de las medidas a adoptar, en los términos que reglamentariamente se determinen.
En los supuestos de ausencia de representación legal de las personas trabajadoras en la empresa o centro de trabajo, éstas podrán atribuir su representación para el periodo de consultas y la conclusión de un acuerdo a una comisión designada
conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4.
3. Recibida la solicitud, la autoridad laboral comprobará que la misma reúne los requisitos exigidos, requiriendo, en caso contrario, su subsanación por el empresario en un plazo de diez días, con advertencia de que, si así no lo hiciere,
se le tendrá por desistido de su petición, con archivo de las actuaciones.
La autoridad laboral comunicará la iniciación del expediente a la entidad gestora de la prestación por desempleo y recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las causas motivadoras del
expediente, y cuantos otros resulten necesarios para resolver fundadamente. Los informes habrán de ser evacuados en el improrrogable plazo de diez días y deberán obrar en poder de la autoridad laboral antes de la finalización del período de
consultas a que se refieren los apartados 2 y 4 del presente artículo, quien los incorporará al expediente una vez concluido aquél.
Si, durante la tramitación del expediente, la autoridad laboral tuviera conocimiento de que por parte del empresario se están adoptando medidas que pudieran hacer ineficaz el resultado de cualquier pronunciamiento, aquélla podrá recabar del
empresario y de las autoridades competentes la inmediata paralización de las mismas.
Cuando la extinción afectase a más del 50 por 100 de las personas trabajadoras, se dará cuenta por el empresario de la venta de los bienes de la empresa, excepto de aquellos que constituyen el tráfico normal de la misma, a la representación
legal de las personas trabajadoras y, asimismo, a la autoridad competente.
4. La consulta con la representación legal de las personas trabajadoras, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la tramitación del expediente de regulación de empleo, tendrá una duración no inferior a treinta días naturales
y deberá versar sobre las causas motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para las personas trabajadoras afectadas, tales como medidas de
recolocación que podrán ser realizadas a través de empresas de recolocación autorizadas o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.
En todo caso, en las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, se deberá acompañar a la documentación iniciadora del expediente un plan de acompañamiento social que contemple las medidas anteriormente señaladas.
Durante el período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo.
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los miembros del comité o comités de empresa, de las personas delegadas de personal en su caso, o de representaciones sindicales, si las hubiere que, en el ámbito de la comisión
negociadora correspondiente, representen a la mayoría de aquéllas.
A la finalización del o de las consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado de las mismas, así como el contenido definitivo de las medidas o del plan señalados anteriormente. El empresario y la representación de
las personas trabajadoras podrán acordar en cualquier momento la sustitución del período de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo
señalado para dicho período.
5. Cuando el período de consultas concluya con acuerdo entre las partes, la autoridad laboral procederá a dictar resolución en el plazo de siete días naturales autorizando la extinción de las relaciones laborales y dando traslado de la
misma a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a la entidad gestora de la prestación por desempleo. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida extintiva en los términos
contemplados en el acuerdo.
No obstante a lo dispuesto en el párrafo anterior, si la autoridad laboral apreciase, de oficio o a instancia de parte, la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo, lo remitirá, con suspensión de
plazo para dictar resolución, a la autoridad judicial, a efectos de su posible declaración de nulidad. Del mismo modo actuará cuando, de oficio o a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo, estimase que el acuerdo pudiera tener
por objeto la
obtención indebida de las prestaciones por parte de las personas trabajadoras afectadas por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.
6. Cuando el período de consultas concluya sin acuerdo, la autoridad laboral, aplicando los criterios establecidos reglamentariamente, dictará resolución estimando o desestimando, en todo o en parte, la solicitud empresarial. La resolución
se dictará en el plazo de quince días naturales a partir de la comunicación a la autoridad laboral de la conclusión del período de consultas; si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la medida
extintiva en los términos de la solicitud.
La resolución de la autoridad laboral será motivada y congruente con la solicitud empresarial. La autorización procederá cuando de la documentación obrante en el expediente se desprenda que concurre la causa alegada por el empresario y la
razonabilidad de la medida en los términos señalados en el apartado 1 de este artículo.
7. Quienes ostenten la condición de representantes legales de las personas trabajadoras tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo.
8. Las personas trabajadoras cuyos contratos se extingan de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo tendrán derecho a una indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de
tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades.
9. Las personas trabajadoras, a través de su representación legal, podrán solicitar igualmente la incoación del expediente a que se refiere el presente artículo, si racionalmente se presumiera que la no incoación del mismo por el empresario
pudiera ocasionarles perjuicios de imposible o difícil reparación.
En tal caso, la autoridad laboral competente determinará las actuaciones y los informes que sean precisos para la resolución del expediente, respetando los plazos previstos en el presente artículo.
10. La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas, previo expediente
tramitado conforme a lo dispuesto en este apartado.
El expediente se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de las personas trabajadoras, quienes ostentarán la condición de
parte interesada en la totalidad de la tramitación del expediente.
La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a las personas trabajadoras afectadas por la extinción de sus contratos sea satisfecha por el Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario.
11. En lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en particular en materia de recursos. Todas las
actuaciones a seguir y las notificaciones que deban efectuarse a las personas trabajadoras se practicarán con la representación legal de las mismas.
12. Las obligaciones de información y documentación previstas en el presente artículo se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos haya sido tomada por el empresario o por la empresa que ejerza el
control sobre él. Cualquier justificación del empresario basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no le ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración a tal efecto.
13. Cuando se trate de expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluyan personas trabajadoras con cincuenta y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de
enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto de las personas trabajadoras anteriormente señaladas en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.'
Tres. Modifícase o artigo 51, que queda redactado do seguinte modo:
'Artigo 51. Despedimento colectivo.
1. A efectos do disposto na presente Lei entenderase por despedimento colectivo a extinción de contratos de traballo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción cando, nun período de noventa días, a extinción
afecte polo menos a:
a) Dez persoas traballadoras, nas empresas ou centros de traballo que ocupen menos de cen persoas traballadoras.
b) O 10 por cento do número de persoas traballadoras da empresa ou centro de traballo naquelas que ocupen entre cen e trescentas persoas traballadoras.
c) Treinta persoas traballadoras nas empresas ou centros de traballo que ocupen trescentas ou máis persoas traballadoras.
Entenderase que concorren as causas a que se refire o presente artigo cando a adopción das medidas propostas contribúa, se as aducidas son económicas, a superar unha situación económica negativa da empresa ou, se son técnicas, organizativas
ou de produción, a garantir a viabilidade futura da empresa e do emprego na mesma a través dunha máis adecuada organización dos recursos.
Enténdese que concorren causas económicas cando dos resultados da empresa despréndase unha situación económica negativa continuada. Entenderase que concorre unha situación económica negativa continuada cando concorra a existencia de perdas
actuais, non meramente estimadas, ou cando se constate de forma fidedigna unha diminución grave e persistente do seu nivel de ingresos ordinarios que poidan afectar á súa viabilidade. Para estes efectos, a empresa terá que acreditar os resultados
alegados e xustificar que dos mesmos dedúcese a razonabilidad da decisión extintiva.
Enténdese que concorren causas técnicas cando se produzan cambios, no ámbito dos medios ou instrumentos de produción; causas organizativas cando se produzan cambios no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do persoal ou no modo de
organizar a produción e causas produtivas cando se produzan cambios na demanda dos produtos ou servizos que a empresa pretende colocar no mercado. Para estes efectos, a empresa deberá acreditar a concorrencia dalgunha das causas sinaladas e
xustificar que das mesmas dedúcese a razonabilidad da decisión extintiva para evitar unha evolución negativa da empresa.
Entenderase igualmente como despedimento colectivo a extinción dos contratos de traballo que afecten á totalidade do persoal da empresa, sempre que o número de persoas traballadoras afectadas sexa superior a cinco, cando aquel prodúzase como
consecuencia do cesamento total da súa actividade empresarial fundada nas mesmas causas anteriormente sinaladas.
Para o cómputo do número de extincións de contratos a que se refire o parágrafo primeiro deste artigo, teranse en conta así mesmo calquera outras producidas no período de referencia por iniciativa do empresario en virtude doutros motivos non
inherentes ás persoas traballadoras distintos dos previstos no parágrafo c) do apartado 1 do artigo 49 desta Lei, sempre que o seu número sexa, polo menos, de cinco.
Cando en períodos sucesivos de noventa días e co obxecto de eludir as previsións contidas neste artigo, a empresa realice extincións de contratos ao amparo do disposto no artigo 52.c) nun número inferior aos limiares sinalados, e sen que
concorran causas novas que xustifiquen tal actuación, as citadas novas extincións consideraranse efectuadas en fraude de lei, e serán declaradas nulas e sen efecto.
2. O empresario que teña a intención de efectuar un despedimento colectivo deberá solicitar autorización para a extinción dos contratos de traballo conforme ao procedemento de regulación de emprego previsto nesta Lei e nas súas normas de
desenvolvemento regulamentario. O procedemento iniciarase mediante a solicitude á autoridade laboral competente e a apertura simultánea dun período de consultas cos representantes legais das persoas traballadoras.
A intervención como interlocutores ante a dirección da empresa no procedemento de consultas corresponderá ás seccións sindicais cando estas así o acorden, sempre que teñan a representación maioritaria no comité de empresa ou entre as persoas
delegadas de persoal.
