Enmienda núm. 3

Propuesta registrada por

Disposiciones finales nuevas.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Disposición final. 1. Seguridad aérea. Disposición Final X. Modificación de la Ley 212003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea. Se modifica la ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, para adicionarle una nueva disposición adicional vigésima primera del siguiente tenor: 'Disposición adicional vigésimo primera. 1. El personal que ópera los medios de transporte y que controla el tráfico y tránsito de los mismos podrá informar sobre acciones u omisiones que pudieran poner en riesgo la seguridad en el transporte ante los canales dispuestos a tal fin en las organizaciones públicas o privadas para las que presente servicio, o, en su caso, ante cualquier sistema público de recepción de información que pudiera suponer una amenaza para el interés público. 2. El personal encargado de operar medios de transporte y controlar el tráfico o tránsito de los mismos podrá, asimismo, adoptar la decisión de paralizar el comienzo o la continuación del transporte ante cualquier evidencia o sospecha objetivamente fundada de posibles riesgos para la seguridad de los pasajeros, de terceros y de los propios trabajadores. 3. Los profesionales mencionados en los apartados precedentes que informen sobre posibles riesgos, reales o potenciales, a través de los canales adecuados, o que adopten decisiones de paralización de la movilidad ante amenazas objetivas para la seguridad en el transporte aéreo, tendrán derecho a la protección frente a cualesquiera represalias, incluidas las amenazas y tentativas de represalia, por parte del empleador que supongan o pueda suponer un trato desfavorable y que les sitúe o pueda situarles en desventaja particular en el contexto laboral o profesional sólo por su condición de informantes o por haber adoptado alguna decisión sobre la movilidad que pudiera afectar a los resultados de la empresa.'

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

En un sector clave para la economía de nuestro país y en crecimiento constante, la seguridad del transporte aéreo, en su doble vertiente de seguridad operacional ('safety'), orientada a reducir accidentes e incidentes, y de protección frente a actos de interferencia ilícita ('security'), es un aspecto de creciente importancia para el conjunto de los ciudadanos, cada vez más habituados a la movilidad nacional e internacional. A nivel internacional, comunitario y nacional, la necesidad de garantizar la seguridad operacional y de involucrar a todos los niveles que participan en la operación de transporte aéreo se ha convertido en una cuestión esencial que se plasma en la denominada cultura de seguridad. Sin embargo, la realidad es que, en última instancia, es el profesional en primera línea (piloto de aeronave y controlador de tránsito aéreo), el que tiene la última decisión sobre la propia operación de transporte aéreo, y el responsable último de garantizar mediante sus decisiones la seguridad del pasajero al que transporta y protege. Sin embargo, la realidad de nuestro sistema judicial en la jurisdicción laboral supone una amenaza real para el correcto funcionamiento de esta cultura de la seguridad. ¿Por qué? Los profesionales, ante la necesidad de adoptar una decisión clave y crítica sobre la operación de transporte aéreo de la que son últimos responsables, no tienen libertad real para la toma de esta decisión, ya que sus actos o decisiones, si priorizan la seguridad del transporte, (aunque sus decisiones puedan contravenir instrucciones empresariales o causar algún perjuicio a la empresa), pueden derivar en sanciones laborales que, aun siendo declaradas no ajustadas a derecho (improcedentes) por nuestros tribunales, tienen consecuencias perjudiciales para estos profesionales (pérdida del puesto de trabajo) lo que, sin duda, puede ser una brecha fundamental en esta cultura de seguridad aéreo y suponer una grave injerencia en la toma de decisión de los profesionales del transporte aéreo. Esta amenaza puede ser contrarrestada a través de una cláusula que proteja la toma de decisión última del profesional, para que éste, pueda adoptar libremente la decisión que considere que mejor protege la seguridad del pasajero, ya que en el supuesto de que esta decisión derivase en una sanción disciplinaria, y siempre y cuando los tribunales determinen que esta decisión ha sido correctamente adoptada para la protección de la seguridad, este profesional podría optar por recuperar su puesto de trabajo. Esta protección en su toma de decisión garantizará, sin duda, que, en el momento de adoptarse esta decisión, el profesional tendrá libertad para decidir sin injerencias cuestiones esenciales y críticas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Esta cláusula de protección adicional de la seguridad del transporte aéreo y de los pasajeros, tendría un contenedor adecuado en la Ley de seguridad aérea, actualmente en proceso de revisión.