Enmienda núm. 27

El artículo 510, en la redacción de 2015, se ha convertido en el sustituto funcional de los delitos de opinión que la Proposición deroga. Castiga con prisión de uno a cuatro años no solo la incitación a la violencia, sino el mero fomento de la hostilidad, la humillación o el menosprecio de grupos, la difusión de escritos idóneos para fomentar el odio, la negación de crímenes y el enaltecimiento de sus autores, con agravaciones por el uso de internet y por la alteración de la paz pública. Con ese instrumento se han abierto procedimientos contra docentes, humoristas, periodistas y manifestantes por expresiones que en nada incitaban a la violencia contra nadie, y se ha consolidado una lectura del precepto como delito de peligro en la que el peligro se presume implícito en el propio mensaje. Un delito cuyo peligro está implícito en el mensaje es, sencillamente, un delito de opinión. La enmienda devuelve el artículo 510 a lo que las fuentes internacionales exigen y permiten. La Recomendación de política general núm. 15 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) pide a los Estados que reserven la respuesta penal al discurso de odio que tenga como finalidad, o quepa suponer razonablemente que va a tener el efecto de, incitar a la comisión de actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación; que definan claramente los tipos penales; y que velen por que su persecución no se emplee para reprimir la crítica a las políticas oficiales, la oposición política o las creencias religiosas. Su memorándum explicativo excluye expresamente de la noción de discurso de odio las formas de expresión, como la sátira o los informes y análisis objetivos, que simplemente ofenden, dañan o molestan, y recuerda que la lucha contra el discurso de odio debe proteger a las personas y a los grupos de personas, no a credos, ideologías o religiones. La Observación general núm. 34 del Comité de Derechos Humanos exige, para toda restricción, que el Estado demuestre de forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y proporcionalidad de la medida, estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza. El discurso de odio se distingue, en fin, de la opción política legítima que estimula el debate en que persigue desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando al odio y a la intolerancia incompatibles con los valores de la democracia. De ahí la estructura del precepto propuesto: incitación pública y directa, contra personas y no contra ideas, con peligro real, y con una cláusula de exclusión expresa de la crítica, la sátira, la información y la creación. Se conserva una pena de prisión de máximo reducido únicamente para la incitación a la violencia, porque la Decisión Marco 2008/913/JAI exige para esa conducta, en su artículo 3.2, una pena máxima de prisión de al menos uno a tres años; para la incitación a la hostilidad o a la discriminación y para la negación o enaltecimiento de crímenes internacionales basta la multa, que es la sanción proporcionada a un delito de expresión. Desaparecen las modalidades de humillación y menosprecio, que quedan reconducidas a los delitos contra el honor y a la agravante del artículo 22.4.ª; la de mera difusión o tenencia de material; y las agravaciones por el medio empleado y por la paz pública. Se incorporan, en fin, la lengua y el origen territorial entre los motivos, por las razones expuestas en la enmienda núm. 6. La reforma respeta el margen que la Constitución reconoce al legislador y responde al principio de proporcionalidad de la norma penal: cuando existe un medio alternativo menos restrictivo de derechos que alcanza con igual eficacia la finalidad perseguida, la norma más gravosa deja de ser necesaria, y ese medio alternativo es el que aquí se propone.