Enmienda núm. 60

Facilitar la implementación de tecnologías de almacenamiento es crucial para promover una transición energética sostenible y para alcanzar los objetivos establecidos por el PNIEC para 2030. El almacenamiento aporta seguridad y flexibilidad en la gestión del sistema energético por lo que penalizarlo con la imposición de una garantía adicional (el almacenamiento ya debe depositar una garantía de 40 /kW instalado como generador) resulta contradictorio y contraproducente. Debe tenerse también en cuenta que, como cualquier otra inversión, el almacenamiento requiere de unas ciertas expectativas de retorno que ya actualmente están en entredicho debido a la escasa diferencia entre los precios de la energía durante las horas pico y valle, lo que puede disuadir a la inversión en este campo tan necesario. Por si fuera poco, otras fuentes de ingresos que podrían ayudar en la rentabilidad del almacenamiento, como los servicios al sistema o el mercado de capacidad, todavía están en desarrollo o ni siquiera existen. Por tanto, la exigencia de una garantía adicional para estas instalaciones solo tiene como resultado agregar un coste y un riesgo adicional que podría desincentivar la inversión en estas tecnologías, que hoy ya enfrentan problemas de viabilidad económica y se verían ante la imposición de una garantía adicional, redundante y económicamente onerosa. Además, hay que considerar el impacto que tendría la tramitación de tales garantías que supondrían un incremento significativo en la carga administrativa en un contexto donde las administraciones ya enfrentan volúmenes de trabajo considerables que están impactando negativamente sobre el desarrollo de las energías renovables. En definitiva, esta doble garantía supone un obstáculo para el desarrollo de estas tecnologías y para la transición hacia un sistema energético más sostenible y eficiente que es lo que desde los poderes públicos se pretende facilitar.