Enmienda núm. 8

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu

Artículos nuevos

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

«Ocho. Se añade un nuevo artículo 5 ter. Artículo 5 ter. Comercio Justo. 1.1 El comercio justo es una alianza comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto que busca una mayor equidad en el comercio global. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y garantizando los derechos de personas productoras y trabajadoras marginadas especialmente en el Sur Global. Es una finalidad esencial del comercio justo promover el progreso económico y social y el trabajo digno de colectivos desfavorecidos o vulnerables, su correcta remuneración y protección social, así como el respeto a sus derechos laborales, mediante relaciones comerciales que cumplan determinadas condiciones, definidas y desarrolladas por el sistema de normalización con referencia a los estándares internacionales de derechos humanos. 1.2 Los poderes públicos, tanto a nivel estatal como autonómico y local, promoverán el comercio justo para lograr un modelo productivo y alcanzar la sostenibilidad y la justicia social global. Para ello, se podrán implementar, entre otras, las siguientes medidas: a) Fomentar la colaboración con iniciativas europeas de comercio justo para aumentar la participación española en instituciones y organización internacionales. b) Promover la adopción de prácticas de comercio justo en las relaciones comerciales entre entidades privadas y realizar actividades de sensibilización sobre comercio justo y responsable para apoyar el desarrollo sostenible. c) Las Administraciones Públicas adquirirán productos de comercio justo certificados, cuando estos satisfagan mejor los intereses públicos. 1.3 En todo caso, las entidades de comercio justo se caracterizarán por: a) Garantizar un precio de compra de los productos a partir de una identificación de los costes de producción y de una negociación equilibrada con los productores, que aseguren que las personas trabajadoras son remuneradas de manera justa y suficiente, respetando los estándares regulatorios normativos y/o pactados con las organizaciones representativas de las personas trabajadoras aplicables. b) Apoyar activamente a proyectos colectivos para reforzar las capacidades y el empoderamiento de las personas trabajadoras y su organización, así como su comunidad o entorno ambiental o cultural o colectivos en situación de vulnerabilidad. c) Compromiso entre las partes del contrato por un periodo estable y a largo plazo para limitar el impacto de los riesgos económicos sufridos por estos trabajadores, que no podrá ser inferior a tres años. d) Promover entre sus relaciones comerciales métodos de producción y explotación respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad, como la agroecología en la cadena de alimentación. e) Asegurar la transparencia y la trazabilidad en toda la cadena de abastecimiento. f) Cada entidad involucrada en estos sectores es capaz de producir información relacionada con la trazabilidad de los productos. 1.4 Se habilita al Gobierno y a los departamentos ministeriales correspondientes, en el ámbito de sus competencias, a dictar, en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta norma, las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en este artículo y en concreto, el desarrollo del procedimiento para el registro y la certificación de las entidades, actividades o actores económicos pertenecientes al comercio justo y que se regulará reglamentariamente.»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

