En relación con las políticas de calidad del aire, la Agencia Europea del
Medioambiente (AEMA) cuantifica en más de 20.000 las muertes prematuras
que se producen anualmente en nuestro país debido a contaminantes
atmosféricos que degradan la calidad del aire especialmente en entornos
urbanos, principalmente NO2 y pequeñas partículas suspendidas en el aire,
siendo el transporte el principal foco emisor de dichos contaminantes. En
este sentido, según la AEMA el transporte fue responsable de una cuarta
parte de las emisiones de CO2 en la UE en 2019, de los cuales el 71,7 %
provino del transporte en carretera. Así pues, la contaminación producida
por el transporte es responsable de la mayor parte de los contaminantes
atmosféricos en entornos urbanos. A este respecto, la edad media del
parque de automóviles en España alcanza los 14,2 años de antigüedad al
cierre del 2023, siendo uno de los parques más envejecidos de Europa
superando la media de edad del continente de 11,5 años. Como consecuencia
de este envejecimiento del parque automovilístico, alrededor del 1 % de
los vehículos en circulación son causantes de hasta el 40 % de las
emisiones. Por esta razón, resulta imprescindible adoptar medidas
encaminadas a fomentar el rejuvenecimiento del parque y a sacar de
circulación aquellos vehículos que sean considerados como grandes
emisores.
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También la AEMA concluye que los efectos de la exposición a la
contaminación del aire o al ruido afectan especialmente a la población
más vulnerable por razón de su estatus socioeconómico, por factores como
su nivel de ingresos, situación de empleo o nivel educativo. Así, las
personas de edad avanzada, los menores, las personas con problemas de
salud y las personas de bajo poder adquisitivo son más vulnerables a la
mala calidad del aire y el ruido que la población en general y, además,
son los que tienen menos oportunidades de modificar sus condiciones de
vida o lugar de residencia, lo que también determina una mayor exposición
a estas emisiones. Por tanto, las políticas encaminadas a la mejora de la
calidad del aire y la reducción del ruido en las ciudades benefician
especialmente a estos colectivos más vulnerables.
Con el objetivo de acabar con esta situación y combatir las emisiones
nocivas producidas en el transporte, los municipios deberían poder
utilizar mecanismos para medir empíricamente las emisiones reales de los
vehículos de forma individualizada para alcanzar los objetivos de mejora
de la calidad del aire establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de
cambio climático y transición energética.
