Enmienda núm. 628

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Vasco

Artículo 21. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Setenta y tres. Artículo 730, apartado 2.

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

Setenta y tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 730 con la siguiente redacción: '2. Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad. En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si no se iniciase un proceso de negociación previa a través de un medio adecuado de solución de controversias en vía extrajudicial o si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El letrado o letrada de la Administración de Justicia, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante en las costas y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido al sujeto respecto del cual se adoptaron las medidas. Cuando las medidas cautelares se hubieren acordado antes del inicio de un procedimiento de solución adecuada de controversias, o durante su pendencia, alcanzado el acuerdo éste habrá de ser puesto de manifiesto ante el tribunal, al que se pedirá el alzamiento de las medidas, salvo que el acuerdo sea parcial y alguna de las partes solicite el mantenimiento de las mismas o la adopción de otras distintas en relación con los extremos sobre los que se mantenga la controversia. En caso de acuerdo total el letrado o letrada de la Administración de Justicia ordenará el alzamiento de las medidas cautelares adoptadas si existe acuerdo de las partes o su conversión en ejecutiva en caso de incumplimiento de la parte obligada en el plazo de veinte días desde que se llegó al acuerdo. En el caso de acuerdo parcial, si alguna de las partes solicitara el mantenimiento de las medidas o la adopción de alguna medida cautelar distinta se dará cuenta al tribunal que, oída la parte contraria, resolverá lo procedente sobre la solicitud, atendiendo a las circunstancias que justificasen el mantenimiento o la adopción de dichas medidas. Si se hubiese practicado anotación preventiva de inicio de un procedimiento de solución extrajudicial, caducará a los tres meses desde su fecha, si bien, el Letrado o Letrada de la Administración de Justicia podrá acordar su prorroga a la vista de las circunstancias del caso. La anotación de demanda en el mismo asunto producirá sus efectos desde la fecha de la anotación vigente del procedimiento de solución extrajudicial. Las partes podrán solicitar el alzamiento de las medidas cautelares ante el tribunal competente en el plazo de veinte días desde la terminación del proceso negociador sin acuerdo o desde la fecha de recepción de la propuesta por la parte requerida en caso de que dicha propuesta inicial de acuerdo no obtenga respuesta. Las partes podrán acordar a través de un medio adecuado de solución controversias en vía extrajudicial que las medidas cautelares adoptadas por un órgano judicial o arbitral tengan carácter definitivo, produciendo la resolución adoptada plenos efectos de cosa juzgada. Si las partes hubieran llegado a acuerdos provisionales podrán solicitar su homologación judicial.'

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

En el proyecto de ley se prevé que durante la pendencia de un MASC se puede solicitar la adopción de una medida cautelar. Por otro lado, cuando se inicia el proceso de negociación se suspende los plazos de caducidad, teniendo tal consideración el de 20 días para iniciar el proceso judicial cuando la medida cautelar se ha adoptado previamente. Por ello, para evitar otras interpretaciones es conveniente indicar en la ley el inicio de un proceso de negociación previa. Los párrafos 3 y 4 del artículo 730.2 son una expresión de la instrumentalidad de las medidas cautelares. Lo que no tiene en cuenta el proyecto de ley es que cuando se dicta Página 741 una sentencia estimatoria o se alcanza un acuerdo, que coincida sustancialmente con las medidas adoptadas, la consecuencia no puede ser alzamiento sino su mantenimiento hasta que el obligado cumpla voluntariamente. En el caso en que no sea así el solicitante podrá iniciar el proceso de ejecución y solicitar la conversión de las medidas de garantía en ejecutivas. Por ello es conveniente prever su mantenimiento durante un plazo de 20 días, que coincide con el previsto por el legislador para el cumplimiento voluntario de las sentencias. También se propone introducir un nuevo párrafo en el que las partes puedan acordar la conversión en definitiva de las medidas cautelares adoptadas. Cuando nos hallamos ante medidas anticipatorias de la sentencia que en su día se dicte, el solicitante puede estar obligado a iniciar el proceso judicial para que la medida cautelar no se alce a pesar de que el demandado no tiene ningún interés en seguir con el proceso judicial. Es cierto que las partes pueden acordar lo mismo que la resolución judicial, pero creo conveniente que tengan la posibilidad de convertir la medida cautelar adoptada, en definitiva. De esta forma se convierte en sentencia sobre el fondo del asunto, con lo que tendrá plenos efectos de cosa juzgada. Se matiza que la medida cautelar sea adoptada por un órgano judicial o arbitral porque las sentencias o laudos arbitrales sí que producen efectos de cosa juzgada. Sin embargo, si se adopta bajo esta denominación resoluciones provisionales porque las partes así lo permiten o acuerdos provisionales entre las partes en un medio adecuado de solución de controversias, no se produciría esta conversión al no existir una resolución judicial al respecto. En este caso se podría solicitar su homologación judicial. Respecto al cuarto párrafo que se introduce, indicar que lo que debe ser objeto de regulación es el plazo de duración de esta anotación preventiva como medida cautelar. En caso contrario regirá la regla general de los cuatro años. Dispone el artículo 86 de la Ley Hipotecaria que 'Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la Ley un plazo de caducidad más breve.' Las referencias a los diferentes plazos las encontramos en el proyecto en su artículo 6, 'Efectos de la apertura del proceso de negociación y de su terminación sin acuerdo.' El artículo 6 establece que la solicitud de una de las partes dirigida a la otra, interrumpirá la prescripción y la suspensión de la caducidad de las acciones y señala que el cómputo de dichos plazos se reanudará a los treinta días naturales si no tiene lugar la primera reunión pero si el proceso tiene continuidad, se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo o se produzca su terminación sin acuerdo. El mismo artículo señala que la demanda deberá presentarse en el plazo de un año desde la terminación del proceso sin acuerdo para que pueda entenderse cumplido el requisito de procedibilidad. Si la ley contempla un plazo de treinta días para la primera reunión parece lógico pensar que plazo de duración del proceso puede ser mayor, por eso se propone una duración inicial de la anotación de tres meses, dada la aspiración de rapidez que tienen estos procedimientos frente al proceso judicial, sin perjuicio de que pueda ser prorrogada. En cualquier caso, caducará en el plazo indicado si la misma no es prorrogada y se cancelará cuando se acredite ante el tribunal haberse alcanzado un acuerdo. La conclusión sin acuerdo no debería producir la caducidad automática de la anotación pues debe contemplarse que, presumiblemente, se presentará demanda por alguna de las partes y solicitarse la anotación de la misma. El hecho de que se proponga que la anotación de la demanda despliegue sus efectos desde la anotación de inicio del procedimiento extrajudicial obedece a la necesidad ineludible de mantener protegidos los intereses en cuestión. La ley no puede establecer como requisito de procedibilidad el intento de un medio de solución extrajudicial de la controversia sin garantizar que tal requisito de procedibilidad no perjudicará los intereses de cualquiera de las partes, lo que solo puede lograrse respecto de los derechos inscritos mediante la solución propuesta. Página 742 En ningún caso corresponderá al registrador valorar la identidad de los asuntos, bastará con que se haya admitido la demanda en base al procedimiento de solución extrajudicial que hubiese generado la anotación.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)