Enmienda núm. 52

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Exposición de motivos

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Se propone la modificación de la Exposición de Motivos, que pasará a tener la siguiente redacción: «El Código Penal recoge dentro del Título XXII —dedicado a los delitos contra el orden público— un capítulo dedicado en su integridad a los delitos de terrorismo bajo la rúbrica «de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo». No hay que olvidar que España ha sufrido duramente los estragos del terrorismo, cuya violencia ha causado más de mil víctimas. Esta larga historia de sufrimiento —padecido de manera directa por la ciudadanía, por los servidores públicos, por los miembros de las Fuerzas Armadas, por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y por numerosos representantes políticos— ha provocado una alta concienciación en la sociedad, como lo demuestra el apoyo constante y la solidaridad con las víctimas. Estos delitos han sido modificados por cinco leyes desde la entrada en vigor del Código Penal. En la reforma realizada por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, el artículo 578 fue modificado en profundidad dándosele una nueva redacción con el fin de introducir un nuevo tipo penal de enaltecimiento del terrorismo dirigido a sancionar a quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o difusión los delitos de terrorismo o a quienes participen en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares. Tal y como se dice en el preámbulo de la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, las acciones que se penalizan «constituyen no sólo un refuerzo y apoyo a actuaciones criminales muy graves y a la sostenibilidad y perdurabilidad de las mismas, sino también otra manifestación muy notoria de cómo por vías diversas generará el terror colectivo para hacer avanzar los fines terroristas». Añade que «no se trata, con toda evidencia, de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad». Sino que «por el contrario, se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de estos delitos, así como las conductas especialmente perversas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementan el horror de sus familiares». Concluye dicho párrafo diciendo que son «actos todos ellos que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal». Mediante la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, además de elevar las penas, se completó dicho precepto con nuevos apartados con el fin de que las penas previstas para el delito de enaltecimiento del terrorismo sea impuesta en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información, o cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella. En este último caso, además e imponerse la pena en su mitad superior, la pena podrá ser elevada hasta la superior en grado. Tal y como establece la Sentencia del Tribunal Supremo 106/2015, de 19 de febrero, el bien jurídico protegido con el delito de enaltecimiento del terrorismo es «la interdicción de lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —SSTEDH de 8 de Julio de 1999, Sürek vs Turquía, 4 de Diciembre de 2003, Müslüm vs Turquía— y también nuestro Tribunal Constitucional —STC 235/2007 de 7 de Noviembre— califica como el discurso del odio, es decir la alabanza o

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

de acciones terroristas que no cabe incluirlo dentro de la cobertura otorgada por el derecho a la libertad de expresión o ideológica en la medida que el terrorismo constituye la más grave vulneración de los Derechos Humanos de aquella Comunidad que lo sufre, porque el discurso del terrorismo se basa en el exterminio del distinto, en la intolerancia más absoluta, en la pérdida del pluralismo político y en definitiva en la aterrorización colectiva como medio de conseguir esas finalidades». Añade la misma sentencia que «en relación al delito de exaltación del terrorismo, partiendo del hecho indiscutible que el terrorismo constituye la más brutal negación de los derechos humanos, resulta más que aceptable que las expresiones de alabanza a los autores de delitos terroristas o de sus actos en la medida que integran hechos tipificados como delitos en el artículo 578 del Código Penal, se hagan merecedores de la respuesta penal prevista». Cuando en el año 2000 se introdujo este delito en el Código Penal se hizo con la intención de reprochar a los autores la comisión de estos actos «que producen perplejidad e indignación en la sociedad y que merecen un claro reproche penal». Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisible la demanda presentada por Pablo Rivadulla Duró (Pablo Hásel) contra España por una presunta violación de la libertad de expresión del demandante en virtud del artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (adoptado en Roma, 4 de noviembre de 1950). Tal y como explica el TEDH en su resolución, el demandante había sido condenado en 2018 por el delito de enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo a nueve meses de prisión y multa de 5.040 euros. La Audiencia Nacional concluyó que los hechos probados «rezuman violencia, a veces ni siquiera solapada, suponen una toma de postura clara hacia la banalización del terrorismo que enaltece, justifica y añora, cuando no esconde sus principales efectos, silenciando lo ocurrido con sus víctimas». El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación señalando que el ejercicio de la libertad de expresión y opinión estaba sujeto a otros derechos y requisitos constitucionales. Posteriormente, el 23 de noviembre de 2020, el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo del demandante por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional. A todo ello se sumó, poniendo fin al asunto, la referida Decisión del TEDH adoptada el pasado 12 de octubre de 2023. En 2019, el mismo Tribunal —el TEDH— declaró inadmisible el recurso presentado por José Miguel Arenas Beltrán (Valtonyc), tras ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas. En este sentido, el pasado 8 de junio de 2026, el Consejo dio el visto bueno definitivo a la Directiva del Parlamento Europeo y de Consejo de modificación de la Directiva 2012/29/UE, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo, que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el próximo julio, entrando en vigor a los veinte días. Los Estados miembros dispondrán de 24 meses para transponerla a su legislación nacional. En el parágrafo 27 de su preámbulo se dice lo siguiente: «El enaltecimiento de delitos graves tal como se tipifican en virtud del Derecho nacional, tales como la provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo tal como se describe en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, o el homenaje al infractor de un delito grave, puede dar lugar a que las víctimas se vean privadas de su dignidad y causarles más sufrimiento o daños. Dichas víctimas deben tener acceso a las medidas de apoyo y protección previstas en la presente Directiva. Dichos delitos pueden hacer que las víctimas sean especialmente vulnerables a la victimización secundaria o reiterada, a la intimidación y a las represalias. La provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo, que incluye, entre otras acciones, el enaltecimiento de actos terroristas, constituye un delito con arreglo a la Directiva (UE) 2017/541.» Más en concreto, el artículo 18 bis, que regula el «Derecho de protección adicional», dice: «Los Estados miembros garantizarán que se pueda conceder acceso a medidas de apoyo y protección en virtud de la presente Directiva a las víctimas que hayan sufrido daños adicionales, como la privación de dignidad, como consecuencia del enaltecimiento de delitos graves tipificados en virtud del Derecho nacional, como la provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo tal como se describe en el artículo 5 de la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, o del homenaje a los infractores.» Todo lo anterior requiere una reforma del delito de enaltecimiento del terrorismo del artículo 578 del Código Penal de tal modo que se castiguen con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses la convocatoria, promoción, realización de actos o la difusión y exhibición de mensajes, fotografías, pintadas o carteles que supongan el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución o de organizaciones o grupos terroristas. Asimismo, con la misma pena se castigará la convocatoria, promoción, realización de actos o la difusión y exhibición de mensajes, fotografías, pintadas o carteles que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.» JUSTIFICACIÓN Mejora técnica

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso