Enmienda núm. 34

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

Artículo único. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuatro. Disposición transitoria cuadragésima sexta

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Cuatro. Se introduce una nueva disposición transitoria cuadragésima sexta con la siguiente redacción: «Disposición transitoria cuadragésima sexta. Transferencia excepcional y voluntaria a la Tesorería General de la Seguridad Social de los derechos económicos acumulados en las mutualidades de previsión social autorizadas para actuar como alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 1. Los profesionales colegiados que estén o hayan estado incluidos en una o varias mutualidad es de previsión social de las previstas en el tercer párrafo del apartado 1 de la disposición adicional decimoctava con anterioridad al 1 de enero de 2013 podrán solicitar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de esta disposición, integrarse en el régimen especial de trabajadores autónomos la transferencia voluntaria de los derechos económicos fondos acumulados en las mutualidades en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Para solicitar la transferencia de los derechos económicos deberán concurrir los siguientes requisitos en el momento de la solicitud: a) Carecer del periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social. b) Encontrarse en activo como profesional colegiado en la respectiva mutualidad a fecha 31 de diciembre de 2022. c) No tener la condición de pensionista a cargo de ningún régimen público ni de la respectiva mutualidad alternativa. 2. Reglamentariamente se establecerán los términos y condiciones de la trasferencia de derechos, y para la conversión de dichos derechos a períodos cotizados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia el 0,77 a fin de tener en cuenta las contingencias excluidas y sin que en ningún caso pueda ser inferi or al 0,67 ni superior al 0,87. 3. 2. Dicha trasferencia incorporación conllevará el encuadramiento obligatorio e irreversible en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos del profesional colegiado para la actividad que determinó esta transferencia. e implicara la transferencia a la Tesoreria General de la Seguridad Social de los fondos acumulados en los productos o seguros utilizados por las mutualidades para cumplir con la función alternativa por el interesado en la/s citada/s mutualidad/es, y se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios y efectos: 2.1 Se considerarán acreditados como períodos cotizados al Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos, todos aquellos períodos en que se haya aportado a las mutualidades profesionales alternativas u obligatorias para el ejercicio de su actividad por parte del profesional colegiado. Para determinar los periodos cotizados como alternativos en las mutualidades se establecerán los adecuados mecanismos de intercambio de información que permitan su acreditación. 2.2 Para la determinación del importe de las bases de cotización en el RETA de los períodos de alta en la/s mutualidad/es, se tomará las aportaciones o cuotas efectivamente realizadas por el interesado cada mes de alta, obteniéndose a partir de las mismas la correspondiente base de cotización, que resultará de aplicar a la aportación o cuota mensual, los tipos de cotización que en cada momento hubiera correspondido a un trabajador del RETA, obteniéndose así el importe mensual de la respectiva base de cotización mensual al RETA. 2.3 En ningún caso, las bases de cotización resultantes del punto anterior podrán superar la base máxima de cotización vigente en cada momento. Por el contrario, las bases de cotización resultantes sí podrán resultar de importe inferior al de la base mínima de cotización vigente en cada momento. 2.4 Sin perjuicio de la transferencia de los derechos a la Seguridad Social, los fondos correspondientes se mantendrán bajo la gestión de la mutualidad alternativa de la que hubiera formado parte el profesional hasta el momento en el que cause la prestación de jubilación, de fallecimiento o, en su caso, de incapacidad permanente. 2.5 Una vez realizada la opción de integración al RETA, el interesado pasará a ostentar la condición de afiliado, en su caso, en alta, y a su vez, y/o en su momento, la condición de beneficiario del sistema público de Seguridad Social con los Derechos y Obligaciones que el art. 7.1.b) de la LGSS reconoce a los trabajadores comprendidos en su campo de aplicación. 2.6 Las transferencias que se realicen a la Tesorería General de la Seguridad Social de los fondos acumulados que derivan de aportaciones del ejercicio de la opción por el RETA que se regula en la presente Disposición Transitoria estarán exentas de tributación o sujeción a cualquier impuesto, tasa o gravamen. Respecto a los mutualistas que decidieran no acogerse a este derecho y mantuvieran su condición de mutualistas alternativos o complementarios (alternativos), en el momento de rescate se les aplicarán las bonificaciones o exenciones fiscales hasta la cantidad que represente la pensión anual media en cada momento, solicitando una minoración en este impuesto en esos periodos y condiciones. 2.7 La opción de incorporación al RETA regulada en la presente Disposición Transitoria debe basarse necesariamente en una adecuada valoración de la situación por los interesados, por lo que el desarrollo reglamentario de las condiciones de ejercicio de dicha opción deberá necesariamente prever un sistema que garantice al interesado una información completa, transparente y comprensible de todos los datos necesarios que le permitan adoptar una decisión informada, tanto de los derechos económicos de los que dispone para transferir a la TGSS, como de las consecuencias que dicha transferencia o el mantenimiento en la mutualidad habría de suponer, respecto de posibles pensiones futuras en el RETA o en la mutualidad. 2.8 Cuando el que opte por la incorporación al RETA sea un pasivo, esto es, un profesional que se encuentre percibiendo ya la prestación de jubilación de una mutualidad en la fecha de entrada en vigor de la presente Disposición Transitoria, y dada la existencia de diversas modalidades de cobro de las prestaciones de jubilación en las mutualidades, se procederá de la siguiente manera: se hará el cálculo de la pensión que le hubiera correspondido en el RETA en la fecha de acceso a la jubilación en la mutualidad. La pensión así obtenida se actualizará hasta la fecha de opción y se iniciará el pago de la misma desde tal fecha. Al mismo tiempo se obtendrá el importe de los derechos económicos que el interesado tenía en la mutualidad en la referida fecha de acceso a la jubilación, y el remanente o derechos económicos aun no consumidos en la fecha de incorporación que serán transferidos por la mutualidad a la Tesorería General de la Seguridad Social. Adicionalmente el interesado deberá transferir a la TGSS y a su cargo, aquello en lo que excedan los derechos económicos ya consumidos respecto del importe acumulado o suma de las teóricas pensiones del RETA que se hubieran devengado desde la fecha de acceso a la jubilación en la mutualidad y hasta fecha de incorporación al RETA. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos para que dicha transferencia del exceso de los derechos económicos ya consumidos pueda ser realizada de forma fraccionada, descontándola de la pensión a percibir desde la incorporación al RETA. 2.9 En el caso de aquellos mutualistas que han ejercido el rescate o disposición de los fondos acumulados en los seguros utilizados por las mutualidades para cumplir con la función alternativa, y opten por la transferencia de sus fondos al RETA el interesado deberá transferir a la TGSS y a su cargo, la cuantía rescatada o dispuesta. Reglamentariamente podrán establecerse mecanismos para que dicha transferencia del exceso de los derechos económicos ya consumidos pueda ser realizada de forma fraccionada, descontándola de la pensión a percibir desde la incorporación al RETA. 2.10 Cuando el que opte por la incorporación al RETA cuente con períodos simultáneos de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social, en el momento de causar pensión de jubilación en el RETA, a las bases de cotización que se tomen en consideración se le sumarán las correspondientes al período de cotización simultánea en el referido régimen de la Seguridad Social, siempre que así lo solicite el interesado. 2.11 En tanto la brecha de género sea superior al 5 por ciento en los términos de la Disposición Adicional trigésima séptima de la LGSS; para el cálculo de la pensión de jubilación de las mujeres trabajadoras que hubieran sido mutualistas obligatorias, es decir, en períodos en los que no se permitía el alta en el RETA, y que hayan optado por la incorporación al RETA regulada en la presente Disposición Transitoria, se aplicará el sistema de integración de periodos sin obligación de cotizar previsto en el art. 209.1 y en la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la LGSS, pese a que dicho sistema está previsto exclusivamente para la jubilación de en el régimen general. 2.12 En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la opción regulada en la presente Disposición Transitoria, se procederá a desarrollar reglamentariamente las condiciones de ejercicio de presente opción excepcional y voluntaria de incorporación al RETA.»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

La Proposición de Ley pretende establecer limitaciones en cuanto a los mutualistas que pueden acceder a la opción de incorporación al RETA, de forma que sólo podrían acceder quienes hubieran estado dados de alta en una mutualidad antes del 01/01/2013, y se encontrasen en activo como profesional colegiado en dicha mutualidad en fecha 31/12/2022, exigiéndose además que carezcan del período de cotización mínimo para generar una pensión en el sistema público, y adicionalmente, no tengan tampoco la condición de pensionista -sin excluir siquiera la viudedad-, ya sea en el que denominan 'sistema público' o en una mutualidad. Debe permitirse la pasarela a todo aquel que haya realizado aportaciones a mutualidades alternativas, con total independencia de las fechas de alta en la respectiva mutualidad, y con independencia también del mayor o menor grado de vulnerabilidad o de desprotección del mutualista, ya que, si defendemos como solución a la problemática de las mutualidades la opción de una forma de 'pasarela' al RETA, en la medida que se reconoce el derecho básico generado por el mutualista al haber estado dado de alta en un sistema sustitutivo del público cuya existencia y naturaleza deriva de un marco normativo mantenido invariable y conscientemente por el Estado legislador, en contra del deber constitucional de universalidad y suficiencia del sistema público de Seguridad Social (art. 41 CE), Estado legislador que además ha mantenido el referido marco normativo hasta la actualidad (año 2025), pese a ser plenamente consciente, al menos desde el RD 1430/2002, de la limitación de las prestaciones que dicho sistema de las mutualidades generaba, y es por ello que el sistema que propuesto, sin otorgar al mutualista ventaja ni privilegio alguno, debe permitirle, en cuanto acceso al sistema, acceder en todo caso y teniendo en cuenta sus periodos de mutualidad, al sistema público de la Seguridad Social, sin exclusiones temporales y sin exigencias de vulnerabilidad. Todo ello, además, coincide con concretas recomendaciones del Consejo de la Unión Europea relativas a las medidas que deben adoptar los Estados respecto del acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia (Recomendación del Consejo de la U.E. de 8 de noviembre de 2019 relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia). En segundo lugar, la Proposición de Ley plantea un sistema que se conoce como de 'compra' de años de cotización en el sistema del RETA de la Seguridad Social, consistente en dar a cambio el importe de las cotizaciones realizadas a las mutualidades, si bien ello se pretende realizar utilizando las aportaciones individualizadas de cada Mutualista para 'rellenar' con ellas las bases de cotización mínimas de cada mes que se compra, de manera que con el capital acumulado en la mutualidad se van comprando meses de cotización a base mínima de cotización del RETA, siendo el período de cotización finalmente reconocido en el RETA, el número total de meses a base mínima que se consiga totalizar -comprar- con el capital total aportado a la mutualidad. Con dicho sistema resulta que extensas carreras de cotización a la mutualidad de por ejemplo 30 años, quedan reducidas a poco más de la mitad (entre 15 y 20 años ya que la Proposición de Ley no acaba de concretar el coeficiente modulador que finalmente deberá aplicarse). Es necesario un sistema diferente al de la 'compra' de períodos, y nuevamente no para dar un trato privilegiado de los mutualistas alternativos, sino porque en la adecuada comprensión de la problemática de los mutualistas, la posible solución de una 'pasarela' es la forma de reconocer el derecho que se habría generado por los mutualistas, al haber permanecido de alta en el sistema que legalmente ha mantenido el Estado y cuyas normas lo han presentado en todo momento como sustitutivo del sistema público, resultando que si eso era así, si realmente era sustitutivo (obligatorio primero y alternativo después, pero sustitutivo), no se puede sino que ofrecer a los mutualistas un sistema de pasarela que respete los principios básicos del sistema público de Seguridad Social, del que el sistema de las mutualidades ha sido y es sustitutivo, y por ello y sin establecer trato privilegiado alguno a los mutualistas, debemos acudir para establecer el modo de traspaso y reconocimiento de derechos en la 'pasarela', a un modelo y a una lógica propia del sistema público de Seguridad Social. Por ello, siguiendo dicho planteamiento, se debe partir del hecho de que en la protección de la Seguridad Social se distingue entre: a) el acceso a la protección, y b) la intensidad en la protección, y que adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha señalado que en el sistema de la Seguridad Social no tiene por qué existir una correspondencia o relación directa entre cuota-prestación. Y de acuerdo con dichos principios y lógica, la pensión de jubilación es el resultado de multiplicar un porcentaje que se fija en función del número de años cotizados (a) acceso al derecho), que debe multiplicarse por la media aritmética de aquello por lo que se ha venido cotizando durante un largo período de años (b) intensidad de la protección). En tal sentido el acceso a la protección en nuestro sistema de Seguridad Social, se consigue una vez alcanzado un mínimo de 15 años de alta en el sistema, mientras que la intensidad de la protección depende del mayor o menor importe de las cotizaciones mensuales que realice el trabajador. De acuerdo con dicha lógica, la solución o 'pasarela' sin 'regalar' nada a los profesionales mutualistas, ninguna cotización o cuantía que exceda de lo que efectivamente se ha aportado por el profesional a su mutualidad hasta la fecha de acceso a la 'pasarela' (intensidad de la protección), lo que por el contrario, sí constituye un mínimo de la respuesta legislativa (de la 'pasarela') que debe reconocer el Estado, es la de habilitar un sistema de acceso al derecho, conforme al cual, cada día de cotización a las mutualidades se considere como un día de alta en el RETA, como tiempo para acceder a la protección, por más que, en cuanto a la cuantía (intensidad de la protección) de aquello por lo que se cotiza, efectivamente el importe de las cotizaciones reconocidas, ha de ser el resultado de repartir entre los años a tomar en consideración (actualmente como máximo 25 años, y en breve 27 años de 29) el importe total de las aportaciones realizadas por el mutualista a su respectiva mutualidad. Esto es un sistema de pasarela 1 x 1, que significa que entendemos que la solución al problema debe venir por la vía de reconocer tantos años de cotización al sistema de la seguridad social, como años en la mutualidad se haya estado de alta. Lo cual nos garantiza aquello a lo que los Mutualistas debieron tener derecho en todo caso, que es la posibilidad de acceder a la protección del sistema público a partir de los 15 años de cotización, y a mejorar el porcentaje de su pensión de jubilación con cada año adicional de cotización por encima de los 15 años. En tercer lugar, la Proposición de Ley no da respuesta a la situación en la que se encuentran los que ya han accedido a la jubilación o la prestación de la respectiva mutualidad, es decir los pasivos o pensionistas, respecto de los que nada propone la referida Proposición de Ley. Y es que más allá de situaciones de vulnerabilidad que especialmente en este caso no pueden despreciarse, pues sin duda existen en una parte importante del colectivo, entendemos que para dicho colectivo, nos encontramos nuevamente y con más motivo si cabe que los activos, ante una cuestión de Derecho generado por los mismos, y derivado del hecho de haber venido cumpliendo durante larguísimos períodos con el marco jurídico fijado y mantenido por el Estado legislador como sustitutivo del sistema público de Seguridad Social, y que por tal motivo no puede dejárseles fuera de una solución a la que tienen el mismo derecho, y en algunos casos, con mayor intensidad que los mutualistas que aún no se han jubilado. Si bien la situación de los pasivos o jubilados y la resolución de su concreta problemática, plantea problemas adicionales como el de que en muchos casos no se disponga o se haya consumido ya, una parte del capital a aportar al RETA en una eventual 'pasarela', esta debe ser objeto de un tratamiento y respuesta específica. 2.1 Este punto de la enmienda contiene la materialización normativa del sistema 1 x 1 de reconocimiento un día cotización al RETA por cada día alta en la mutualidad. 2.2 contiene la materialización normativa de lo calificado como intensidad de la protección, de manera que en dicho punto se regula la forma en que quedarán fijadas las bases de cotización del interesado una vez haya optado por incorporarse al RETA. 2.3 En este punto y con el criterio de respeto de la lógica del sistema de Seguridad Social, se establece que la conversión de cuota en base de cotización, no podrá dar como resultado una base de cotización superior a la máxima del año en cuestión para no beneficiar injustificadamente al interesado, de manera que si sus bases de cotización resultantes de las cuotas aportadas a la mutualidad resultan en algún caso de un importe inferior a la base mínima de cotización, esa base de cotización se mantiene en dicho importe. 2.4 Las mutualidades están sometida a las normas aseguradoras donde se establece la obligación de disponer de inversiones adecuadas para poder casar los compromisos aseguradores de las pólizas suscritas, a los flujos y vencimientos de las inversiones afectas a las mismas. Por esta razón, las mutualidades al igual que las aseguradoras tienen inversiones realizadas con distintos plazos de vencimiento coincidiendo con el momento de los flujos de salidas, en este caso las jubilaciones de los mutualistas, por lo que alterar las fechas de la salida de los fondos acumulados que iban destinados a la jubilación, puede alterar el equilibrio técnico de las entidades si hay que deshacer la posición de esas inversiones. Con esta petición se pretende, como ya se ha indicado, favorecer la estabilidad de las mutualidades que gestionan los ahorros de los mutualistas. No se pone en duda ni en cuestión que se lleve a cabo la transferencia de los derechos económicos al Sistema Público de la Seguridad Social y se establece como fecha del traspaso por parte de la mutualidad, el momento en el que el mutualista cause el derecho a la prestación que tiene asegurada. En el caso de que no se produzca un traspaso de fondos de forma escalonada como se propone y se produzca una transferencia masiva de los mismos, esto podría afectar a la estabilidad financiera de unas entidades que a día de hoy son perfectamente solventes. 2.5 La opción por la incorporación al RETA es lógicamente irreversible, pero además implica que el interesado pasa a formar parte del campo de aplicación del Sistema de la Seguridad Social a todos los efectos y con plenitud de derechos y obligaciones, consecuencia que además ha de ser reconocido como uno de los objetivos básicos de la Proposición de Ley por ser una consecuencia constitucionalmente exigible. 2.6 Una medida como la prevista en dicha Disposición Transitoria debe estar exenta de cualquier gravamen fiscal, si bien, entendemos que resulta imprescindible que la norma con rango de Ley que la apruebe contenga expresamente dicha exención. 2.7 No puede articularse una medida como la prevista en la Proposición de Ley, si la misma no es voluntaria, pero además y especialmente, la medida sólo puede ser realmente voluntaria, si la persona que decide cuenta con la información suficiente para adoptar dicha decisión. Tanto la solución que se propone, como la materia en cuestión, alcanzan a día de hoy un nivel de complejidad que hace imposible que alguien sin conocimientos técnicos muy especializados pueda conocer si la opción de integración en el RETA le conviene realmente. Es por ello que resulta imprescindible que la aprobación de dicha medida vaya acompañada de un sistema efectivo que garantice que el interesado dispone de la información completa, transparente y comprensible de todos los datos necesarios que le permitan adoptar una decisión informada, tanto de los derechos económicos de los que dispone para transferir a la TGSS, como de las consecuencias que dicha transferencia o el mantenimiento en la mutualidad habría de suponer, respecto de posibles pensiones futuras en el RETA o en la mutualidad. 2.8 Resulta necesario reconocer la opción de acceso al RETA a los mutualistas pasivos. En tal sentido y reconociendo las dificultades que dicha integración puede plantear, especialmente teniendo en cuenta las diversas modalidades de cobro de prestaciones que existen en las mutualidades, que en ciertos casos pueden suponer que el interesado haya consumido una parte importante el capital que garantizaba su pensión en la mutualidad, se ha articulado un sistema de compensación que compense de manera justa el eventual reconocimiento de una pensión de jubilación en el RETA. 2.9 Tener en cuenta los casos de mutualistas que han rescatado sus fondos acumulados en los períodos que habían cesado como alternativos 2.10 La regulación de un sistema de incorporación al RETA debe prever necesariamente la solución al caso de que además del alta en la mutualidad, el interesado haya cotizado de manera simultánea a cualquier régimen de la Seguridad Social, situación para la que se ha articulado un sistema de suma o totalización de las cotizaciones mensuales equivalente al previsto en el art. 49 LGSS, que prevé un cierto cómputo reciproco de cotizaciones y que como en dicho sistema será en todo caso de aplicación voluntaria para el interesado, con el resultado de que se permite sumar las cotizaciones que se reconozcan por el alta en la mutualidad y las que para el mismo mes, deriven del alta simultánea en cualquier régimen de la Seguridad Social. 2.11 Establece una previsión relativa a que respecto de las mujeres y en concreto para aquellas que hayan ostentado la condición de mutualistas obligatorias, es decir, que causaron alta en mutualidades en períodos en los que no estaba permitido el alta en el RETA para el ejercicio de concretas profesiones, a fin de paliar la brecha de género y además, la clara afectación que ha tenido en las mismas la doble discriminación en el importe de las pensiones y por el hecho de no haber podido cotizar, por imposibilidad legal, en el RETA, proponemos la adopción de una serie de medidas: en primer lugar la articulación de un sistema de integración de lagunas equivalente al menos al que está previsto en la actualidad en el Régimen General de la Seguridad Social que es más largo para las mujeres y que será aplicable a las Mutualistas que se incorporen al RETA (pese a no integrarse en el Régimen General de la Seguridad Social); y en segundo lugar deberá aplicarse, en este caso, a todas las mujeres mutualistas que opten por incorporarse al RETA y como integrantes del Sistema de Seguridad Social, los dos beneficios de cotización ficticia por parto y por cuidado de hijos de los arts. 235 y 236 LGSS, así como también cualquiera otra previsión normativa en materia de complemento para la reducción de la brecha de género como la del art. 60 LGSS en su redacción actual (pese a la reciente Sentencia del TJUE) o cualquier previsión que se pueda aprobar en el futuro como consecuencia de dicho pronunciamiento del TJUE. 2.12 Una previsión normativa como la de la presente Proposición de Ley, deberá ser objeto de desarrollo reglamentario, el cual deberá llevarse a cabo en un período no superior a los seis meses en atención a la necesidad de ofrecer una urgente solución a un problema que se prolonga ya por demasiado tiempo y cuya no resolución afecta de manera significativa a una parte importante del colectivo que permanece en situación de clara vulnerabilidad.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya