Enmienda núm. 6

Justificación enmienda a la totalidad El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno incurre, desde la perspectiva y el posicionamiento político del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en una serie de deficiencias sustanciales que justifican la presentación de una enmienda a la totalidad con solicitud de devolución del texto. En primer lugar, debe señalarse la ausencia de una cooperación institucional real con Euskadi —Comunidad competente en materia educativa— durante el proceso de elaboración de la propuesta. La iniciativa impulsada por el Gobierno central no responde a una lógica de colaboración ni de construcción compartida, sino que plantea una decisión previamente cerrada, diseñada al margen de las instituciones vascas y, posteriormente, trasladada para su mera aceptación. No se ha producido una negociación en condiciones de igualdad ni un trabajo efectivo en los órganos bilaterales y multilaterales que deberían haber canalizado este debate. Se ignoran así tanto la capacidad de decisión de Euskadi como la singularidad y el grado de desarrollo alcanzado por su sistema educativo y sus políticas públicas. En segundo lugar, el texto es consecuencia de un diálogo social carente de una representación significativa del sector educativo vasco. El preacuerdo alcanzado en Madrid se ha articulado con organizaciones cuya implantación en el sistema educativo de Euskadi resulta limitada, por lo que no puede considerarse automáticamente trasladable a nuestra realidad institucional y sindical. Dicho acuerdo no refleja adecuadamente la representatividad existente en el ámbito educativo vasco ni el equilibrio de los agentes que sostienen nuestro modelo educativo. En tercer lugar, el proyecto carece de una valoración del impacto económico que la medida tendrá sobre las Comunidades Autónomas. El Gobierno impulsa obligaciones y compromisos organizativos cuyo coste recaerá principalmente sobre las administraciones autonómicas, sin haber desarrollado previamente un cálculo cooperativo ni una memoria económica consensuada con ellas. Asimismo, la propuesta responde a una visión uniformizadora del sistema educativo, basada en una visión homogénea del Estado que no reconoce ni la diversidad de realidades educativas existentes ni las diferentes necesidades de cada territorio. La medida no obedece a una lógica de justicia educativa ni de asignación eficiente de recursos sino a una distribución lineal y políticamente uniforme. Euskadi lleva años desarrollando un modelo propio, basado en la asignación asimétrica de recursos conforme al Índice de Complejidad y construido mediante acuerdos con la comunidad educativa y las organizaciones sindicales más representativas. La reforma estatal no viene a reforzar este camino, sino a interferir en él, sustituyendo una política ajustada a nuestra realidad por una solución uniforme que limita la capacidad de decisión de las instituciones vascas y pone en riesgo estrategias educativas consolidadas y eficaces. Además, la imposición de ratios rígidos y homogéneos desconoce las distintas realidades organizativas y estructurales de los centros educativos y de los diferentes modelos de enseñanza existentes en Euskadi. Determinadas instituciones podrían no disponer de capacidad material para habilitar nuevas aulas o ampliar infraestructuras, lo que podría derivar en situaciones de exclusión o desplazamiento de alumnado, con consecuencias no solo organizativas sino también sociales y económicas para las familias y las comunidades afectadas. Del mismo modo, este planteamiento podría alterar profundamente la planificación educativa y los mapas escolares vascos, obligando a procesos de reorganización y adaptación complejos. Y es por ello que el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) presenta esta enmienda a la totalidad del proyecto para su devolución al Gobierno. La presente publicación recoge la reproducción literal de las enmiendas presentadas en el registro electrónico de la Dirección de Comisiones de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.