En fecha 2 de abril de 2020, en el contexto de la pandemia de coronavirus,
entraba en vigor el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19, articulándose la suspensión
'extraordinaria' de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos
para personas vulnerables sin alternativa habitacional, mediante una
valoración por parte de los servicios sociales, incluso en el caso de
viviendas ocupadas sin título.
Esta medida de suspensión ha sido prorrogada en varias ocasiones,
realizándose la última de ellas, mediante pacto con Bildu, a través de la
Sección 2.ª del Capítulo III del Título VI del Real Decreto-ley 8/2023,
de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las
consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en
Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía
(del cual procede el Proyecto de Ley que nos ocupa), que amplía la
suspensión de los procedimientos señalados hasta el 31 de diciembre de
2024.
El Gobierno, con una medida que ha ido llamando excepcional pero que ya
lleva vigente cuatro años, traslada su responsabilidad de protección
social a los propietarios, carga la obligación pública del Gobierno con
los vulnerables al particular, además de permitir los supuestos de
okupación o, como dice textualmente la norma, 'aquellas personas que la
estén habitando sin ningún título habilitante para ello', amparando una
actividad delictiva.
A raíz de esta medida, se ha generado un nuevo fenómeno, la
'inquiokupación', dándose situaciones en las que personas buscan okupar
una vivienda a través de un contrato de alquiler que dejan de cumplir y
se ven protegidos por esta normativa. Ello está provocando una reducción
de la oferta de viviendas y una exigencia de mayores garantías para los
inquilinos, consecuencias derivadas de la inseguridad jurídica que sufren
los propietarios, que puedan verse imposibilitados de recuperar su
vivienda porque las medidas del Gobierno protegen más al okupa que al
propietario.
Se debe recordar que el 95 % de los arrendadores son pequeños
propietarios. Unos propietarios que cada vez ven menos incentivos para
alquilar su vivienda por todos los riesgos a los que se exponen. Por
tanto, las medidas del Gobierno lo que hacen es poner aún más difícil el
acceso a la vivienda al ciudadano.
Al okupa se le desaloja y al vulnerable se le protege, sin que el Gobierno
tenga derecho a trasladar a los ciudadanos su responsabilidad. La
Administración debe ayudar a los vulnerables, promover la vivienda
social, impulsando la construcción de vivienda pública o adquiriendo
inmuebles de titularidad privada con la finalidad de aumentar la vivienda
asequible.
