Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, así como medidas tendentes a promover la ejecución de inversiones por parte de las comunidades autónomas que han registrado superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a 2026.

¿Qué es?

Este real decreto-lei establece medidas fiscales y financieras urgentes para la isla de La Palma, incluyendo una deducción análoga a Ceuta y Melilla en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habilitaciones para comunidades autónomas con superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar, así como medidas específicas para afectados por la erupción volcánica. También abre un nuevo plazo para solicitar suspensión de obligaciones de pago en préstamos y créditos relacionados con daños ocasionados por la erupción.

¿Por qué es importante?

Las medidas son cruciales para ayudar a La Palma a superar la situación económica y social adversa derivada de la erupción volcánica, incluyendo la posibilidad de financiar inversiones por parte de las comunidades autónomas con superávits presupuestarios. Además, facilitan el acceso a ayudas para afectados económicos y sociales, aliviando así la situación de familias de agricultores que no pueden trabajar en sus fincas.

Puntos Clave

• Deducción fiscal: Se amplía la deducción por obtención de rentas en Ceuta y Melilla a los contribuyentes con residencia habitual en La Palma.
• Financiamiento de inversiones: Las comunidades autónomas pueden destinar hasta 100 millones de euros para financiar ayudas a personas físicas afectadas por la erupción volcánica.
• Suspensión de obligaciones de pago: Se abre un nuevo plazo para solicitar suspensión de intereses y principal en préstamos relacionados con daños ocasionados por la erupción, beneficiando a familias de agricultores afectadas.
• Régimen regulador de prestación extraordinaria: Se establece un régimen para trabajadores autónomos cuyas actividades se hayan visto afectadas por la erupción que cumplen ciertos requisitos.