Enmienda núm. 400

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

Apartados nuevos

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Apartado nuevo. Se modifica el artículo 539 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, quedando redactado como sigue: 'Artículo 539. Representación y defensa. Costas y gastos de la ejecución. 1. El ejecutante y el ejecutado deberán estar dirigidos por letrado y representados por procurador, salvo que se trate de la ejecución de resoluciones dictadas en procesos en que no sea preceptiva la intervención de dichos profesionales. Previa solicitud de la parte ejecutante, el Letrado de la Administración de Justicia acordará que los actos concretos derivados de la ejecución sean efectuados por su procurador. En el ejercicio de las funciones contempladas en este apartado, y sin perjuicio de la posibilidad de sustitución prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el procurador de la parte actuará de forma personal e indelegable y su actuación será impugnable ante el letrado de la Administración de Justicia conforme a la tramitación prevista en los artículos 452 y 453. Contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión. Para la ejecución derivada de procesos monitorios en que no haya habido oposición, se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros. Para le ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.'

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Se trata de una medida de agilización tendente, por una parte, a liberar el juzgado de la realización de un número importante de trámite que se pueden delegar en el procurador y, por otra parte, a favorecer la rapidez con que se averiguan y traban los bienes para hacer efectivo el derecho del ejecutante ya reconocido por sentencia firme. El objetivo es la consecución integra del principio de tutela judicial efectiva llevándose a efecto la declaración que recoge el correspondiente título a ejecutar. Ello con el consiguiente beneficio no sólo a la seguridad jurídica sino también a la economía, puesto que facilitará la inversión en nuevos proyectos sabiendo que las ejecuciones se pueden traducir más rápida y fácilmente. La situación actual propicia que el nivel de ejecuciones realizadas con éxito sea proporcionalmente mucho más bajo de lo deseable, sin que supere la cifra del 30 % del total en el año 2020. La medida es congruente con las competencias establecidas en el artículo 23.4 ya que el procurador actuará como colaborador del Letrado de la Administración de Justicia que reserva para sí su protestas, pero pudiendo verse auxiliado en los actos de mera ejecución, puro trámite o impulso de lo ya acordado tanto por el órgano judicial, a través del auto, y por el propio Letrado de la Administración de Justicia, a través de decreto. Página 471

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya