Enmienda núm. 4

La reforma del Código Penal en materia de multirreincidencia por la comisión de delitos de hurto no tiene justificación ni por los datos recogidos por el Ministerio del Interior en los que se aprecia un descenso del número de hurtos desde la reforma de 2022, como refleja la variación interanual en la evolución de los hurtos y como constatan los balances de criminalidad trimestrales. Con carácter general, España se mantiene con una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa. La reforma es innecesaria y está alejada de las preocupaciones de la ciudadanía como la crisis económica, la vivienda, el desempleo o la corrupción. La inseguridad ciudadana ocupa el puesto 21. La política criminal no puede consistir en legislar en caliente parcheando el código penal para endurecer las penas de determinados tipos penales. Sin duda, la seguridad pública debe ser una prioridad para el Gobierno, pero el Código Penal debe ser la última ratio. En este sentido, como ya se apuntó, sería preciso actuar con medidas específicas, (por ejemplo, incremento de vigilancia policial en zonas rurales) e intervenciones multidisciplinares sobre las causas. Esta reforma responde plenamente a los parámetros del 'populismo punitivo' en el que se utiliza el derecho penal guiados por tres ideas: 1. Que endureciendo penas se puede reducir el delito. 2. Que las penas ayudan a reforzar el consenso moral existente en la sociedad. 3. Que hay unas ganancias electorales producto de este uso. Por último, habría que reseñar la desproporcionalidad de las penas si se tiene en cuenta la respuesta punitiva de otros delitos, como los delitos de corrupción o contra la hacienda pública, dónde los grandes defraudadores eluden la prisión pagando.