Los servicios aéreos de emergencia son cruciales para garantizar la seguridad en nuestras costas y bosques, ya que son determinantes para el mantenimiento del medio ambiente, y velan por la seguridad tanto de personas como de
infraestructuras y bienes, salvando vidas año tras año.
En 2022, después de que el contrato de prestación del servicio aéreo de salvamento marítimo firmado en 2018 estuviera en su fase de prórroga, SASEMAR publicó la licitación para la renovación del servicio con un incremento del 20 %, no
llegando a cubrir el incremento de IPC y costes asociados al servicio experimentado durante los últimos años, y su división en tres lotes de contratación: Lote 1 de Aviones y, el Lote 2 y Lote 3 de helicópteros.
Se logró adjudicar el Lote 1, el de menor cuantía, al único licitador presentado, permaneciendo desiertos los Lotes 2 y 3 de helicópteros. encontrándose en este momento en evaluación una nueva licitación, en la que se SASEMAR ha
incrementado de 224 millones de a 305 millones de el presupuesto de los lotes que quedaron desiertos.
En lo referente al servicio con medios aéreos de apoyo a las CC.AA en la extinción de incendios forestales, en enero 2024, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico publicó el anuncio para la contratación del Servicio con
medios aéreos de apoyo a las CC.AA en la extinción de incendios forestales, años 2024,2025 y 2026, para un total de 44 aeronaves distribuidas en 20 lotes, finalizando el plazo para la presentación de ofertas el pasado 16 de febrero de 2024. De
nuevo, desde el ministerio se están encontrando serias dificultades para evitar que el grueso de los lotes se queden desiertos, ya que, a lo largo de los 3 años de contrato, no se establece ninguna revisión de la previsión inicial de costes, no
reflejándose en ningún caso el aumento de los costes de operación.
Por tanto, es necesario atender a los contratos del Sector Público que, por motivos de seguridad y emergencia social, se consideren necesarios para garantizar la prestación de diversos servicios, sin perjuicio de que en ningún caso queden
desiertos por motivos de coste como ocurrió, por ejemplo, en Galicia, con el servicio de trasporte urgente sanitario, cuando en 2013 se sacó a concurso la gestión de los dos helicópteros con una rebaja de un 28 % respecto al periodo anterior, lo que
ocasionó que nadie se presentara al proceso, quedando el servicio desierto que causó cierta incertidumbre social. Ante esta situación, desde la administración gallega, se prorrogó el servicio con el coste ya existente, licitando para 2014 un nuevo
contrato elevando el coste casi un 18 %.
Por tanto, es necesario blindar la prestación y recuperar la revisión de precios en los contratos de estos sectores críticos y de emergencia social para la seguridad, ya que, mitigar el incremento de costes sufrido (IPC, SMI, fuel, entre
otros) imposibilita que las empresas se puedan presentar con suficiente certidumbre, aumentando la probabilidad de que el servicio quede desierto, causando así un daño y perjuicio a la sociedad y al entorno. Este hecho es especialmente relevante si
tenemos en cuenta que el IPC del sector no baja del 15 % anual.
Igualmente, tenemos que ser conscientes de que la actualización de precios de los servicios de emergencia supondrá una mejora de los derechos sociales y de las condiciones laborales de los trabajadores.
