Enmienda núm. 109

La alianza que en los últimos años han sostenido los gobiernos de la Nación con las fuerzas separatistas, se han aprobado distintas normas que atentan contra la igualdad de los españoles al provocar el deterioro, cuando no la ruptura, de mecanismos que exigen una aplicación equitativa y sin distinciones entre todos. Uno de estos casos es el de la disposición adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, que cede la competencia para la gestión de esta prestación no contributiva a las regiones con régimen económico especial. Tal cesión constituye una ruptura del principio de unidad de caja que debe informar el funcionamiento de la Seguridad Social, en cuya virtud el Estado es, en todo el territorio nacional, el único titular de la totalidad de los recursos, obligaciones y prestaciones de la Seguridad Social. No puede existir un elemento de distinción solamente en función de su lugar de residencia cuando se trata de los derechos y las obligaciones de los españoles beneficiarios de las prestaciones sociales, por ello la unidad de caja es un principio que garantiza la efectiva igualdad de derechos y obligaciones. En este sentido, la posibilidad de que ciertos territorios puedan asumir la gestión y el pago del ingreso mínimo vital, basada únicamente en el sistema de financiación de dichas regiones con régimen económico especial, implica por sí misma un factor de desigualdad entre los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las obligaciones.