El Comercio Justo es una iniciativa global que busca promover la justicia global en aspectos económicos, sociales, humanos y ambientales. El reconocimiento y mención del comercio justo es una realidad contemplada en diferentes iniciativas legislativas europeas, nacionales, autonómicas y locales, así como en diferentes instrumentos y Estrategias Nacionales. Sin embargo, en vista de la falta de protección jurídica de esta realidad económica y social en España, existe el riesgo de que se aprovechen indebidamente de este concepto empresas que accedan al mercado del comercio justo sin cumplir con los criterios exigidos. Para evitar ese riesgo y que ello pueda reducir los beneficios de los productores más vulnerables, reducir la transparencia para los consumidores y violar su derecho a una información adecuada sobre los productos, es necesario regular el término «Comercio Justo», así como los criterios aplicables a sus organizaciones. A nivel europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han reconocido y promovido el Comercio Justo a través de distintas resoluciones y comunicaciones desde 1991. Cabe destacar la Resolución sobre el Comercio Justo y Desarrollo de 16 de junio de 2006 (2005/2245(INI)) que recoge los estándares consensuados por el movimiento internacional y subraya su importancia para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible, así como la Comunicación «Contributing to Sustainable Development: The role of Fair Trade and nongovernmental trade-related sustainability assurance schemes. COM 2009 (2.15) final» que reconoce los criterios y estándares aplicados al comercio justo. Además de lo anterior, en 2012 la Comisión Europea publicó la comunicación respecto del «Comercio, crecimiento y desarrollo de una política de comercio e inversión a medida para los países en desarrollo» por medio de la cuál invitó a los Estados Miembros a fomentar el Comercio Justo y ético y facilitar las opciones de compra dentro de ese mercado por parte de las autoridades europeas, en el contexto de la revisión de las directivas de contratación pública. En lo que respecta a los Estados Miembros, debemos hacer mención a la Ley n.º 2005-882, de 2 de agosto de 2005, en favor de pequeñas y medianas empresas, que reguló por primera vez en Francia el Comercio Justo. Posteriormente, la Ley de Economía Social y Solidaria, aprobada en 2014, amplió su definición y los principios aplicables. Desde la entrada en vigor de la normativa francesa, el mercado de productos de comercio justo se ha multiplicado por (4) cuatro, alcanzando los 2.041 millones de euros en 2021, frente a los 156 millones de euros en España en 2023. La inclusión de la definición y regulación del comercio justo en la normativa francesa ha supuesto un mayor reconocimiento y conciencia pública sobre esta práctica. Además, ha generado un mayor apoyo institucional y financiero para los productos y empresas comprometidas con esta práctica comercial, y ha ayudado a alinear las prácticas comerciales con los objetivos de Desarrollo Sostenible. A nivel estatal, sin perjuicio de que existen referencias y menciones expresas al comercio justo, no hay un desarrollo normativo que consolide este reconocimiento armonice y proporcione seguridad jurídica. La exposición de motivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, introduce la posibilidad de que los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen aspectos sociales del proceso de producción y comercialización de las obras, suministros o servicios. En especial, podrá exigirse que dicho proceso cumpla con los principios de comercio justo que establece la Resolución sobre el Comercio Justo y Desarrollo de 16 de junio de 2006 (2005/2245(INI)). Además, el artículo 12 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, prevé que las Administraciones públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos, promuevan, por sí mismas o en el marco de partenariados y alianzas con otros actores, el fomento del voluntariado y la participación de la sociedad española en las iniciativas a favor de la solidaridad y la justicia global, en apoyo de la acción humanitaria, la cooperación para el desarrollo sostenible global y las iniciativas de comercio justo. Sin embargo, como destacamos anteriormente, no existe una normativa que defina, impulse y regule el Comercio Justo en España. En otras palabras, a pesar de que España tiene actualmente un papel protagonista liderando la Economía Social a nivel internacional, a nivel estatal existe un vacío legal indiscutible al no existir una regulación del Comercio Justo, lo que nos impide acompasar los avances que han llevado a cabo otros países. Sobre la base de lo expuesto y principalmente, ante la necesidad de incorporar al marco normativo Español una regulación del Comercio Justo que obedezca a esa triple finalidad de (i) cumplir con las recomendaciones europeas, (ii) dar cobertura a la laguna legal actual y (iii) evitar que el término de «Comercio Justo» pueda ser empleado de forma impropia con el consiguiente perjuicio para quienes lo desarrollan y los consumidores, se presenta la propuesta de articulado que se describe en el punto 2 de esta Nota. Esta propuesta de articulado trata de simplificar la propuesta elaborada inicialmente por la CECJ e incluida en las enmiendas que presenta CEPES, con el objetivo de hacerla más factible para su inclusión en el Proyecto de Ley, que se encuentra ya bastante avanzado en su estado de tramitación. Consideramos que la promoción del comercio justo esta intrínsecamente vinculada a los fundamentos y objetivos de la Estrategia Española de Economía Social y del Plan de Acción Europeo para la Economía Social y por ello, debería resultar relativamente lógica su regulación en el Proyecto de Ley, siempre que la propuesta que se eleve sea sencilla y fácil de incorporar por medio de un único artículo. De este modo, una vez que se consiga la regulación inicial del concepto de Comercio Justo y de sus principales notas características, desde un punto de vista de técnica legislativa, resultará más sencillo su desarrollo ulterior por un instrumento normativo de rango inferior, más ágil y sencillo de tramitar y aprobar. Este reparto de materias entre normas de distinto rango es coherente con el reparto competencial contemplado en el artículo 148.1. 13.º y 149. 1.13.º de la Constitución Española, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como con regulación entre las materias reservadas a Leyes y las susceptibles de desarrollo reglamentario.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu