Artículo 4. Obligaciones de los fabricantes de equipos terminales digitales con conexión a Internet.
1. Este artículo es aplicable a los equipos terminales digitales que dispongan de un sistema operativo y que tienen capacidad para conectarse a Internet y a través de esta conexión pueden acceder a contenidos perjudiciales para personas
menores de edad, como es el caso de los teléfonos móviles, tabletas electrónicas, televisores inteligentes, ordenadores personales, consolas de videojuegos o gafas de realidad virtual o aumentada.
2. Los fabricantes de equipos terminales digitales a que se refiere el apartado anterior proporcionarán información sobre sus productos, como mínimo, en el embalaje y en el libro de instrucciones, manual de usuario o guía de uso del equipo,
que advierta, en un lenguaje accesible, inclusivo y apropiado para todas las edades, de los riesgos derivados del acceso a contenidos nocivos para la salud y el desarrollo físico, mental y moral de las personas menores de edad.
La obligación de información incluirá, como mínimo, el siguiente contenido:
a) las medidas de protección de datos y riesgos relacionados con la privacidad y la seguridad;
b) el tiempo recomendado de uso de los productos y servicios, adecuado a la edad de la persona usuaria;
c) los sistemas de control parental;
d) los riesgos para el desarrollo cognitivo y emocional y el impacto en la calidad del sueño del uso prolongado de tales servicios.
En todo caso, se tendrá en cuenta la adaptación del lenguaje y de los elementos visuales y audiovisuales a las necesidades de las personas con discapacidad.
3. Los fabricantes estarán obligados a garantizar que los equipos terminales a que se refiere este artículo incluyan en su sistema operativo una funcionalidad de control parental que permita a sus usuarios restringir o controlar el acceso
de las personas menores de edad a servicios, aplicaciones y contenidos perjudiciales para ellas, cuya activación deberá producirse por defecto en el momento de la configuración inicial del equipo terminal. La inclusión de la funcionalidad, su
activación, configuración y actualización será gratuita para la persona usuaria.
Los fabricantes velarán porque los sistemas operativos instalados en sus equipos terminales incorporen la funcionalidad de control parental. El proveedor del sistema operativo, a petición del fabricante, garantizará y certificará al
fabricante que el sistema operativo destinado a instalarse en el equipo terminal incorpora la funcionalidad de control parental.
Los datos personales de las personas menores recopilados o generados durante la activación de esta funcionalidad no podrán ser utilizados en ningún caso, incluso cuando la persona usuaria adquiera la mayoría de edad, con fines comerciales,
como marketing directo, elaboración de perfiles y publicidad basada en el comportamiento.
4. Los fabricantes deberán acreditar ante los importadores, distribuidores y comercializadores que los dispositivos suministrados cumplen los requisitos y condiciones establecidos en los apartados anteriores. Los importadores,
distribuidores y comercializadores deberán realizar acciones para verificar el cumplimiento de estos requisitos y condiciones.
5. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ejercerá las funciones de seguimiento, supervisión y control de los requisitos y condiciones establecidos en los apartados anteriores, para lo cual ejercerá las
potestades de vigilancia del mercado e inspección establecidas en los artículos 83 y 103, respectivamente, de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo, en particular, el Real Decreto 186/2016, de 6
de mayo, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los aparatos eléctricos y electrónicos y el Real Decreto 188/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos para la
comercialización, puesta en servicio y utilización de equipos radioeléctricos, y se regula el procedimiento de evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los equipos de telecomunicaciones.
6. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a) La falta de información en sus productos a que se refiere el apartado 2 de este artículo por parte de los fabricantes de equipos terminales digitales.
b) La ausencia de funcionalidad de control parental en los equipos terminales a que se refiere el apartado 3 de este artículo por parte de los fabricantes de equipos terminales digitales.
c) El diseño o fabricación defectuoso del equipo terminal o del sistema operativo que imposibilite la activación de la funcionalidad de control parental.
d) La activación, configuración y actualización de la funcionalidad de control parental no es gratuita para el usuario.
e) La falta de certificación por parte del proveedor del sistema operativo al fabricante de que el sistema operativo que se pretende instalar en el equipo terminal incorpora la funcionalidad de control parental en equipos terminales
digitales.
f) La falta de acreditación por parte de los fabricantes a los importadores, distribuidores y comercializadores de que los equipos y dispositivos suministrados cumplen los requisitos y condiciones establecidos en este artículo.
g) La ausencia de desarrollo por parte de los importadores, distribuidores y comercializadores de actuaciones de verificación del cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en este artículo.
Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones mencionadas anteriormente podrán llevar aparejada la retirada o recuperación de los equipos del mercado o la prohibición o restricción de su comercialización, hasta que se cumplan
los requisitos establecidos en este artículo.
Por la comisión de las infracciones tipificadas en los apartados anteriores, el infractor será sancionado con multa de hasta dos millones de euros.
La cuantía de la sanción impuesta, dentro de los límites señalados, se graduará teniendo en cuenta, además de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo siguiente:
a) la gravedad de las infracciones previamente cometidas por el sujeto sancionado;
b) el daño causado;
c) el cumplimiento voluntario de las medidas cautelares que, en su caso, se impongan en el procedimiento sancionador;
d) la negativa u obstrucción para proporcionar la información o documentación requerida;
e) el cese de la actividad infractora, previamente o durante la tramitación del expediente sancionador;
f) la colaboración activa y efectiva con la autoridad competente en la detección o prueba de la actividad infractora.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, en el ámbito de sus competencias y sin perjuicio de las competencias exclusivas, también
de inspección y sanción, que tienen las Comunidades Autónomas en materia de consumo y de los derechos de las personas consumidoras y usuarias reconocidos por sus Estatutos de Autonomía. La instrucción de los expedientes sancionadores que
corresponda a la Secretaría de Estado, corresponderá a la Secretaría General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
Una vez incoado el procedimiento sancionador, las infracciones a que se refiere este artículo, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
podrán dar lugar a la adopción de las siguientes medidas cautelares:
a) ordenar el cese inmediato de cualquier otra actividad presuntamente infractora;
b) ordenar la retirada o recuperación del mercado de los equipos de telecomunicaciones que presuntamente no cumplan con los requisitos establecidos en este artículo.
Las infracciones prescribirán a los dos años.
Las sanciones prescribirán después de dos años.
En el ejercicio de la potestad sancionadora será de aplicación el procedimiento administrativo común establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si bien el plazo de resolución será de un año y el plazo para formular alegaciones será, al
menos, de quince días hábiles.
7. La falta de los requisitos y condiciones previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo se considerará falta de conformidad objetiva de los productos, a los efectos del artículo 115 ter del texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a los exclusivos efectos de conferir a los consumidores y usuarios los derechos previstos en dicha norma.
Artigo 4. Obrigas dos fabricantes de equipos terminais dixitais con conexión a internet.
1. Este artigo é aplicábel aos equipos terminais dixitais que dispoñan de sistema operativo e que teñan a capacidade de conectarse a internet e a través desta conexión poida accederse a contidos prexudiciais para as persoas menores de
idade, como é o caso de teléfonos móbiles, tabletas electrónicas, televisores intelixentes, computadores de uso persoal, consolas de videoxogos ou lentes de realidade virtual ou aumentada.
2. Os fabricantes de equipos terminais dixitais referidos no apartado anterior proporcionarán información nos seus produtos, no mínimo, na embalaxe e no libro de instrucións, manual de usuario ou guía de uso do equipo, na que se advirta,
nunha linguaxe accesible, inclusivo e apropiado para todas as idades, dos riscos derivados do acceso a contidos prexudiciais para a saúde e o desenvolvemento físico, mental e moral das persoas menores de idade.
A obriga de información comprenderá, no mínimo, o seguinte contido:
a) As medidas de protección de datos e os riscos relacionados coa privacidade e a seguridade;
b) o tempo recomendado de uso dos produtos e servizos, adecuado á idade da persoa usuaria;
c) os sistemas de control parental;
d) os riscos sobre o desenvolvemento cognitivo e emocional e a afección á calidade do soño dun uso prolongado de tales servizos.
En todo caso terase en conta a adaptación da linguaxe e elementos visuais e audiovisuais ás necesidades das persoas con discapacidade.
3. Os fabricantes estarán obrigados a garantir que os equipos terminais aos que se refire este artigo inclúan no seu sistema operativo unha funcionalidade de control parental que permita aos seus usuarios restrinxir ou controlar o acceso
das persoas menores de idade a servizos, aplicacións e contidos prexudiciais para elas, cuxa activación debe producirse por defecto no momento da configuración inicial do equipo terminal. A inclusión da funcionalidade, a súa activación,
configuración e actualización serán gratuítas para a persoa usuaria.
Os fabricantes velarán por que os sistemas operativos instalados nos seus equipos terminais incorporen a funcionalidade de control parental. O provedor do sistema operativo, a pedimento do fabricante, garantirá e certificará ao fabricante
que o sistema operativo destinado a instalarse no equipo terminal incorpora a funcionalidade de control parental.
Os datos persoais de persoas menores de idade recompilados ou xerados durante a activación desta funcionalidade non poderán ser utilizados en ningún caso, mesmo cando a persoa usuaria adquira a maioría de idade, con fins comerciais, como
márketing directo, elaboración de perfís e publicidade baseada no comportamento.
4. Os fabricantes deberán acreditar ante os importadores, distribuidores e comercializadores que os dispositivos fornecidos cumpren os requisitos e condicións establecidos nos apartados anteriores. Os importadores, distribuidores e
comercializadores deberán desenvolver actuacións de verificación do cumprimento destes requisitos e condicións.
5. A Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais exercerá as funcións de vixilancia, supervisión e control dos requisitos e condicións establecidos nos apartados anteriores para o que exercerá as potestades de
vixilancia de mercado e de inspección establecidas nos artigos 83 e 103, respectivamente, da Lei 11/2022, de o 28 de xuño, Xeneral de Telecomunicacións e a súa normativa de desenvolvemento, en particular, o Real Decreto 186/2016, de o 6 de maio,
polo que se regula a compatibilidade electromagnética dos equipos eléctricos e electrónicos e o Real Decreto 188/2016, de o 6 de maio, polo que se aproba o Regulamento polo que se establecen os requisitos para a comercialización, posta en servizo e
uso de equipos radioeléctricos, e regúlase o procedemento para a avaliación da conformidade, a vixilancia do mercado e o réxime sancionador dos equipos de telecomunicación.
6. Tipifícanse como infraccións graves:
a) A falta de información nos seus produtos a que se refire o apartado 2 deste artigo polos fabricantes de equipos terminais dixitais.
b) A ausencia da funcionalidade de control parental nos equipos terminais a que se refire o apartado 3 deste artigo polos fabricantes de equipos terminais dixitais.
c) O deseño ou fabricación errónea do equipo terminal ou do sistema operativo que faga imposible activar a funcionalidade de control parental.
d) A activación, configuración e actualización da funcionalidade de control parental non gratuíta para o usuario.
e) A falta de certificación polo provedor do sistema operativo ao fabricante de que o sistema operativo destinado a instalarse no equipo terminal incorpora a funcionalidade de control parental nos equipos terminais dixitais.
f) A falta de acreditación polos fabricantes ante os importadores, distribuidores e comercializadores que os equipos e dispositivos fornecidos cumpren os requisitos e condicións establecidos neste artigo.
g) A ausencia de desenvolvemento polos importadores, distribuidores e comercializadores de actuacións de verificación do cumprimento dos requisitos e condicións establecidos neste artigo.
As sancións impostas por calquera das infraccións mencionadas poderán levar aparellada a retirada ou recuperación do mercado dos equipos ou a prohibición ou restrición da súa comercialización, até que se produza o cumprimento dos requisitos
estabelecidos neste artigo.
Pola comisión das infraccións tipificadas nos parágrafos anteriores impoñerase ao infractor multa por importe de ata dous millóns de euros.
A contía da sanción que se impoña, dentro dos límites indicados, graduarase tendo en conta, ademais do previsto no artigo 29 da Lei 40/2015, de o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, o seguinte:
a) a gravidade das infraccións cometidas anteriormente polo suxeito ao que se sanciona;
b) o dano causado;
c) o cumprimento voluntario das medidas cautelares que, no seu caso, impóñanse no procedemento sancionador;
d) a negativa ou obstrución a facilitar a información ou documentación requirida;
e) o cesamento da actividade infractora, previamente ou durante a tramitación do expediente sancionador;
f) a colaboración activa e efectiva coa autoridade competente na detección ou proba da actividade infractora.
O exercicio da potestade sancionadora corresponde á persoa titular da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, dentro do ámbito das súas competencias e sen prexuízo das competencias exclusivas, tamén de
inspección e sanción, que teñan as Comunidades Autónomas en materia de consumo e dereitos das persoas consumidoras e usuarias segundo recoñezan os seus Estatutos de Autonomía. A instrución dos expedientes sancionadores que corresponda á Secretaría
de Estado, corresponderá á Secretaría Xeral de Telecomunicacións e Ordenación dos Servizos de Comunicación Audiovisual.
Unha vez incoado o procedemento sancionador, as infraccións ás que se refire este artigo, de conformidade co artigo 56 da Lei 39/2015, de o 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, poderán dar lugar á
adopción das seguintes medidas cautelares:
a) ordenar o cesamento inmediato de calquera outra actividade presuntamente infractora;
b) ordenar a retirada ou a súa recuperación do mercado dos equipos de telecomunicación que presuntamente non cumpran os requisitos establecidos neste artigo.
As infraccións prescribirán aos dous anos.
As sancións prescribirán aos dous anos.
No exercicio da potestade sancionadora será de aplicación o procedemento administrativo común establecido na Lei 39/2015, de o 1 de outubro, aínda que o prazo de resolución do mesmo será dun ano e o prazo de alegacións será como mínimo de
quince días hábiles.
7. A ausencia de requisitos e condicións previstas nos apartados 2 e 3 deste artigo terá a consideración de falta obxectiva de conformidade dos produtos, para os efectos do artigo 115 ter do texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos
Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, de o 16 de novembro, aos exclusivos efectos de conferir aos consumidores e usuarios os dereitos previstos na devandita norma.
