Enmienda núm. 146

Se propone modificar el apartado 1 del artículo 527 para establecer que la ejecución provisional pueda producirse desde el momento del traslado del escrito de preparación del recurso por la parte recurrente en que manifiesta su interés en recurrir, de conformidad con la enmienda propuesta al artículo 457 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. La redacción actual del precepto es consecuencia de la reforma operada por la Ley 37/2011 (de medidas de agilización procesal) y ha implicado una menor eficacia de las sentencias de primera instancia porque hay que esperar a que se notifique la admisión a trámite del recurso de apelación para que se pueda presentar la solicitud de ejecución provisional. Desde un punto de vista meramente temporal implica que hay que esperar el plazo de 20 días hábiles más el tiempo que tarde el órgano jurisdiccional en dictar la resolución teniendo por admitido el recurso, que no se puede calcular debido al funcionamiento desigual de los tribunales pero que se puede demorar bastante en los tribunales especialmente saturados. Página 151 La anticipación del momento en que se puede solicitar la ejecución provisional significa una mayor eficacia de la Justicia porque en la redacción del Proyecto de Ley, la parte tendrá que solicitar a la Audiencia Provincial una certificación de la sentencia y de las actuaciones procesales que estime necesarias para la correcta ejecución provisional de la sentencia ya que los autos, estarán en el Tribunal superior. De esta forma será el mismo Juzgado el que, en el momento de remitirlas a la Audiencia podrá dejar testimonio de las mismos en el proceso de ejecución provisional. Finalmente, si no se interpusiera el recurso de apelación la ejecución provisional se convertiría en definitiva y se habría logrado anticipar los efectos de la sentencia dictada. Es cierto que cuando se implante de forma definitiva el expediente electrónico este segundo argumento pierde parte de su sentido, pero el primero se mantiene íntegramente. Además, actualmente y pese a los esfuerzos de este Proyecto de ley, estamos lejos de que este deseo del legislador y de los operadores jurídicos puede desplegarse en su totalidad y, sobre todo, de la misma forma en todos los Tribunales.