legal.
3. En un plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, la CNMC
definirá una metodología de cálculo para identificar los sobrecostes
generados en el mercado, asociados a la Operación Reforzada. En estos
sobrecostes se incluirán los costes adicionales inducidos en los
servicios de ajuste y otros que, en su caso, la CNMC determine. La
metodología de cálculo de sobrecoste será definida por la CNMC
4. A partir de enero de 2027, la CNMC publicará antes del día 15 del mes
siguiente, en su página web y accesible al público, un informe mensual
sobre la operación del sistema en el que se identificarán las
circunstancias de operación del sistema, justificando en su caso la
aplicación de la Operación Reforzada, la verificación de la correcta
aplicación de los criterios asociados a esta Operación,
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los sobrecostes inducidos en los mercados de servicios de ajuste, y los
vertidos de energía provocados en instalaciones renovables. Este informe
indicará también si se identifican consecuencias de la Operación
Reforzada que puedan afectar a la seguridad de suministro, la
sostenibilidad del sistema eléctrico o de sus agentes y/o a la calidad
del servicio.
Asimismo, antes del 30 de enero de 2027, la CNMC publicará un informe
sobre la Operación del Sistema eléctrico entre el 30 de abril y el 31 de
diciembre de 2025, y otro relativo al ejercicio 2026, con la misma
información que se exige a los informes contenidos en el párrafo anterior
en el que se hará una estimación provisional del sobrecoste en el sistema
eléctrico español por la aplicación de la Operación Reforzada, y los
vertidos de energía renovable ocasionados.
Una vez definida la metodología de cálculo de los sobrecostes definidos en
este artículo, estos informes serán actualizados por la CNMC.
Con carácter anual, la CNMC, comparecerá en la Comisión para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico del Congreso para dar cuenta de los
informes señalados en este apartado 4, de forma agrupada por trimestre.
5. La CNMC trasladará al OS los importes mensuales de los sobrecostes
estimados en los mercados de servicios de ajustes, que serán puestos a
disposición de todos los agentes del mercado.»
JUSTIFICACIÓN
La electricidad en un servicio esencial y no es sustituible, por lo que
todas las viviendas, hogares, empresas y ciudadanos son sus consumidores.
Cada vez más un número creciente de empresas quieren descarbonizarse
incrementando la electrificación de sus procesos y beneficiarse de la
seguridad, los precios y la estabilidad que les ofrece esta energía cada
vez más descarbonizada. Es objeto de esta Proposición de Ley trasponer la
Directiva reformada del EU ETS y el CBAM para seguir incentivando la
descarbonización y reducir la dependencia energética pero debe hacerse
desde una óptica que mantenga la competitividad industrial. Esto pasa
inexorablemente por unos precios finales para los consumidores eléctricos
transparentes, competitivos y estables. En este sentido, esa mayor
transparencia debe también darse sobre un nuevo sobrecoste para la
sociedad que desde el 30 de abril se están produciendo en el sector
eléctrico.
Tras el apagón del 28 de abril, el Operador del Sistema (REE) por temor a
un nuevo apagón está aplicando la denominada «Operación Reforzada», con
el objetivo de garantizar la seguridad de suministro. Esta modalidad de
operación está provocando costes elevados y no predecibles en el mercado
de electricidad que impacta en el bolsillo de los consumidores. Además,
la operación reforzada está multiplicando la generación eléctrica con gas
natural, que es emisora y cara.
Este sobrecoste ha generado una gran preocupación en los consumidores.
Muestra de ello es el Observatorio del Coste de los Servicios de
Operación, que han creado la Asociación de Empresas con Gran Consumo de
Energía (AEGE), la Alianza por la Competitividad de la Industria Española
y la Confederación de Consumidores (CONSUMES) junto con la Asociación de
Empresas de Energía Eléctrica (AELEC), la Asociación de Comercializadores
de Energía Eléctrica (ACENEL) y la Asociación de Comercializadores
Independientes de Energía (ACIE), que actualiza quincenalmente. Y la
primera medida que exige tras la evidencia de cómo les impacta la
operación reforzada es trasparencia y desglose de los costes de operación
del sistema. Para eso consideran «imprescindible que la CNMC refuerce la
fiscalización de estos costes, especialmente los de la operación
reforzada cuya eliminación generaría importantes ahorros a los
consumidores, aliviando de forma directa los costes de producción
industrial y liberando capacidad para un uso más eficiente de las
renovables. Asimismo, es necesario que se garantice la publicación de
información detallada, periódica y
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accesible sobre todos estos costes, incluyendo un plan de acción que ponga
fecha de fin al uso del modo de operación reforzada».
