Enmienda núm. 82

El proyecto de ley propone, bajo el argumento de la protección al menor, establecer sanciones accesorias en el código penal que suponen de facto una Orden de Alejamiento Digital que, a la práctica, deriva en una prohibición total del acceso a internet puesto que, basándose en las órdenes de alejamiento convencionales, considera internet el «lugar», como si se tratara de un espacio físico. Se trata de una medida del todo desproporcionada teniendo en cuenta la absoluta dependencia del ciudadano del uso de internet para un sinfín de actividades de la vida diaria. Además, la prohibición de acceso a internet, no sólo para delitos enfocados a menores sino para todos los delitos con condenas por debajo de los 10 años, pone en riesgo la libertad de expresión o de opinión de cualquier periodista, político, o creador de contenidos si, de manera arbitraria, estos contenidos pueden ser considerados «peligrosos» judicialmente. Se pueden combatir los discursos de odio actualizando y aplicando con medios las herramientas penales ya disponibles, y no modificando como se pretende el código penal dando lugar a la censura. Esta modificación penal, presente en las disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y séptima, desborda la protección al menor y puede interpretarse, en consecuencia, como un intento de controlar/ censurar a los creadores de contenidos. Página 116