Mejora técnica.
Dentro de los criterios de autorización de los organismos pagadores que
establece el Reglamento Delegado (UE) 2022/127 de la Comisión, de 7 de
diciembre de 2021, que completa el Reglamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento Europeo y del Consejo con normas relativas a los organismos
pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de
cuentas, las garantías y el uso del euro, se encuentra la necesidad de
adoptar medidas apropiadas para evitar y detectar que se produzca un
conflicto de intereses en lo relacionado con la ejecución de las
funciones del organismo pagador.
Su anexo I se remite al artículo 61 del Reglamento 2018/1046 del
Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables
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al presupuesto de la Unión, que dispone que 'Los agentes financieros...,
incluidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que participen
en la ejecución del presupuesto de forma directa, indirecta y compartida
en la gestión, incluidos los actos preparatorios al respecto, la
auditoría o el control, no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un
conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión'. En su virtud,
el Real Decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la
gobernanza del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) en
España y de los fondos europeos agrícolas FEAGA y Feader, establece en su
artículo 25 la necesidad de 'verificar la cumplimentación y firma o
renovación periódica de una declaración de ausencia de conflicto de
intereses (DACI) por los empleados/as públicos del organismo pagador o de
otra unidad que participan en la ejecución de las intervenciones o
medidas de la PAC, incluidos los actos preparatorios, la auditoría o el
control incluyendo los casos en que exista una delegación de estas
funciones'. Resulta necesario, por tanto, disponer de mecanismos para
verificar la ausencia de conflicto de intereses de los empleados públicos
que participan en la ejecución de las intervenciones o medidas de la PAC.
El Sistema de Análisis de Riesgos de Conflictos de Interés MINERVA se ha
puesto en marcha en España en el ámbito de las ayudas del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de
implantar un sistema de prevención y gestión del conflicto de interés más
eficaz.
A la vista de los buenos resultados del uso de esta herramienta en los
fondos PRTR, los organismos pagadores de las CCAA y el FEGA, como
organismo pagador y como organismo de coordinación de los 18 organismos
pagadores en España, consideran oportuno extender el empleo de esta
herramienta informática en la gestión de las ayudas de la PAC, ya que
aportaría mayores garantías para detectar el uso indebido de los fondos
agrícolas. A tal efecto, es necesario prever en una norma con rango de
ley, por ser una herramienta que supone un tratamiento automatizado de
datos personales, con una configuración legal específica y limitada a los
procedimientos que ejecutan el PRTR, que se podrá emplear la base de
datos prevista en la disposición adicional centésima décima segunda de la
Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2023, a estos efectos.