A consulta coa representación legal das persoas traballadoras poderá levar a cabo no seo dunha única comisión negociadora ou de varias comisións negociadoras, podendo corresponderse o ámbito de cada unha delas cun centro de traballo concreto
ou cunha agrupación de centros de traballo, quedando excluídos os centros de traballo non afectados polo procedemento. Cada comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece membros en representación de cada unha das partes.
A comisión ou, no seu caso, comisións negociadoras deberán quedar constituídas con carácter previo á comunicación empresarial de apertura do período de consultas. Para estes efectos, a dirección da empresa deberá comunicar de maneira
fidedigna ás persoas traballadoras ou aos seus representantes a súa intención de solicitar autorización para a extinción dos contratos de traballo. No caso de que resulten afectados máis dun centro de traballo, a dirección da empresa deberá acordar
o ámbito da consulta coa representación legal das persoas traballadoras de cada un dos centros de traballo afectados.
A autoridade laboral competente para todos os efectos será correspondente ao ámbito no que se produza a consulta.
A solicitude á autoridade laboral e a comunicación de inicio do período de consultas aos representantes legais das persoas traballadoras deberán ir acompañadas de toda a documentación necesaria para acreditar as causas motivadoras do
expediente e a xustificación das medidas para adoptar, nos termos que regulamentariamente se determinen.
Nos supostos de ausencia de representación legal das persoas traballadoras na empresa ou centro de traballo, estas poderán atribuír a súa representación para o período de consultas e a conclusión dun acordo a unha comisión designada conforme
ao disposto no artigo 41.4.
3. Recibida a solicitude, a autoridade laboral comprobará que a mesma reúne os requisitos esixidos, requirindo, en caso contrario, a súa corrección polo empresario nun prazo de dez días, con advertencia de que, se así non o fixer, teráselle
por desistido da súa petición, con arquivo das actuacións.
A autoridade laboral comunicará a iniciación do expediente á entidade xestora da prestación por desemprego e solicitará, con carácter preceptivo, informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social sobre as causas motivadoras do
expediente, e cuantos outros resulten necesarios para resolver fundadamente. Os informes haberán de ser evacuados no improrrogable prazo de dez días e deberán obrar en poder da autoridade laboral antes da finalización do período de consultas a que
se refiren os apartados 2 e 4 do presente artigo, quen os incorporará ao expediente unha vez concluído aquel.
Se, durante a tramitación do expediente, a autoridade laboral tivese coñecemento de que por parte do empresario están a adoptarse medidas que puidesen facer ineficaz o resultado de calquera pronunciamiento, aquela poderá solicitar do
empresario e das autoridades competentes a inmediata paralización das mesmas.
Cando a extinción afectase a máis do 50 por 100 das persoas traballadoras, darase conta polo empresario da venda dos bens da empresa, excepto daqueles que constitúen o tráfico normal da mesma, á representación legal das persoas traballadoras
e, así mesmo, á autoridade competente.
4. A consulta coa representación legal das persoas traballadoras, quen ostentará a condición de parte interesada na tramitación do expediente de regulación de emprego, terá unha duración non inferior a trinta días naturais e deberá versar
sobre as causas motivadoras do expediente e a posibilidade de evitar ou reducir os seus efectos, así como sobre as medidas necesarias para atenuar as súas consecuencias para as persoas traballadoras afectadas, tales como medidas de recolocación que
poderán ser realizadas a través de empresas de recolocación autorizadas ou accións de formación ou reciclaxe profesional para a mellora da empregabilidade, e para posibilitar a continuidade e viabilidade do proxecto empresarial.
En todo caso, nas empresas de cincuenta ou máis persoas traballadoras, deberase acompañar á documentación iniciadora do expediente un plan de acompañamento social que contemple as medidas anteriormente sinaladas.
Durante o período de consultas, as partes deberán negociar de boa fe con vistas á consecución dun acordo.
Devandito acordo requirirá a conformidade da maioría dos membros do comité ou comités de empresa, das persoas delegadas de persoal no seu caso, ou de representacións sindicais, se as houber que, no ámbito da comisión negociadora
correspondente, representen á maioría daquelas.
Á finalización do ou das consultas o empresario comunicará á autoridade laboral o resultado das mesmas, así como o contido definitivo das medidas ou do plan sinalados anteriormente.
O empresario e a representación das persoas traballadoras poderán acordar en calquera momento a substitución do período de consultas polo procedemento de mediación ou arbitraxe que sexa de aplicación no ámbito da empresa, que deberá
desenvolverse dentro do prazo máximo sinalado para o devandito período.
5. Cando o período de consultas conclúa con acordo entre as partes, a autoridade laboral procederá a ditar resolución no prazo de sete días naturais autorizando a extinción das relacións laborais e dando traslado da mesma á Inspección de
Traballo e Seguridade Social e á entidade xestora da prestación por desemprego. Se transcorrido devandito prazo non recaese pronunciamiento expreso, entenderase autorizada a medida extintiva nos termos contemplados no acordo.
Con todo ao disposto no parágrafo anterior, se a autoridade laboral apreciase, de oficio ou a instancia de parte, a existencia de fraude, dolo, coacción ou abuso de dereito na conclusión do acordo, remitirao, con suspensión de prazo para
ditar resolución, á autoridade xudicial, a efectos da súa posible declaración de nulidade. Do mesmo xeito actuará cando, de oficio ou a pedimento da entidade xestora da prestación por desemprego, estimase que o acordo puidese ter por obxecto a
obtención indebida das prestacións por parte das persoas traballadoras afectadas por inexistencia da causa motivadora da situación legal de desemprego.
6. Cando o período de consultas conclúa sen acordo, a autoridade laboral, aplicando os criterios establecidos regulamentariamente, ditará resolución estimando ou desestimando, en todo ou en parte, a solicitude empresarial. A resolución
ditarase no prazo de quince días naturais a partir da comunicación á autoridade laboral da conclusión do período de consultas; se transcorrido devandito
prazo non recaese pronunciamiento expreso, entenderase autorizada a medida extintiva nos termos da solicitude.
A resolución da autoridade laboral será motivada e congruente coa solicitude empresarial. A autorización procederá cando da documentación obrante no expediente despréndase que concorre a causa alegada polo empresario e a razonabilidad da
medida nos termos sinalados no apartado 1 deste artigo.
7. Quen ostente a condición de representantes legais das persoas traballadoras terán prioridade de permanencia na empresa nos supostos a que se refire este artigo.
8. As persoas traballadoras cuxos contratos se extingan de conformidade co disposto no presente artigo terán dereito a unha indemnización de vinte días de salario por ano de servizo, prorrateándose por meses os períodos de tempo inferiores
a un ano, cun máximo de doce mensualidades.
9. As persoas traballadoras, a través da súa representación legal, poderán solicitar igualmente a incoación do expediente a que se refire o presente artigo, se racionalmente presumísese que a non incoación do mesmo polo empresario puidese
ocasionarlles prexuízos de imposible ou difícil reparación.
En tal caso, a autoridade laboral competente determinará as actuacións e os informes que sexan precisos para a resolución do expediente, respectando os prazos previstos no presente artigo.
10. A existencia de forza maior, como causa motivadora da extinción dos contratos de traballo, deberá ser constatada pola autoridade laboral, calquera que sexa o número de persoas traballadoras afectadas, previo expediente tramitado
conforme ao disposto neste apartado.
O expediente iniciarase mediante solicitude da empresa, acompañada dos medios de proba que estime necesarios e simultánea comunicación aos representantes legais das persoas traballadoras, quen ostentará a condición de parte interesada na
totalidade da tramitación do expediente.
A resolución da autoridade laboral ditarase, previas as actuacións e informes indispensables, no prazo de cinco días desde a solicitude, e fornecerá efectos desde a data do feito causante da forza maior.
A autoridade laboral que constate a forza maior poderá acordar que a totalidade ou unha parte da indemnización que corresponda ás persoas traballadoras afectadas pola extinción dos seus contratos sexa satisfeita polo Fondo de Garantía
Salarial, sen prexuízo do dereito deste a resarcirse do empresario.
11. No non previsto no presente artigo será de aplicación o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, en particular en materia de recursos.
Todas as actuacións a seguir e as notificacións que deban efectuarse ás persoas traballadoras practicaranse coa representación legal das mesmas.
12. As obrigacións de información e documentación previstas no presente artigo aplicaranse con independencia de que a decisión relativa aos despedimentos colectivos fose tomada polo empresario ou pola empresa que exerza o control sobre el.
Calquera xustificación do empresario baseada no feito de que a empresa que tomou a decisión non lle facilitou a información necesaria non poderá ser tomada en consideración para ese efecto.
13. Cando se trate de expedientes de regulación de emprego de empresas non incursas en procedemento concursal, que inclúan persoas traballadoras con cincuenta e cinco ou máis anos de idade que non tiveren a condición de mutualistas o 1 de
xaneiro de 1967, existirá a obrigación de abonar as cotas destinadas ao financiamento dun convenio especial a respecto das persoas traballadoras anteriormente sinaladas nos termos previstos na Lei Xeral da Seguridade Social.'
JUSTIFICACIÓN
Mejora
Mellora
