Enmienda núm. 24

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario RepublicanoGrupo Parlamentario Euskal Herria BilduGrupo Parlamentario Plurinacional SUMARNéstor Rego Candamil

Artículos nuevos

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Artículo quinto. Modificación de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. 1. Se añade un apartado 4 al artículo, que tendrá el siguiente contenido: «4. Se investigarán y documentarán las formas de LGTBIfobia, discriminación y violencia específica que sufren las personas LGTBI, incluyendo las prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género en España. El diseño de las encuestas, estudios, investigaciones y demás medios de análisis y documentación de la discriminación y violencia contra las personas LGTBI, se hará desde una óptica interseccional, prestando especial atención a las personas LGTBI racializadas, migrantes, neurodivergentes, en situación de diversidad funcional, a las personas trans y de género no binario, a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, a las personas menores LGTBI y mayores LGTBI, así a las personas LGTBI de colectivos religiosos y a las personas LGTBI en situación de exclusión socioeconómica. Se designará una autoridad competente a la que encargarle el diseño, realización y publicación periódica y temática de estos estudios, encuestas e investigaciones.» 2. Se añaden los apartados f) a h) al artículo 16.1, que tienen el siguiente contenido: «f) Aprobar y desarrollar protocolos y buenas prácticas que faciliten la identificación temprana y garanticen la protección de las personas que puedan estar siendo sometidas a prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o a otro tipo de violencia específica que sufren las personas LGTBI. Especialmente en el ámbito de la psiquiatría y de la salud mental. g) La autoridad competente en materia de sanidad, en colaboración con el Consejo General de la Psicología de España y con el Consejo General de Colegios de Médicos de España, así como con cualquier otra institución relevante, elaborará una guía de buenas prácticas en lo relativo al tratamiento clínico y psicológico, así como al acompañamiento apropiado, de las personas LGTBI con conflicto con su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, atendiendo a los consensos científicos y profesionales imperantes a nivel internacional y nacional. Este documento identificará claramente los límites y las formas de acompañamiento apropiadas de profesiones no reguladas o de acompañamientos espirituales. Así mismo, también elaborará recomendaciones y protocolos de identificación y de trato adecuado a personas víctimas o potencialmente víctimas de prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. h) Se coordinará un mecanismo para garantizar que los centros de salud, así como los centros de salud mental y de internamiento desarrollen protocolos estandarizados para garantizar que a las personas internas y a los pacientes no se les someta a prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, así como para identificar este tipo de situaciones de violencia.» 3. Se modifica el artículo 17, que tendrá la siguiente redacción: «Se prohíbe la práctica, promoción y difusión de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en cualquier forma, destinados a modificar, reprimir, eliminar, desalentar o negar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. También se prohíbe la creación y difusión de materiales, eventos y contenidos con las finalidades anteriores, y la diseminación de información falsa al objeto de justificar la eficacia e inocuidad de aquellos. Así mismo, se prohíbe forzar a terceras personas a que sean sometidas a estas prácticas o trasladarlas del territorio de aplicación de esta norma para que sean sometidas a las mismas.» 4. Se añade un apartado d) al artículo 21.1, que tendrá la siguiente redacción: «d) Diseñarán e implementarán planes y protocolos de identificación temprana y buenas prácticas que contemplen la asistencia individualizada y garantía de los derechos de las personas LGTBI que puedan estar siendo víctimas de prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, así como garantizarán la formación del profesorado en lo relativo a la ineficacia y riesgos asociados de estas prácticas.» 5. Se añade el siguiente texto al apartado b) del artículo 22, que tendrá la siguiente redacción: «Ofreciendo capacitación específica para la identificación de potenciales víctimas de prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.» 6. Se añade el siguiente párrafo al artículo 24, que tendrá la siguiente redacción: «Así mismo, se divulgará información sobre la ineficacia y riesgos asociados a las prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, así como la relativa a la imposibilidad de modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o expresión de género de las personas mediante ninguna práctica, procedimiento, acto o acompañamiento.» 7. Se añade un apartado 5 al artículo 36, que tiene el siguiente contenido: «5. Las autoridades competentes en la asignación y concesión de fondos públicos para la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo velarán porque dichos recursos públicos no se destinen a organizaciones, instituciones ni personas de terceros estados que practiquen o promuevan prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género en su estado de origen o en terceros estados. Para garantizar este fin, la autoridad competente establecerá los mecanismos de control necesarios, así como requerirá la información pertinente y someterá a dichos organismos, instituciones o personas perceptoras de fondos a auditorías externas e imparciales, así como a cualquier otro procedimiento de control. Los resultados de estas auditorías se harán públicos.» 8. Se añade un apartado 4 al artículo 69, que tendrán el siguiente contenido: «4. Cuando una autoridad pública o funcionario tenga sospecha de que una persona menor puede estar siendo víctima de prácticas de conversión de la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género; actos de violencia; LGTBIfobia y/o discriminación en infracción de las prohibiciones y de lo dispuesto en esta norma, tiene el deber de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, las autoridades policiales y las autoridades competentes en materia de Servicios Sociales.» 9. Se modifica el apartado d) del artículo 79.4, que pasará a tener la siguiente redacción: «La promoción, difusión o publicidad de actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar, desalentar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género a través de cualquier medio; así como la producción o la difusión de materiales con la finalidad de perpetrar o promover estas prácticas.» 