 de l'article 4 referit al pagament de les indemnitzacions a fi de determinar que el pagament d'aquestes indemnitzacions l'ha d'efectuar la Direcció General d'Atenció a les Víctimes del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. En connexió amb el que preveu la disposició final tercera, la disposició final quarta conté una clàusula de salvaguarda de rang de disposicions reglamentàries. La disposició final cinquena habilita el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l'aplicació del que estableix aquest Reial decret llei. La disposició final sisena determina l'entrada en vigor l'endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» III L'article 86.1 de la Constitució espanyola permet al Govern dictar decrets lleis «en cas d'extraordinària i urgent necessitat», sempre que no afectin l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I de la Constitució espanyola, el règim de les comunitats autònomes, ni el dret electoral general. No hi ha afectació al dret electoral general, ja que la matèria objecte del Reial decret llei n'és aliena, ni a l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, d'acord amb la interpretació que fa el Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió (cfr. STC 134/2021, de 24 de juny de 2021, i STC 150/2017, de 21 de desembre de 2017). Tampoc es veu afectat el règim de les comunitats autònomes, ja que el Reial decret llei no s'excedeix del seu àmbit normatiu propi, atès que no afecta la posició institucional de les comunitats autònomes ni delimita de manera directa i positiva les competències que aquelles tenen atribuïdes. Pel que fa als drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I de la Constitució espanyola, hi ha una doctrina consolidada dels termes següents, que resumeix la STC 139/2016, de 31 de juliol (FJ 6): «1r) L'article 86.1 CE impedeix que amb el decret llei quedin afectats els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans que regula el títol I CE, però aquest Tribunal ha rebutjat una interpretació extensiva d'aquest límit que suposaria el buidatge de la figura del decret llei, i el faria 'inservible per regular amb més o menys incidència qualsevol aspecte concernent a les matèries incloses en el títol I de la Constitució'. 2n) La clàusula restrictiva s'ha d'entendre de manera que no es redueixi al no-res la figura del decret llei, de manera que el que es prohibeix constitucionalment és que es reguli un règim general d'aquests drets, deures i llibertats o que vagi en contra del contingut o els elements essencials d'alguns d'aquests drets (STC 111/1983, de 2 de desembre, FJ 8, confirmada per altres de posteriors). 3r) El Tribunal no s'ha de fixar únicament en la manera en què es manifesta el principi de reserva de llei en una determinada matèria, sinó més aviat ha d'examinar si hi ha 'afectació' pel decret llei d'un dret, deure o llibertat que regula el títol I CE, la qual cosa ha d'exigir tenir en compte la configuració constitucional del dret, deure o llibertat afectat en cada cas i fins i tot la seva ubicació sistemàtica en el text constitucional i la naturalesa i l'abast de la regulació concreta de què es tracti (…).» En particular, en relació amb la utilització d'aquest instrument normatiu en l'àmbit tributari, la STC 73/2017, de 8 de juny, sintetitza la doctrina del Tribunal Constitucional, en els termes següents (FJ 2): «Des del punt de vista constitucional no hi ha cap obstacle, en principi, perquè a través d'un decret llei es puguin establir, modificar o derogar, prestacions patrimonials de caràcter públic, sempre que concorri una situació d'extraordinària urgència que justifiqui l'ús d'aquest instrument normatiu i que, a través d'aquest, no afecti el deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques que estableix l'article 31.1 CE (entre d'altres, SSTC 111/1983, de 2 de desembre, FJ 8; 60/1986, de 20 de maig, FJ 4; 182/1997, de 18 d'octubre, FJ 6; 189/2005, de 7 de juliol, FJ 7, i 139/2016, FJ 6). D'aquesta manera, quan l'article 86.1 CE exclou de l'àmbit del decret llei els deures consagrats en el títol I de la Constitució, únicament està impedint les intervencions o les innovacions normatives que afectin, no de qualsevol manera, sinó de manera rellevant o substancial, el deure constitucional de “tots” de contribuir al sosteniment de les despeses públiques (article 31.1 CE). En efecte, del fet que l'establiment de prestacions patrimonials “de caràcter públic” estigui subjecte al principi de reserva de llei (article 31.3 CE) “no se'n deriva necessàriament que aquesta matèria estigui exclosa de l'àmbit de regulació del decret llei, que pot penetrar-hi sempre que