Enmienda núm. 23

La redacción original de la disposición adicional decimoctava reconoce como residencia análoga a la española la estancia en el extranjero para los titulares de derechos que acompañen a personal funcionario o laboral de la Administración General del Estado destinado en el exterior. Sin embargo, esta previsión excluye a los empleados públicos de las comunidades autónomas y de sus organismos dependientes que, por razones de servicio, también son destinados fuera del territorio nacional. La enmienda propuesta amplía el ámbito subjetivo de la disposición para garantizar la igualdad de trato entre todo el personal al servicio de las Administraciones Públicas, evitando una discriminación injustificada entre empleados del Estado y de las comunidades autónomas. Esta modificación se fundamenta en los principios de igualdad y no discriminación recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española y en la normativa básica sobre función pública, que reconoce la homogeneidad de derechos en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, la inclusión de las familias de estos empleados en el mismo régimen responde a la finalidad de la norma: evitar que el traslado por motivos laborales al extranjero suponga una pérdida de derechos vinculados al requisito de residencia. La acreditación mediante el Registro de Matrícula Consular se mantiene como garantía de control y verificación, asegurando la trazabilidad administrativa y la correcta aplicación del beneficio. En consecuencia, la enmienda no altera la estructura ni la finalidad de la disposición, sino que la completa para dar cobertura a una situación equivalente, reforzando la coherencia del sistema normativo y la protección de los derechos de los empleados públicos y sus familias.