10. Se añaden los literales f) y g) al apartado 3 del artículo 80, que tienen la siguiente redacción: «f) El cese, interrupción y/o retirada permanente de los servicios de la sociedad de la información que vulneren lo dispuesto en esta norma, sirviéndose de adoptar resoluciones ordenando el bloqueo e impedimento de acceso a dichos portales web dirigidas a los operadores de redes, proveedores de acceso e intermediarios de servicios de la sociedad de la información, conforme a lo dispuesto en los arts. 8 y siguientes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. g) El decomiso, incautación y destrucción de los materiales y cualesquiera otros objetos y/o soportes a través de los cuales se haya infringido lo dispuesto en esta norma o se promuevan conductas contrarias a la misma.»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Se proponen las siguientes enmiendas en atención a lo expuesto infra, cada numeral se corresponde con cada una de las adiciones que se plantean: (1) No existen estudios sobre la magnitud, prevalencia, extensión, sistematicidad y formas de violencia específica que sufren las personas LGTBI; y, específicamente, la ue se produce en contexto de terapias de conversión. Ello determina que esté ampliamente invisibilizada y se carezca de datos para diseñar políticas públicas apropiadas. La reciente encuesta de 2023 ‘EU LGBTIQ Survey III’ de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE recoge que un 21 % de los encuestados españoles contestaron afirmativamente a la pregunta de si «había experimentado alguna práctica de conversión dirigida a modificar su orientación sexual o identidad de género». Esto amerita que se recaben datos a nivel nacional para obtener más información sobre esta cifra tan alarmante. (2) Es imprescindible que exista una guía de buenas prácticas que oriente el ámbito de acción de las profesiones reguladas encargadas de atender a la población LGTBI cuya identidad de género, orientación sexual u expresión de género les cause malestar; así como que permitan conocer por las autoridades y la ciudadanía cuáles son los estándares de tratamiento adecuado que han de recibir las personas LGTBI que buscan acompañamiento en relación con su orientación sexual, identidad y/o expresión e género. Esto permitiría además tutelar y limitar el ámbito de acción de profesiones no reguladas o que ofrecen materiales y acompañamientos alternativos que proponen la anulación o modificación de la orientación sexual, identidad o expresión de género, al contarse con guías oficiales de buenas prácticas y de recomendaciones de acompañamiento consensuadas por las organizaciones profesionales y las instituciones estatales referentes en la materia. (3) La ampliación del artículo 17 de la Ley 4/2023 para crear una tutela y prohibición integral de las prácticas de conversión, ilegalizando su difusión y promoción; así como expresamente prohibiendo conductas que se emplean para perpetrar estas prácticas o para captar a víctimas de las mismas. (4) Busca evitar que las personas menores sean captadas por perpetradores o promotores de terapias de conversión en centros educativos, así como capacitar a los profesores para identificarlas si están siendo victimizadas en otros entornos. Máxime, a la vista de que en la actualidad hay varias denuncias contra centros educativos en los que profesores captaban a víctimas para someterlas a terapias de conversión, como el caso del Colegio Madre Josefa Campos de Alaquás. (5) Ibid. (6) Los programas han de abordar explícitamente formación y materiales informativos sobre la diversidad sexual y de género como una variación normal de la sexualidad e identidad humana, al objeto de que el alumnado y las familias dispongan de información sobre la ineficacia de las terapias de conversión y sus riesgos; y sea más difícil engañarles para que acepten someterse a terapias de conversión. (7) En julio de 2021 se publicó una investigación llevada a cabo por OpenDemocracy que descubrió que centros de países de Asia, África y Latinoamérica que recibían fondos para la cooperación internacional y al desarrollo por parte de agencias como USAID, el Fondo Mundial (de lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis) o la ONG británica MSI Reproductive Choices, perpetraban en sus países ECOSIEG. Es decir, que el dinero dedicado a la cooperación internacional se dedicaba, indirectamente, a financiar ECOSIEG o «terapias de conversión» en los países receptores de dichos fondos. Las terapias de conversión financiadas con fondos para la cooperación, según denuncian organizaciones LGTBI africanas, comportaban maltrato físico y acoso psicológico. OpenDemocracy, en su investigación, afirma haber visitado centros que ya estaban en el radar de investigadores por su trato a las personas LGTBI en África oriental. Además, en 12 de los 15 centros estudiados, se comprobó que efectivamente se producían terapias de conversión. A veces, incluso, se medicaba sin control con sedantes a las personas a su cargo, muchas de ellas menores de edad. El objetivo es evitar que esto se produzca en España. (8) Es imprescindible incluir la obligación de denuncia e intervención del Ministerio Fiscal y servicios sociales en casos de terapias de conversión en los que estén involucrados los progenitores de las víctimas, debiendo crearse una obligación a las autoridades para que remitan este tipo de hechos a la Fiscalía y a Servicios Sociales, especialmente teniendo en cuenta los informes que señalan que servicios públicos de atención a personas LGTBI y centros hospitalarios hicieron sistemáticamente oídos sordos ante casos que atendieron de terapias de conversión. (9) Se modifica esta infracción para evitar que se pene doblemente, en la vía penal y la administrativa la práctica de terapias de conversión. Se incluyen otras conductas a la vista de que actualmente las terapias de conversión han tomado nuevas formas y se han aprovechado del internet y de las nuevas tecnologías para esconderse de la acción de los poderes públicos y captar a más víctimas. (10) Para dotar de una eficacia reforzada a estas infracciones y teniendo en cuenta que las sanciones económicas no son óbice para el actuar de los perpetradores —que continúan ofertando y proporcionando servicios de «terapias de conversión» así como produciendo información y materiales engañosos al objeto de justificar falsamente estas prácticas—, conviene incluir otras sanciones que garanticen la cesación en estas prácticas y conductas por parte de los responsables, después de ser sancionados.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario RepublicanoGrupo Parlamentario Euskal Herria BilduGrupo Parlamentario Plurinacional SUMARNéstor Rego Candamil(Grupo Parlamentario Mixto)