Enmienda núm. 406

En lo que se refiere al título competencial, el Proyecto establece que esta ley se dicta conjuntamente con otras, al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. El Proyecto afirma que la creación del 'Sistema Nacional de Movilidad Sostenible' 'facilitará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las compeencia distribuidas por la doctrina constitucional entre las administraciones públicas, a la luz de las nuevas circunstancias y demandas sociales, al interconectar de manera abierta y flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común.' Este párrafo es ilustrativo del alcance de la vulneración del marco constitucional que propicia el Proyecto de Ley. En primer lugar, porqué la 'doctrina constitucional' no es quien distribuye las competencias en España, sino que lo hace el denominado bloque de constitucionalidad, integrado principalmente por la Constitución y los Estatutos de Autonomía. En segundo lugar, por qué determinar el grado de 'ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias' por parte del legislador estatal no tiene cabida constitucional, a no ser que exista habilitación expresa para ello en relación a un ámbito competencial concreto. Y no es el caso. Huelga decir, además, que esta idea es la propia de un modelo de estado centralizado y centralizador, con un afán irreducible de 'coordinar' a todos los demás, que, por cierto, siempre se presumen 'subordinados'.