Enmienda núm. 4

La ampliación del texto propuesto tiene por objeto garantizar una cobertura plena y coherente de las obligaciones de información tributaria en relación con los criptoactivos situados en el extranjero. En su redacción original, el concepto de criptoactivo se limita a aquel definido en el artículo 3.1.5) del Reglamento (UE) 2023/1114, lo que podría interpretarse como una restricción del ámbito de aplicación de la obligación informativa exclusivamente a los activos que quedan dentro del perímetro regulatorio de dicho reglamento. Sin embargo, esta limitación resultaría injustificada y contraria a los fines de la norma. En particular, carece de sentido excluir de las obligaciones de información a los criptoactivos emitidos de forma descentralizada —como Bitcoin u otros tokens que no cuentan con un emisor identificable o no están sujetos a la supervisión prevista en MiCA— cuando estos pueden tener un elevado valor económico, una amplia circulación y una función patrimonial plenamente equiparable a la de los criptoactivos regulados. La finalidad de esta obligación tributaria es asegurar la trazabilidad fiscal de activos digitales que pueden escapar fácilmente al control de las autoridades tributarias por su naturaleza desmaterializada y su vocación transfronteriza. Excluir de esta obligación a los criptoactivos no cubiertos por el Reglamento europeo —precisamente aquellos más difíciles de supervisar por su carácter descentralizado— resultaría no solo incoherente desde el punto de vista técnico, sino también regresivo desde el punto de vista de la lucha contra el fraude fiscal. La ampliación propuesta asegura que el concepto de criptoactivo, si bien se ancla en la definición técnica y armonizada del Reglamento (UE) 2023/1114, se interprete con un alcance funcional que incluya también a aquellos activos que, sin estar regulados, cumplen las mismas funciones patrimoniales y, por tanto, deben estar igualmente sujetos a las obligaciones de información. De este modo, se evita un vacío normativo que podría ser aprovechado para eludir responsabilidades fiscales, se refuerza la eficacia del sistema tributario y se proporciona a la Administración una herramienta más robusta para conocer el patrimonio digital de los contribuyentes, con independencia de la modalidad técnica o el grado de regulación del activo correspondiente.