es donin els requisits constitucionals del pressupost habilitador i no `afecti´ en el sentit constitucional del terme, les matèries excloses” (SSTC 245/2004, de 16 de desembre, FJ 4; i 83/2014, FJ 5; i en sentit similar, SSTC 182/1997, FJ 8; 137/2003, FJ 6, i 100/2012, de 8 de maig, FJ 9).» Pel que fa al sentit en què, com a límit material que estableix article 86.1 de la Constitució espanyola, s'ha d'interpretar aquesta afectació al deure de tothom de contribuir al sosteniment de les despeses públiques que preveu l'article 31.1 de la Constitució espanyola, la mateixa STC 73/2017, de 8 de juny, precisa (FJ 2): «El que aquest Tribunal ha d'atendre en interpretar el límit material de l'article 86.1 CE, és “l'examen de si hi ha hagut `afectació´ pel decret llei d'un dret, deure o llibertat regulat en el títol I de la Constitució”; cosa que ha d'exigir “tenir en compte la configuració constitucional del dret o del deure afectat en cada cas i la naturalesa i l'abast de la regulació concreta de què es tracti” (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9, i 35/2017, FJ 5, entre d'altres). En aquest sentit, dins del títol I de la Constitució s'insereix l'article 31.1, del qual se'n deriva el deure de “tots” de contribuir al sosteniment de les despeses públiques; fet que implica que un dels deures l'afectació dels quals està vedada al decret llei és el deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques. El decret llei “no pot alterar ni el règim general ni els elements essencials dels tributs que incideixen en la determinació de la càrrega tributària, i així afecta el deure general dels ciutadans de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva riquesa mitjançant un sistema tributari just”; vulnera l'article 86.1 CE, en conseqüència, “qualsevol intervenció o innovació normativa que, per la seva entitat qualitativa o quantitativa, alteri sensiblement la posició de l'obligat a contribuir segons la seva capacitat econòmica en el conjunt del sistema tributari” (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 9; 139/2016, FJ 6, i 35/2017, FJ 5, per totes). De conformitat amb el que s'ha indicat, cal tenir en compte, en cada cas, “sobre quin tribut concret incideix el decret llei - constatant-ne la naturalesa, l'estructura i la funció que compleix dins del conjunt del sistema tributari, així com el grau o la mesura en què intervé el principi de capacitat econòmica -, quins elements - essencials o no - en resulten alterats per aquest mode excepcional de producció normativa i, finalment, quina és la naturalesa i l'abast de la regulació concreta de què es tracti” (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7, i 83/2014, FJ 5).» En aquest cas, la mesura adoptada sobre l'exempció de tributació de la indemnització en l'impost sobre la renda de les persones físiques no afecta els límits materials del reial decret llei, atès que no suposa una falta del compliment del deure general dels ciutadans de contribuir al sosteniment de les despeses públiques. Totes les possibles persones beneficiàries han estat i continuaran estant compromeses en les seves obligacions tributàries específiques, derivades de les rendes dels seus treballs o les que els afectin. La mesura no regula un règim general, sinó un de molt específic i extraordinari, que de cap manera afecta de manera rellevant o substancial el deure constitucional de tothom de contribuir al sosteniment de les despeses públiques, i que ja es preveu per a altres víctimes com les del terrorisme. Pel que fa al supòsit habilitador d'extraordinària i urgent necessitat que estableix l'article 86.1 de la Constitució espanyola, la jurisprudència constitucional ha anat configurant el reial decret llei com un instrument amb uns contorns ben definits en què el judici polític d'oportunitat i necessitat gaudeix d'un marge ampli. Així, la Sentència del Tribunal Constitucional de 28 de gener de 2021, és clara quan afirma que la doctrina constitucional ha establert que «la valoració de l'extraordinària i urgent necessitat d'una mesura pot ser independent de la seva imprevisibilitat i, fins i tot, del fet que tingui l'origen en la inactivitat prèvia del mateix Govern, sempre que hi concorri efectivament l'excepcionalitat de la situació» (STC 1/2012, de 13 de gener, FJ 6), atès que «el que aquí ha d'importar no és tant la causa de les circumstàncies que justifiquen la legislació d'urgència com el fet que aquestes circumstàncies concorrin efectivament» (SSTC 11/2002, de 17 de gener, FJ 6, i 68/2007, de 28 de març, FJ 8). En el cas que ens ocupa, cal tenir en compte que la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, reconeix en l'article 30 el dret al reconeixement i la reparació integral per part de l'Estat, per a la qual cosa preveu el desplegament d'un conjunt de mesures de restitució, rehabilitació i satisfacció, orientades al restabliment dels drets de les víctimes en les seves dimensions individual i col·lectiva. Tanmateix, es constata que hi ha un grup de persones, per raó de l'àmbit temporal que aleshores es va establir, al qual no van arribar les mesures implementades. I, amb caràcter general i complementari, que, tot i que es tracti de fets execrables d'una gravetat extrema que van tenir com a conseqüència la mort d'aquestes persones o que els van produir lesions incapacitants que els van inhabilitar per dur a terme qualsevol treball o professió, aquests supòsits no han tingut encaix en l'àmbit d'aplicació d'altres normes que han atès supòsits de conseqüències equivalents, com la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme. La Resolució 60/147, aprovada per l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides, el 16 de desembre de 2005, sobre «Principis i directrius bàsics sobre el dret de les víctimes de violacions manifestes de les normes internacionals de drets humans i de violacions greus del dret internacional humanitari a interposar recursos i obtenir reparacions», reconeix que, en fer valer el dret de les víctimes a interposar recursos i obtenir reparacions, la comunitat internacional fa honor a la seva paraula respecte del patiment de les víctimes, els supervivents i les generacions futures i reafirma els principis jurídics internacionals de responsabilitat, justícia i estat de dret, i entre els principis i les directrius bàsiques que aprova, hi ha l'obligació dels estats d'adoptar procediments legislatius i administratius apropiats i eficaços i altres mesures apropiades que donin un accés equitatiu, efectiu i ràpid a la justícia; que les víctimes disposin dels recursos suficients, eficaços, ràpids i apropiats, incloent-hi la reparació; i el dret de les víctimes a disposar de recursos contra les violacions manifestes de les normes internacionals de drets humans i les violacions greus del dret internacional humanitari, d'acord amb el que preveu el dret internacional, i a una reparació adequada, efectiva i ràpida del dany sofert. Atès que l'àmbit subjectiu es correspon per definició amb persones que van generar el seu dret fa aproximadament mig segle, l'edat estimada de les persones afectades, o dels seus familiars, en el cas de les persones mortes, es correspon amb un moment vital en què les seves necessitats econòmiques augmenten alhora que els seus ingressos es redueixen amb motiu de la seva jubilació. A aquesta situació, progressivament crítica, s'hi afegeix el fet que el rescabalament degut es pot veure frustrat si la situació esmentada no es resol amb la promptitud necessària, atès que, tal com s'ha dit, resta vedada l'aplicació d'altres mesures reparadores. És a dir, satisfer aquest dret a la indemnització, en un termini raonable, no és possible amb el procediment normatiu ordinari, la qual cosa justifica l'extraordinària i urgent necessitat d'aprovar aquesta mesura a través d'aquest Reial decret llei. IV Aquest Reial decret llei respon als principis de bona regulació que estableix l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A aquest efecte, es dona compliment degut als principis de necessitat i eficàcia amb la justificació i la concurrència del pressupost habilitador que exigeix l'article 86.1 de la Constitució espanyola perquè el Govern aprovi reials decrets lleis, i atesa la necessitat d'atendre les reivindicacions dels afectats i les de les seves famílies en el marc del dret al reconeixement i la reparació integral per part de l'Estat en favor de persones mortes o amb lesions incapacitants en defensa i reivindicació de la democràcia, durant el període comprès entre l'1 de gener de 1968 i 29 de desembre de 1978. Igualment, la norma és conforme al principi de proporcionalitat, atès que la norma no conté mesures restrictives de drets ni imposa obligacions als ciutadans o les empreses. De la mateixa manera, s'ajusta al principi de seguretat jurídica per tal com la norma és coherent i s'insereix dins del sistema de fonts i amb la resta de l'ordenament jurídic, i especialment amb la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, la Llei 35/2006, de 28 de novembre. Al mateix temps, el règim proposat suposa una continuïtat de les polítiques iniciades amb la Llei 52/2007, de 26 de desembre i és coherent amb altres règims de rescabalament de víctimes, en situacions equiparables, com el que preveu la Llei 29/2011, de 22 de setembre. Pel