Enmienda núm. 20

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

Artículo segundo. Modificación de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción. Siete. Artículo 6.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Siete. Se modifica el artículo 6, que queda modificado como sigue: «Artículo 6. Entidades promotoras de las empresas de inserción. Tendrán tal consideración las entidades sin ánimo de lucro, incluidas las de derecho público, las asociaciones sin fines lucrativos, las fundaciones, las cooperativas sin ánimo de lucro u otras entidades de la economía social enumeradas en el artículo 5 de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, cuyo objeto o finalidad estatutaria persiga la inserción sociolaboral y promueva la constitución de empresas de inserción en las que participarán en los términos recogidos en la letra a) del artículo anterior. Las entidades promotoras deberán acreditar, ante el registro administrativo competente, que cuentan con medios materiales y humanos suficientes para el desarrollo de su objeto o finalidad estatutaria y con una experiencia mínima de intervención en el ámbito de la vulnerabilidad y/o exclusión de un año tres años. No podrán ser entidades promotoras las promovidas o participadas a su vez, por sociedades mercantiles con ánimo de lucro o en las que la mayoría de su capital social no sea propiedad de alguna de las entidades indicadas en el primer párrafo de este artículo, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de entidad de control. Se entenderá en todo caso que una entidad sin ánimo de lucro está controlada directa o indirectamente por una sociedad mercantil cuando concurra cualquiera de los criterios recogidos en el artículo 42.1 del Código de comercio. Se entenderá en todo caso que existe control cuando la mayoria de los órganos de gobierno y gestión de la empresa de inserción sean designados directa o indirectamente por la sociedad dominante, así como cuando al menos una tercera parte de los miembros del órgano el gobierno de la empresa de inserción coincidan con los de la sociedad dominante o con los designados en otras sociedades del grupo de sociedades mercantiles.»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

La finalidad perseguida con la enmienda al apartado 2 es evitar el intrusismo y la competencia desleal que supone la constitución de falsas empresas de inserción que únicamente pretenden acceder a ayudas públicas y a los contratos reservados, sin compartir el objetivo fundamental de este tipo de entidades de la economía social, poniendo en riesgo la supervivencia y viabilidad de las empresas de inserción como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General. Como se indica en el Libro verde sobre los servicios de interés general (COM/2003/0270 final), corresponde a los poderes públicos la responsabilidad de preservar los servicios de interés general, definiendo instrumentos de reglamentación apropiados y velando por su puesta en práctica. En este sentido, el artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, permite a las Administraciones Públicas supeditar el acceso a la prestación de servicios de interés general a determinados requisitos, siempre que estos estén justificados y sean proporcionados, condiciones que cumple la exigencia de una experiencia previa en el ámbito de la inserción socio-laboral de personas vulnerables. La enmienda planteada en el apartado 3, en la misma línea que la formulada al artículo 5,a) de la Ley 44/1997, busca garantizar que las entidades promotoras de las empresas de inserción carezcan de ánimo de lucro, evitando el intrusismo de este tipo de sociedades al incorporar el concepto de grupo de sociedades. Como se ha indicado en otras enmiendas formuladas con la misma finalidad que la presente, el artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, permite a las Administraciones Públicas supeditar el acceso a la prestación de servicios de interés general a determinados requisitos, siempre que estos estén justificados por razones de interés general y sean proporcionados, como es el caso, pues las empresas sin ánimo de lucro están sometidas a un mayor control y transparencia, ya que deben justificar el uso de las ayudas públicas, y demostrar que su actividad contribuye al bien común.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya