Enmienda núm. 70

Propuesta registrada por

Grupo Parlamentario Junts per Catalunya

Disposición adicional única

Texto que se propone

Redacción normativa presentada para su debate

«Disposición adicional única. Proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal. 1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta ley, la Comisión de Selección prevista en el artículo 305.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, convocará un único proceso de estabilización de empleo temporal en la Carrera Judicial y un único proceso de estabilización en la Carrera Fiscal. 2. El número total de plazas ofertadas en cada proceso se fijará por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en el número de 970 para jueces y juezas sustitutos y 400 para abogados fiscales, . Se atenderá a las disponibilidades presupuestarias, teniendo en cuenta las necesidades estructurales y permanentes de la Administración de Justicia y las vacantes previsibles consecuencia de la regulación de la temporalidad en las carreras judicial y fiscal prevista en esta ley, debiendo incluirse en todo caso todas las plazas en que se hubiese utilizado sucesiva e indebidamente la contratación temporal. , con inclusión de todos aquellos que se encuentran en abuso de temporalidad los que estuvieran más de tres años sucesivos de nombramiento, inmediatamente anterior al proceso de estabilización o hasta el año judicial 2023/2024. 3. En los procesos selectivos, que seguirán el sistema de concurso-oposición conforme a lo preceptuado en esta disposición, se garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Los procesos selectivos seguirán los siguientes sistemas: a) Concurso de méritos para juezas y jueces sustitutos, magistrados suplentes y abogados fiscales sustitutos con diez años de nombramiento y cinco años de trabajo efectivo inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria del proceso de estabilización. b) Concurso-oposición para juezas y jueces sustitutos, magistrados suplentes y abogados fiscales sustitutos con más de tres años de nombramiento (y menos de diez años) y tres años de trabajo efectivo en la fecha inmediatamente anterior a la convocatoria del proceso de estabilización. Conforme a lo preceptuado en esta disposición, se garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 4. Podrán participar en el proceso selectivo quienes, contando con el título de Grado en Derecho, aquellas juezas y jueces sustitutos, magistrados suplentes y abogados fiscales sustitutos que acrediten tener al menos cinco tres años de ejercicio profesional . nombramiento ininterrumpido inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria del proceso de estabilización. Los aspirantes sólo podrán presentarse a uno solo de los procesos selectivos . al proceso selectivo de carrea en la que hayan estado en situación de abuso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley o hasta el año judicial 2023/2024. 5. La fase de oposición consistirá en un dictamen práctico relativo a un caso concreto relacionado con el derecho sustantivo y procesal en cualquier rama del Derecho. El Tribunal determinará el número de aspirantes que podrán concurrir a esta fase teniendo en cuenta las plazas ofertadas. A tales efectos, el ejercicio profesional se computará conforme a los siguientes criterios: los porcesos selectivos se desarrollarán del siguiente modo: a) Jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos: 0,20 por cada año de nombramiento y 0,80 por cada año de trabajo efectivo. b) Resto de profesionales: 0,25 por cada año efectivo de trabajo. a) El proceso selectivo de concurso de méritos para juezas y jueces sustitutos, magistrados suplentes y abogados fiscales sustitutos de más de diez años de nombramientos y cinco años de trabajo efectivo inmediatamente anterior a la fecha de convocatoria del proceso de estabilización consistirá en el cómputo de 1 punto por cada año de nombramiento hasta la fecha de la convocatoria y 1 punto por cada año de trabajo efectivo, sin perjuicio del orden jurisdiccional del dictamen en el que participe la persona interesada. b) Para concurrir a la fase de oposición del proceso selectivo para los jueces sustitutos y abogados fiscales sustitutos con más de tres años y menos de diez años de nombramiento inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria del proceso de estabilización, se computará 1 punto por cada año de nombramiento hasta el momento de la convocatoria, sin perjuicio del orden jurisdiccional del dictamen en el que participe la persona interesada. b1. la fase de oposición para los jueces sustitutos y magistrados suplentes consistirá en un dictamen práctico, no eliminatorio, relativo a un caso concreto relacionado con el derecho sustantivo y procesal de la jurisdicción civil, penal, mixta, contencioso-administrativa o social, que permita al tribunal valorar las competencias siguientes: capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica, deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos objeto del dictamen. b2. La fase de oposición para los abogados fiscales sustitutos consistirá en un dictamen práctico, no eliminatorio, relativo a un caso concreto relacionado con el derecho sustantivo y procesal de la jurisdicción penal, que consistirá en un escrito de acusación, o en su caso civil en aquellas materias en las que interviene el Ministerio Fiscal a modo de informe en un procedimiento de familia o de discapacidad, a escoger por el candidato. En ambos casos (B.1 y B.2) la fase de oposición resultará de la suma de la puntuación obtenida por el dictamen y la antigüedad, que tendrá una valoración de 1 punto por año trabajado, en la que se computará la de todos los órdenes jurisdiccionales, de la que resultará la nota total. Los periodos concurrentes en varias profesiones computarán una sola vez. 6. Entre los que superen el dictamen, se procederá a valorar los méritos aducidos por los mismos, conforme a la baremación prevista en el artículo 313.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las juezas y jueces sustitutos, magistrados suplentes y abogados fiscales sustitutos que superen la fase de concurso o de oposición, respectivamente, pasarán a la siguiente fase. Para fijar el orden en el escalafón, se considerarán como méritos: el título de Doctor en Derecho sobre materia propia del orden jurisdiccional al que concurra o suficienca investigadora o título equivalente; grado en criminología para los abogados fiscales sustitutos y las resoluciones dictadas por los jueces sustitutos y magistrados suplentes valorándose su calidad jurídica y cantidad. El Derecho propio de la CCAA a la que vaya a ser adscrito el candidato se valorará en 1 punto y la lengua propia se valorará en 0,33 en el nivel B, 0,66 el nivel C y 1 punto el nivel D. 7. La relación definitiva de aprobados se configurará mediante la suma de la puntuación obtenida en la fase de oposición y la de méritos. El orden del escalafón vendrá determinado por la puntuación total que se obtenga en el concurso de méritos y en el concurso oposición. 8. El tribunal evaluador estará presidido por un magistrado o magistrada del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia o un fiscal de Sala o fiscal del Tribunal Supremo o de una Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia, y serán vocales dos magistrados, dos fiscales, un catedrático de universidad de disciplinas jurídicas en universidades públicas o en categorías similares en universidades privadas, un abogado del Estado, un abogado con más de diez años de ejercicio profesional y un letrado de la Administración de Justicia de la categoría primera o segunda, que actuará como secretario. Podrán nombrarse varios tribunales para cada uno de los concretos procesos selectivos cuando el número de aspirantes así lo aconseje. 8 bis. Las plazas ofertadas no podrán quedar desiertas ni acrecer, en un momento posterior, al turno libre ni al cuarto turno. 9. La fase práctica de formación y selección para los aspirantes para el ingreso en la Carrera Judicial que hayan superado el concurso-oposición se efectuará en la forma prevista en el artículo 307.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los candidatos durante el proceso de formación seguirán cobrando el sueldo íntegro que venían percibiendo hasta el momento, incluida la antigüedad. 10. Los que superen la fase práctica de formación y selección serán nombrados jueces o abogados fiscales por el orden de la propuesta hecha por la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, respectivamente. Los jueces y fiscales conservarán la antigüedad a efectos del cobro de trienios y de jubilación y tendrán los mismos derechos y obligaciones que los integrantes de las carreras judicial y fiscal, incluidos los derechos pasivos. Quienes accedan a la Carrera judicial quedarán adscritos a l un Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en la estaban adscritos en el ejercicio como juez o jueza sustituta o magistrado suplente, y quienes accedan a la Carrera fiscal quedarán adscritos a la Fiscalía de una la Comunidad autónoma en la que estaban adscritos en el ejercicio como fiscales sustitutos. Asimismo, deberán optar a las plazas que se oferten en el primer concurso de traslados de su categoría que se convoquen, y en caso de no resultar adjudicatarios, en los sucesivos, con obligación de solicitar todas las plazas en el orden que estimen conveniente. 11. Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades a la fijada para el despido improcedente en la legislación laboral, computándose cada año de nombramiento, para los jueces sustitutos, magistrados suplentes y fiscales sustitutos que, estando en activo como tal nombrados en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, no superen el proceso selectivo de estabilización y vean finalizada su relación con la Administración. Sin perjuicio de que, en caso de que se acrediten daños superiores, imputables a la utilización sucesiva e indebida de la contratación temporal, puedan estos ser resarcidos. El reconocimiento de dicha compensación económica indemnización por daños deberá efectuarse en todo caso mediante resolución administrativa o judicial. La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún caso . excluirá el derecho a compensación económica, siempre que acredite tener más de 20 nombramientos ininterrumpidos. 12. La resolución del proceso selectivo deberá finalizar como máximo en el plazo de un año desde la publicación de la convocatoria. 13. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y oídas las Comunidades Autónomas con competencias trasferidas en materia de justicia, presentará un proyecto de ley de modificación de la Ley de demarcación y planta judicial para adecuar la planta a la nueva realidad resultante en la Carrera judicial tras estos procesos selectivos. 14. Para garantizar la independencia y la protección social de las juezas y jueces sustitutos y magistradas y magistrados suplentes y abogadas y abogados fiscales sustitutos durante todo el período de nombramiento, el régimen retributivo y de Seguridad Social aplicable a este colectivo hasta su efectiva estabilización, y en tanto no se encuentren establilizado, deberá ajustarse a los siguientes criterios: Percibirán las retribuciones previstas en el artículo 403 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con adecuación a la especificidad funcional del cargo, garantizándose que dichas retribuciones se mantendrán durante todo el año judicial para el que hayan sido nombrados, con independencia del tiempo trabajado. Asimismo, con el objeto de garantizar su protección en el momento de la jubilación, se reconocerá a los jueces sustitutos y magistrados suplentes la antigüedad desde su primer nombramiento, con todos los efectos retributivos y de Seguridad Social, y con carácter retroactivo.»

Justificación y Motivación

Fundamentos políticos y jurídicos alegados por el proponente

Concreción del número de plazas a ofertar en el proceso de estabilización. Para que el proceso de estabilización de cumplimiento a la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999 y las sentencias del TJUE y por tanto acabe con el abuso de temporalidad sufrido por los miembros de la judicatura interina, debe ofertarse un número de plazas suficiente para que los jueces y juezas sustitutos y magistrados suplentes tengan la posibilidad real de acceder al proceso extraordinario de estabilización y con ello alcanzar la estabilidad laboral, que es la única medida sanciona efectivamente el abuso de contratos temporales, ya que es la estabilidad laboral la que protege al colectivo víctima del abuso (STJUE 8/05/2019, C-494/17, STJU 7/04/2022, C-236/20, E). Previsión de que se trate de un concurso de méritos del colectivo de la judicatura interina con más de 10 años de nombramiento. La judicatura interina desempeña diariamente funciones judiciales al haber desempeñado las funciones propias de las plazas objeto del proceso selectivo extraordinario, lo que viene haciendo desde hace más de 30 años tras una valoración de méritos, más la situación a la que ha sido relegada hasta ahora es a la de precariedad consecuencia de la notoria infracción de derechos sociales básicos, siendo este Proyecto la norma que pretende modificar dicha situación excepcional de interinidad en la que más del 70 % afecta a mujeres y más del 50 % a mayores de 50 años, sin que se justifique la razón de un concurso oposición con un dictamen, cuando la juezas y jueces sustitutos dictan anualmente aproximadamente el 14 % de las resoluciones que se dictan en España. La Constitución española no establece cual es el concreto procedimiento para que el acceso a un cargo o empleo público respete los principios de igualdad, mérito y capacidad, siendo bastante la superación de un concurso que consista únicamente en la valoración de méritos, siempre y cuando tenga carácter excepcional y se instaure en una norma con rango de ley que cuente con motivación específica que justifique su elección (art. 61.6 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) en relación a la libertad de configuración de las bases de los procesos selectivos con la que cuenta la Administración (recogida en las STS de 3 de octubre de 2012 y 23 de diciembre de 2011), así como el amplio margen en la regulación de las pruebas de selección de funcionarios y en la determinación de cuáles han de ser los méritos y capacidades que se tomarán en consideración (STC 60/1994, STC 193/1987, STC 67/1989 ). También el llamado «quinto turno» previsto en el art. 345 de la LOPJ posibilita que una de cada cinco plazas de Magistrado de las distintas Salas del Tribunal Supremo pase a ser ocupada por Abogados y juristas de prestigio con más de quince años de actividad profesional tras pasar una entrevista (ex. Art 343 de la LOPJ). O la Ley Orgánica 5/1981, de 16 de noviembre, de Integración de la Carrera Judicial y del Secretariado de la Administración de Justicia, transformó en Jueces de Primera Instancia e Instrucción a los Jueces de Distrito, y por ende a aquellos que inicialmente eran «interinos» o «sustitutos» y que habían pasado a ser Jueces de Distrito (algunos de los antiguos Jueces Municipales) accediendo a la carrera judicial sin pasar por una oposición, que aún lejano en el tiempo es relevante a los efectos que nos ocupan. Dentro de la Administración de Justicia se han seguido otros procesos de estabilización, sometidos a idénticos principios de igualdad, mérito y capacidad, en los que se ha prescindido del sistema de oposición para el acceso a la condición de funcionario público: Orden JUS/1325/2022, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo extraordinario para acceso por el turno libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, por el sistema selectivo de concurso. (BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 2022). Y Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, por la que se convoca proceso selectivo extraordinario para acceso por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, por el sistema de concurso de méritos derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Se propone un concurso de méritos extraordinario para aquellos jueces sustitutos y magistrados suplentes que, debido a su experiencia práctica acreditada en todas las jurisdicciones cuenten con diez o más años de nombramientos y cinco años de trabajo efectivo inmediatamente anterior a la fecha de la convocatoria del proceso de estabilización. La justificación para este concurso extraordinario se fundamenta no solo en la doctrina del Tribunal Constitucional, sino también en la Ley 20/2021. Esta ley, en su disposición adicional sexta, permite a las Administraciones Públicas convocar, de manera excepcional y conforme a los artículos 61.6 y 7 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, procesos de estabilización mediante concurso de méritos que consistan exclusivamente en la valoración de estos. Este sistema es perfectamente aplicable a los jueces y magistrados que se encuentran en una situación de abusividad evidente y prolongada, con nombramientos durante una década y prestación de servicios efectivos, durante más de 5 años, lo que acredita que se están cubriendo necesidades estructurales de la administración de justicia, lo cual es incompatible con la Directiva Europea y el Acuerdo Marco. La disposición final trigésima tercera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, mandataba al Gobierno a presentar a las Cortes Generales, en el plazo de tres meses desde su entrada en vigor, un proyecto de ley orgánica que, garantizando el cumplimiento de los estándares europeos fijados en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y conforme a la interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, permitiera acabar con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer las carreras judicial y fiscal; (ii) la Comisión europea en el marco del procedimiento de infracción (2014) 4334 abierto al Estado español por incumplimientos de la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de28 de junio de 1999, ha alertado en su segunda carta de emplazamiento de 3 de octubre de 2024 sobre la insuficiente trasposición en España de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, anexo a la indicada Directiva en lo que afecta al colectivo de jueces sustitutos y magistrados suplentes. En concreto, y tras el examen del Derecho nacional aplicable a este colectivo, la Comisión concluye que la regulación española no satisface de manera adecuada el objetivo y efecto útil perseguidos, ya que permite la contratación y renovación de jueces sustitutos para cubrir necesidades permanentes, y advierte de la inexistencia tanto de medidas preventivas que impidan el uso abusivo de la temporalidad en la carrera judicial como de medidas sancionadoras al incumplimiento. Se exige, pues, un proceso de estabilización definitiva que acabe ya con la interinidad, exigencia derivada de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, que exige que la justicia interina se acabe ya de una vez para todos los que están trabajando de forma mínima desde hace cinco años, ya que con cinco años se ha acreditado la suficiente preparación y formación al mantenerse en las listas de jueces y fiscales sustitutos. Modificación sobre la participación al proceso de estabilización a todas las profesiones jurídicas. Proceso restringido a la judicatura interina. El propio Proyecto y la DF33.ª de la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia disponen que el proceso de estabilización es consecuencia del abuso de temporalidad del colectivo de judicatura interina, cumpliéndose los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad si éste se convoca de forma restringida entre los iguales, a saber: la judicatura interina, puesto que son los únicos que han padecido la situación de abuso de temporalidad y de precariedad durante décadas y que, como dice la propia Exposición de Motivos del Proyecto, los años previos de servicio profesional supone una acreditación objetiva de un conocimiento de las funciones judiciales, al haberlas. Implica, en definitiva, una mayor garantía, a priori, para la eficacia en el desempeño del servicio público de Justicia. La celebración de pruebas restringidas ha sido amparada por el Tribunal Constitucional (STC 27/1991, de 14 de febrero) cuando están justificadas las singulares y excepcionales circunstancias que de manera expresa se prevén en las convocatorias (SSTC 67/1989, de 18 de abril; 185/1994, de 20 de junio; 12/1999, de 11 de febrero; 83/2000, de 27 de marzo, o 107/2003, de 2 de junio), como ocurre en el caso de la judicatura interina. Por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo 2020 (C-103/18 y C-429/18), respecto de la medida de organización de procesos selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas por empleados públicos temporales, las ha calificado de medidas insuficientes si no impiden que puedan participar terceros. Y ello porque son procesos que están abiertos a los candidatos que no han sido víctimas de tal abuso y al ser de resultado incierto, no confieren a los empleados públicos víctimas de tal abuso ninguna garantía de adquirir la condición de personal fijo (Auto TJUE de 2 de junio de 2021, C-103/19; 19/03/2020, C-109/2018; Auto 2/07/2021, C-103/2019, y SSTJUE 22/02/2024 y 13/06/2024). Previsión de que en caso de que se incluya un dictamen, lo sea por especialidades. La judicatura interina trabaja en muchos de los territorios de forma especializada y si bien el Proyecto prevé que el proceso de estabilización propuesto, con adaptaciones, se regirá por el sistema de acceso para juristas de reconocida competencia regulado en la LO 6/1985, de 1 de julio, se separa del mismo al instaurar un dictamen de todas las áreas del derecho que no por cada jurisdicción (orden compartido civil y penal; civil; penal; laboral y contencioso-administrativo), lo que puede producir graves situaciones discriminatorias. Baremación acceso al concurso. La exposición de motivos del Proyecto reconoce que las juezas y jueces sustitutos ostentan «méritos derivados de los años previos de servicio profesional entre los jueces,... (p)or cuanto ello supone una acreditación objetiva de un mayor conocimiento de las funciones judiciales al haber desempeñado las funciones propias de las plazas objeto del proceso selectivo extraordinario. Implica, en definitiva, una mayor garantía, a priori, para la eficacia en el desempeño del servicio público de Justicia». Mas dichos méritos no se tienen en cuenta al desarrollar la puntuación de la baremación para poder acceder al acceso al concurso con las graves consecuencias puesto que no podrá ser beneficiario de la compensación económica prevista. Por dichas razones debe incrementarse la puntuación referente al ejercicio profesional de la judicatura interina, proponiendo: jueces y juezas sustitutos y magistrados suplentes, 1 punto por cada año de nombramiento y 1 punto por cada año de trabajo efectivo. Previsión de que en caso de que se incluya un dictamen, no sea eliminatorio. Siendo juezas y jueces sustitutos quiénes dictan anualmente aproximadamente el 14 % de las resoluciones y que año tras año son renovados por el Consejo General de Poder Judicial, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia correspondiente tras efectuar un informe sobre la idoneidad, es incongruente que se les pueda considerar no aptos en un proceso de estabilización cuyo objeto es terminar con el abuso de temporalidad que viene padeciendo el colectivo desde hace más décadas. Condicionar la estabilización a la superación de una única prueba selectiva eliminatoria de resultado incierto, es contrario a la jurisprudencia del TJUE que afirma que ningún proceso selectivo puede ser concebido como una medida para sancionar el abuso de la temporalidad y eliminar las consecuencias del incumplimiento del derecho de la unión. No acrecimiento de plazas desiertas a la oposición por turno libre ni cuarto turno, lo que contradeciría el propósito y finalidad de la propia disposición que pretende la estabilización del colectivo de judicatura interina, que viene sufriendo una situación de abuso de temporalidad, así como las directrices provenientes de la Comisión Europea. La compensación económica equivalente a veinte días de retribuciones fijas por año de servicio prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades (art. 2.6 Ley 20/2021), se trata de una medida, a juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada ni para eliminar las consecuencias del incumplimiento del Derecho de la Unión si son independientes de cualquier consideración relativa al carácter legítimo o abusivo de la utilización de relaciones de servicio de duración determinada (por todas, SSTJUE de 22 de febrero de 2024 (Asuntos C-59/22, C-110/22 y C-159/22) y 13 de junio de 2024). La sanción debe ser la estabilización. Y para el caso de que se optase por la compensación económica deberá ser la fijada en la legislación laboral para el despido improcedente, computándose a tales efectos todos los años de nombramiento del candidato. Por otro lado, el sistema de indemnización establecido para los funcionarios interinos de otras Administraciones no puede aplicarse a los jueces sustitutos, puesto que no se trata de situaciones de hecho equiparables siendo dicha previsión discriminatoria ya que mientras el funcionario interino ha trabajado de forma ininterrumpida durante todos sus nombramientos, los jueces sustitutos pese a estar llamados todo el año judicial no trabajan todo ese período de tiempo de forma ininterrumpida; razón por la que la indemnización NO puede fijarse computando la antigüedad en los periodos efectivamente trabajados sino que debe computarse teniendo en cuenta todos los años que han sido nombrados.

Firmante registrado: Grupo Parlamentario Junts per Catalunya