que fa al principi de transparència, es justifica perquè els objectius d'aquest Reial decret llei queden clarament definits, tant en la part expositiva com en la memòria adjunta. Finalment, amb relació al principi d'eficiència, en aquest Reial decret llei no s'hi estableixen càrregues administratives per a la ciutadania o les empreses. Aquest Reial decret llei es dicta a l'empara de la competència exclusiva de l'Estat per dictar la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals, atribuïda per l'article 149.1.1.a de la Constitució espanyola, així com a l'article 149.1.14. que disposa la competència exclusiva de l'Estat en matèria d'hisenda general. En virtut d'això, fent ús de l'autorització que conté l'article 86 de la Constitució espanyola, a proposta del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, i de la ministra d'Hisenda, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 de març de 2026, DISPOSO: Article únic. Modificació de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica. S'introdueix una disposició addicional vintena a la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica, amb la redacció següent: «Disposició addicional vintena. Reconeixement del dret a percebre indemnitzacions en favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa i reivindicació de la democràcia. 1. En atenció a les circumstàncies excepcionals que van concórrer en la seva mort, es reconeix el dret a una indemnització, per una quantia de 250.000 euros, a les persones beneficiàries dels qui van morir durant el període comprès entre l'1 de gener de 1968 i el 29 de desembre de 1978, en defensa i reivindicació de les llibertats, els drets democràtics i en contra la violència de la repressió. 2. Poden ser persones beneficiàries de la indemnització a què es refereix l'apartat 1 els fills i el cònjuge de la persona morta, si no està separada legalment, ni en procés de separació o nul·litat matrimonial. Així mateix, pot ser persona beneficiària la que hagi conviscut amb la persona morta de manera permanent i amb anàloga relació d'afectivitat a la del cònjuge durant, almenys, els dos anys immediatament anteriors al moment de la mort, llevat que hagin tingut descendència en comú, cas en què només cal la mera convivència. Subsidiàriament, si no hi ha cap dels anteriors, poden ser persones beneficiàries, per ordre successiu i excloent, els pares, els nets, els germans de la persona morta i els fills de la persona convivent. Quan es produeixi la concurrència de diverses persones que pertanyin a un grup dels quals tenen dret a la indemnització, la quantia total màxima s'ha de repartir a parts iguals entre tots els qui tinguin dret per la mateixa condició, excepte quan concorrin el cònjuge o la persona amb anàloga relació afectiva i els fills de la persona morta, cas en què l'ajuda s'ha de repartir a parts iguals entre el cònjuge o la persona amb anàloga relació d'afectivitat, que ha de percebre el 50 per cent, i el conjunt dels fills entre els quals es distribueix el 50 per cent restant. 3. S'ha de fer l'abonament de la indemnització sempre que, pels mateixos fets no s'hagi rebut cap indemnització o compensació econòmica o, si s'ha rebut, la quantia hagi estat inferior a la que regula aquesta disposició, cas en què es pot sol·licitar una compensació per la diferència entre la quantitat abonada, actualitzada d'acord amb l'interès legal del diner, i la regulada en l'apartat 1. Les persones que hagin estat beneficiàries de les indemnitzacions d'acord amb el que preveuen l'article 10 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, i el Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l'abonament de les indemnitzacions que reconeix la Llei 52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa de la democràcia, poden sol·licitar una compensació per la diferència entre la quantitat abonada, actualitzada d'acord amb l'interès legal del diner, i la regulada en l'apartat 1. 4. El procediment per a la concessió de la indemnització que preveu aquesta disposició, és el que recull el Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, adaptat a les previsions d'aquesta disposició modificant-lo per no excloure cap de les víctimes incloses a l'article 3.1 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre de Memòria Democràtica i a l'actual distribució de competències. Així s'eliminarà de l'article 2 sobre requisits per a la percepció de les indemnitzacions del referit Reial Decret 1803/2008, el segon paràgraf del punt 1 No poden ser causa d'aquestes indemnitzacions, ni ser-ne beneficiaris, els qui hagin pertangut o pertanyin a bandes o grups armats. I s'hi afegirà que no poden ser exclosos d'aquestes indemnitzacions cap de les víctimes incloses a l'article 3.1 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre de Memòria Democràtica. 5. De conformitat amb el que preveu el Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, es poden concedir indemnitzacions extraordinàries en favor dels qui hagin patit lesions incapacitants pels fets i en les circumstàncies i amb les condicions a què es refereix aquesta disposició, sempre que, pels mateixos fets, no s'hagi rebut cap indemnització o compensació econòmica amb càrrec a algun dels sistemes públics de protecció social. Les xifres que recull l'article 15 del Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, s'actualitzen als 180.000 euros en el cas d'incapacitat permanent absoluta i als 500.000 euros en el cas de gran incapacitat. Les persones que hagin estat beneficiàries de les indemnitzacions d'acord amb el que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, i el Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, poden sol·licitar una compensació per la diferència entre la quantitat abonada, actualitzada d'acord amb l'interès legal del diner, i la regulada en aquest apartat. Aquestes indemnitzacions s'han d'abonar directament a les mateixes persones amb incapacitat permanent absoluta o gran incapacitat i són intransferibles. 6. Les persones beneficiàries de les indemnitzacions i compensacions que estableix aquesta disposició disposen del termini de cinc anys, des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 6/2026, de 3 de març, pel qual es modifica la Llei 20/2022, de 19 d'octubre, de memòria democràtica, sobre reconeixement en favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa i reivindicació de la democràcia, per presentar la seva sol·licitud. Un cop entri en vigor aquesta llei el Govern publicitarà aquest dret a través dels mitjants de comunicació públics estatals i autonòmics. Abans que finalitzi aquest termini, el Consell de Ministres pot acordar-ne la pròrroga per un any.» Disposició derogatòria única. Derogació normativa. Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquest Reial decret llei, el contradiguin o hi siguin incompatibles. Disposició final primera. Títol competencial. 1. Aquest Reial decret llei es dicta a l'empara de la competència exclusiva de l'Estat per dictar la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals, atribuïda per l'article 149.1.1.a de la Constitució espanyola. 2. S'exceptua de tot l'anterior la disposició final segona, que es dicta a l'empara de la competència exclusiva de l'Estat que recull l'article 149.1.14.a de la Constitució espanyola, en matèria d'hisenda general. Disposició final segona. Modificació de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei, la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, queda modificada de la manera següent: U. Es modifica la lletra u), de l'article 7, que queda redactada de la manera següent: «u) Les indemnitzacions que preveuen la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes per compensar la privació de llibertat en establiments penitenciaris a conseqüència dels supòsits que preveu la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i les que estableix la disposició addicional vintena de la Llei 20/2022, de 19 de desembre, de memòria democràtica.» Dos. Es modifica el títol i s'afegeix un apartat 4 en la disposició addicional dinovena, amb la redacció següent: «Disposició addicional dinovena. Exempció de les ajudes i indemnitzacions per privació de llibertat com a conseqüència dels supòsits que preveu la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i de les que regula la disposició addicional vintena de la Llei 20/2022, de 19 de desembre, de memòria democràtica, per mort o lesions incapacitants.» «4. Estan exemptes d'aquest impost, les indemnitzacions que preveu la disposició addicional vintena de la Llei 20/2022, de 19 de desembre, de memòria democràtica.» Disposició final tercera. Modificació del Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l'abonament de les indemnitzacions que reconeix la Llei 52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa de la democràcia. El Reial decret 1803/2008, de 3 de novembre, pel qual es regulen les condicions i el procediment per a l'abonament de les indemnitzacions que reconeix la Llei 52/2007, de 26 de desembre, a favor de persones mortes o amb lesions incapacitants per la seva activitat en defensa de la democràcia, queda modificat de la manera següent: U. El punt 1 de l'article 2 queda redactat de la manera següent: «Article 2. Requisits per a la percepció de les indemnitzacions. 1. Tenen dret a les indemnitzacions la concessió de les quals regula el present Reial decret els beneficiaris dels qui van morir en defensa i reivindicació de les llibertats i els drets democràtics durant el període a què es refereix l'article 10 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, que compleixin les condicions i els requisits exigits a la Llei, així com els qui, en els termes que estableix l'article 14 d'aquest Reial decret, hagin patit lesions incapacitants per idèntics fets i circumstàncies durant el període esmentat. No poden ser exclosos d'aquestes indemnitzacions cap de les víctimes incloses a l'article 3.1 de la Llei 20/2022, de 19 d'octubre de Memòria Democràtica.» Dos. L'article 3 queda redactat de la manera següent: «Article 3. Comissió d'Avaluació. 1. Es crea la Comissió d'Avaluació amb caràcter d'òrgan col·legiat adscrit al Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, a qui correspon la tramitació de les sol·licituds que es formulin, així com el seu estudi, valoració i resolució. 2. La composició de la Comissió d'Avaluació és la següent: a) Presidència: la persona titular de la Direcció General d'Atenció a les Víctimes del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. En cas de vacant, absència, malaltia o altra causa legal, la persona que exerceix la Presidència ha de ser substituïda per la Vicepresidència, i si no n'hi ha, pel membre de l'òrgan col·legiat de més jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre. b) Vicepresidència: un representant del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, designat per la persona titular del Departament, entre el personal funcionari amb nivell 29 o superior de la Direcció General d'Atenció a les Víctimes. Simultàniament a la designació de la Vicepresidència, i seguint els mateixos criteris, s'ha de fer la de la persona que actua com al seu suplent. c) Vocalies: un representant per cadascun dels ministeris d'Hisenda, Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Interior, Inclusió, Seguretat Social i Migracions i Treball i Economia Social, entre el personal funcionari amb nivell 29 o superior, designats per les persones titulars dels departaments respectius. Simultàniament a la designació dels titulars vocals, i seguint els mateixos criteris, s'ha de fer la dels que actuen com als seus suplents. d) Secretaria: la Presidència ha de designar una persona per a l'exercici de la Secretaria entre el personal funcionari amb nivell 29 o superior de la Direcció General d'Atenció a les Víctimes, que ha d'actuar amb veu i sense vot. Simultàniament a la designació de la Secretaria, s'ha de fer la de la persona que la supleixi entre el personal funcionari amb nivell 28 o superior de la Direcció General d'Atenció a les Víctimes. 3. La Comissió d'Avaluació, el règim de funcionament del qual s'ha d'ajustar al que disposa la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ha d'establir el seu propi règim de convocatòries i el caràcter i la periodicitat de les seves reunions. 4. El funcionament de la Comissió d'Avaluació s'ha de dur a terme amb el suport i els mitjans personals i materials de la Direcció General d'Atenció a les Víctimes.» Tres. L'apartat 1 de l'article 4 queda redactat de la manera següent: «1. El pagament de les indemnitzacions que estableix aquest Reial decret l'ha d'efectuar la Direcció General d'Atenció a les Víctimes, del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, mitjançant una transferència al compte corrent consignat en la sol·licitud i de la qual sigui titular la persona beneficiària de la indemnització.» Disposició final quarta. Salvaguarda de rang de disposicions reglamentàries. Les modificacions que efectuï aquest Reial decret llei en normes de rang reglamentari han de conservar aquest rang. Disposició final cinquena. Habilitació normativa. S'habilita el Govern per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l'aplicació del que estableix aquest Reial decret llei. Disposició final sisena. Entrada en vigor. Aquest Reial decret llei entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat». JUSTIFICACIÓN El presente Proyecto de ley, procedente del Real Decreto-ley 6/2026, pretende modificar la Ley 20/2022 de Memoria Democrática con el objetivo de ampliar el reconocimiento y la reparación económica a determinadas víctimas. No obstante, esta iniciativa reitera las mismas carencias estructurales que ya presentaba la norma original. En primer lugar, la norma parte de un enfoque insuficiente y parcial que, lejos de garantizar una verdadera justicia restauradora, perpetúa una concepción restrictiva de la víctima. Tal como se puso de manifiesto en el debate parlamentario, la ley sigue sin dar respuesta plena a todas aquellas personas que sufrieron la represión del franquismo, manteniendo una visión incompleta y sesgada de la memoria democrática. Esta limitación no es menor: implica, en la práctica, dejar fuera a colectivos que también contribuyeron a la defensa de las libertades y que sufrieron graves vulneraciones de derechos. En segundo lugar, el texto incorpora una contradicción de fondo especialmente grave. Por una parte, reconoce la necesidad de ampliar el perímetro temporal y material de las víctimas; pero, por otra, introduce exclusiones que desvirtúan ese mismo objetivo. En concreto, se deja fuera a personas vinculadas a formas de resistencia contra la dictadura, simplificando una realidad histórica compleja y negando el reconocimiento a trayectorias que, en muchos casos, combinaron la condición de víctimas con la de resistentes. Esta aproximación reduce la memoria democrática a una lectura parcial y no fiel a los hechos históricos. Además, el proyecto de ley no resuelve el déficit de fondos que arrastra el marco normativo actual: la falta de una política de memoria realmente inclusiva, capaz de incorporar la pluralidad de situaciones vividas durante la dictadura. El real decreto opta por una solución aparentemente expansiva pero evita abordar el debate esencial sobre quién debe ser reconocido como víctima. Esta omisión mantiene intactas las disfunciones del sistema y perpetúa una memoria incompleta. Esta iniciativa no contribuye a avanzar hacia una memoria democrática madura, abierta e integradora, sino que continúa anclada en planteamientos que responden más a una determinada lectura política del pasado que a una voluntad real de reparación. Una política pública de memoria no puede excluir ni simplificar la complejidad histórica, sino que debe ser capaz de incorporarla para garantizar una verdadera justicia. Por tanto, se considera que el proyecto de ley no da una respuesta adecuada a las necesidades de reconocimiento y reparación de las víctimas. El present Projecte de llei, procedent del Reial decret llei 6/2026, pretén modificar la Llei 20/2022 de Memòria Democràtica amb l'objectiu d'ampliar el reconeixement i la reparació econòmica a determinades víctimes. Tanmateix, aquesta iniciativa reitera les mateixes mancances estructurals que ja presentava la norma original. En primer lloc, la norma parteix d'un enfocament insuficient i parcial que, lluny de garantir una veritable justícia reparadora, perpetua una concepció restrictiva de víctima. Tal com es va posar de manifest en el debat parlamentari, la llei continua sense donar resposta plena a totes aquelles persones que van patir la repressió del franquisme, mantenint una visió incompleta i esbiaixada de la memòria democràtica. Aquesta limitació no és menor: implica, en la pràctica, deixar fora col·lectius que també van contribuir a la defensa de les llibertats i que van patir greus vulneracions de drets. En segon lloc, el text incorpora una contradicció de fons especialment greu. D'una banda, reconeix la necessitat d'ampliar el perímetre temporal i material de les víctimes; però, de l'altra, introdueix exclusions que desvirtuen aquest mateix objectiu. En concret, es deixa fora persones vinculades a formes de resistència contra la dictadura, simplificant una realitat històrica complexa i negant el reconeixement a trajectòries que, en molts casos, van combinar la condició de víctimes amb la de resistents. Aquesta aproximació redueix la memòria democràtica a una lectura parcial i no fidel als fets històrics. A més, el Projecte de llei no resol el dèficit de fons que arrossega el marc normatiu actual: la manca d'una política de memòria realment inclusiva, capaç d'incorporar la pluralitat de situacions viscudes durant la dictadura. El reial decret opta per una solució aparentment expansiva però evita abordar el debat essencial sobre qui ha de ser reconegut com a víctima. Aquesta omissió manté intactes les disfuncions del sistema i perpetua una memòria incompleta. Aquesta iniciativa no contribueix a avançar cap a una memòria democràtica madura, oberta i integradora, sinó que continua ancorada en plantejaments que responen més a una determinada lectura política del passat que no pas a una voluntat real de reparació. Una política pública de memòria no pot excloure ni simplificar la complexitat històrica, sinó que ha de ser capaç d'incorporar-la per garantir una veritable justícia. Per tant, es considera que el Projecte de llei no dona resposta adequada a les necessitats de reconeixement i reparació de les víctimes.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya